¿Conflictividad vs. Derecho punitivo?

Dentro del ámbito en que me toca desempeñarme, y podríamos decir a nivel regional, se puede observar una tendencia a considerar los delitos y las contravenciones como conflictos intersubjetivos de intereses, mas que afectaciones a bienes jurídicamente protegidos. Esta tendencia, que en algún sentido podría servir para dar una mayor laxitud a los mecanismos por los cuales el derecho punitivo reacciona ante un hecho y lo encuadra en una norma jurídica, inspirada -tal vez- en la efectividad de las herramientas jurídicas, olvida distintos principios fundamentales plasmados en nuestra organización política, es decir, en la Constitución Nacional.

Es sabido que para que el Estado reaccione ante un hecho delictivo, en principio, debe existir una norma sancionada de acuerdo los mecanismos formales y respetando los contenidos materiales previsto en la CN, que defina estrictamente bajo que condiciones le interesa al Estado interceder. Esta consideración, que no es mas que el principio de legalidad, limita pensar al derecho penal o contravencional como una herramienta para "solucionar" conflictos intersubjetivos de intereses definidos laxamente. Lo limita porque al legislador cuando sanciona la norma, no le interesa que el aparato judicial reaccione en cualquier hecho, sino en los que previamente definió como delictivos o contravencionales.

Esto, que hace al análisis de la adecuación de la conducta del denunciado a una norma prohibitiva, es decir, si la conducta es típica o no, es de fundamental importancia para limitar el ius puniendi del Estado, y para salvaguardar las libertades de los individuos frente a un Estado que propicia la "efectividad" desconociendo los principios y garantías fundamentales de un Estado de Derecho. Es decir, previo a poner en funcionamiento el aparato judicial, es necesario descartar las conductas que no encuadran en la norma penal o contravencional para no exceder el ámbito de reserva de las personas. Sin embargo, esta función que debería llevar a cabo el Ministerio Público Fiscal como algo previo a la toma de cualquier medida, se realiza -si es que se realiza- luego de materializar distintas acciones que afectan la situación del imputado.

Asimismo, esta afirmación que parece algo fundamental en un Estado de Derecho, termina por generar en la población un estado total de incertidumbre con respecto a las conductas que se encuentran prohibidas y las que se encuentran permitidas, como si todo comportamiento humano estuviera en principio prohibido, en el afán de aumentar excesivamente el estado de policía, en menoscabo del Estado de Derecho, limitador, racionalizador, certero y coherente. Es decir, como si todo fuera lo mismo, borrando los limites ¨claros¨ que deberían ser definidos de antemano para poder motivar el comportamiento de acuerdo a derecho, desconociendo entre otros los arts. 18, 19 CN, 13.3 CCABA, 9 CADH, 14 y 15 PIDCyP.

En igual sentido, y para ser más claro, no es incorrecto que se ¨intenten solucionar¨ los conflictos sociales o de convivencia a través de distintos mecanismos, el inconveniente se da cuando esa tendencia desconoce los principios y garantías limitadores al estado de policía, olvidando que el Estado de Derecho es lo que le da basamento a toda la estructura jurídica, y por lo tanto al funcionamiento del Poder Judicial.

Un ejemplo burdo y caracterizador con respecto a lo que me refiero, podría ser el siguiente. Un grupo de amigos se reúne en un departamento a festejar el fin de año, un de ellos, al haber tomado más alcohol del que su cuerpo soporta, vomita por el balcón, manchando o ensuciando el balcón del piso de abajo. La ¨conducta¨ se denuncia y se pone en funcionamiento el aparato judicial.

Ahora bien, al analizar la supuesta conducta denunciada, observamos que, y es evidente, vomitar se puede encuadrar en un acto reflejo, no voluntario, y por lo tanto, el sujeto no realizó una acción dirigida a un fin. Si esto es así, al Poder Judicial ya no le interesa actuar ni poner en funcionamiento todo el aparato burocrático, porque desde un simple análisis del hecho denunciado se sabe que el mismo no está prohibido, salvo que, desconociendo la estructura de la acción, se extienda el poder punitivo del Estado más allá de las conductas voluntarias, incluyendo los actos reflejo como comportamiento prohibido. Si esto fuera así, estornudar y manchar una tela, pared, o tirar un jarrón y romperlo, estaría prohibido. Sin dudas, este es un claro ejemplo de la destrucción total y absoluta de la teoría del delito y de los principios y garantías limitadores existentes en un Estado de Derecho.

En igual sentido, este ejemplo que no resiste el más mínimo nivel de análisis, podría extenderse a unas cuantas "conductas" denunciadas que no siendo ni acción humana voluntaria destinada a un fin, tampoco son encuadrables en norma penal o contravencional alguna. Sin embargo, en ese afán de "solucionar conflictos" se pone en marcha el aparato judicial "interpelando" a personas que no han realizado conductas prohibidas, en clara colisión con el principio de legalidad y de lesividad de los bienes jurídicos, y por supuesto, ya desde una visión "eficientista" mal utilizando los recursos humanos y económicos.

Es por lo dicho que, si se intenta redefinir y redireccionar el derecho punitivo hacia un derecho de solución de conflictos, no debe olvidarse que en el fondo sigue siendo derecho penal o contravencional, que se encuentra limitado por distintos principios y garantías judiciales como el principio de legalidad, de lesividad, de subsidiariedad, de racionalidad, de proporcionalidad, etc., todos ellos tendientes a salvaguardar a las personas a costa de renunciar -en un cierto grado- a esa intención de efectivizar el actuar burocrático.


¿Que hicimos que?

CIDH CONDENA EJECUCIONES DE DOS PERSONAS EN ESTADOS UNIDOS
EN TRANSGRESIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Washington, DC, 21 de junio de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la ejecución judicial por parte de Estados Unidos de David Powell y de Ronnie Lee Gardner, en desconocimiento de las medidas cautelares otorgadas a su favor por la CIDH. El señor Powell fue ejecutado en el Estado de Texas el 15 de junio de 2010, y el señor Gardner en el Estado de Utah el 18 de junio de 2010. Esta no es la primera vez que Estados Unidos ejecuta a una persona beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH.

El 14 de junio de 2010 la CIDH había otorgado medidas cautelares a favor de David Powell, quien se encontraba preso en espera de la ejecución de la pena de muerte desde 1978. La solicitud de medidas cautelares había sido presentada en el contexto de una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, alegando presuntas irregularidades en el proceso. Asimismo, la petición alegaba que el período extenso de tiempo en que David Powell estuvo en la cárcel en espera de la ejecución de la pena de muerte constituiría castigo cruel e inusual.

El 17 de junio de 2010 la CIDH había otorgado medidas cautelares a favor de Ronnie Lee Gardner, quien se encontraba preso en espera de la ejecución de la pena de muerte desde 1985. La solicitud de medidas cautelares había sido presentada en el contexto de una comunicación sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana. En la comunicación se alegaban aspectos relacionados con la presunta falta de debido proceso judicial, y que el período extenso de tiempo en que Ronnie Lee Gardner estuvo en la cárcel en espera de la ejecución de la pena de muerte constituiría castigo cruel e inusual.

A través de las medidas cautelares, la Comisión había solicitado a Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital en ambos casos, hasta tanto tuviera la oportunidad de decidir sobre los reclamos de los peticionarios sobre las presuntas violaciones de la Declaración Americana.

El desconocimiento por parte de un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos de una solicitud de que se preserve la vida de un recluso condenado a muerte en tanto se examina la petición que éste haya presentado contraviene las obligaciones internacionales de ese Estado, pues va en detrimento de la eficacia de los procedimientos de la Comisión, privando a las personas condenadas de su derecho de petición en el sistema interamericano de derechos humanos antes de la ejecución de la pena de muerte.

La Comisión deplora el desconocimiento por parte de los Estados Unidos de la solicitud de la Comisión de que se respetara la vida del señor Powell y del señor Gardner. La Comisión insta a los Estados Unidos a implementar todas las medidas cautelares que dicte, y a respetar plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, establecidas en la Declaración Americana.
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Comunicado de Prensa 63/10

Creando delincuentes (trapitos)

Es de público conocimiento la intención del PRO de prohibir lisa y llanamente la existencia de cuida coches o limpia vidrios en las calles porteñas. Intención que manifiesta claramente la supuesta necesidad de reforzar el control sobre los espacios públicos. Batalla que viene dando el gobierno de la ciudad desde que asumió, con la creación de la UCEP por ejemplo.


Ahora bien, la idea falsa de la recuperación del orden en los espacios públicos, es un artilugio para hacer cosmética en la ciudad, para mostrar una imagen de la no existencia de la pobreza, del trabajo irregular, de personas sin traje y corbata, y por supuesto, de control sobre la realidad. Sin embargo, el orden, concepto abstracto e irreal, es una simple ilusión. No existe "un orden", y no podría existir nunca, una vez que somos conscientes que la existencia es parte del caos, del azar, de la imprevisibilidad.

Por otro lado, el ser humano tiene la posibilidad de elegir si determinada conducta es delictiva o no, es decir, las conductas criminales son producto de una elección política criminal determinada. Esta elección, y nuestro apoyo o rechazo, nos dice quienes somos, porque al fin y al cabo, todos nos vamos definiendo por nuestras acciones. Es por eso que, la prohibición de los cuida coches o limpia vidrios no deja de ser -como elección de política criminal- una decisión de definir una actividad como delictiva.

Sin embargo, parece olvidarse que la prohibición crea nuevos delincuentes. Excluye, etiqueta, y remarca un rol que posteriormente se interioriza como cierto. Esto, sin considerar que transformar un trabajo precario en ilícito, coarta la posibilidad de subsistencia de quienes lo realizan, forzándolos a ser más pobres o a delinquir para poder sobrevivir. Una elección perversa sin dudas.

De todas formas, uno podría preguntarse si lo que se intenta es crear más conflictividad o disminuirla. En el mejor de los casos, y prejuzgando que los ciudadanos de CABA se ven forzados a ser solidarios con los que menos tienen, la reforma al Código Contravencional no debería fomentar el desinterés por las personas, el ser poco solidarios o egoístas.

En igual sentido, la normativa actual ampara a quien se ve compelido a pagar por el cuidado del vehículo o la limpieza de sus vidrios (actual Art. 79 CCABA) , y en el por de los casos, ante su daño (Art. 183 CP), es decir, estas consecuencias negativas ya están reguladas y prohibidas. Es por eso que se vuelve notoria la intención de maquillaje en la ciudad, más que la protección de la ciudadanía.

A ver si despierto

Hace bastante que no escribo, quizás sea porque mucho tiempo para pensar no tengo, o que la maquinaria burocrática en la que me encuentro inmerso consume más de un tercio de mi día, y eso saca un poco las ganas de pensar, no porque se piense mucho en la labor, sino porque acostumbrados a no pensar, y repetir una y otra vez los mismo movimientos y acciones, parecería que nos lleva a prescindir del pensamiento. Se cumplen ordenes, criterios de actuación, modismo, formalismo, y nada se resuelve. Es un sin fin de números que vienen y van, sin rostros, sin nombres, sólo números a montones.

Una burocracia pensada para la delincuencia en masa, prescinde de lo artesanal, aunque la burocracia judicial parecería siempre adecuarse a modelos y olvidarse de que cada caso es algo particular. El tiempo es escaso, los recursos también, y los hechos dependen de las ganas de aumentar las estadísticas por parte de las agencias de selección secundaria.

El control a las agencias de prevención llega tarde, una vez que ya tuvo intervención el poder de policía, coaccionando, estigmatizando, actuando en nombre del orden establecido, en resguardo de la ley y la sociedad. Amparados en simples comunicaciones informales, cumpliendo ritualismos arcaicos, dan por iniciado un laberinto sin fin de encuadres en normas jurídicas.

Por supuesto, lo que más se ataca son las cosas molestas a la vista, principalmente, los trabajos informales o indebidos, criminalizando conductas que tienden a la subsistencia de las personas, esto, en un sistema social que resguarda las inequidades, utilizando el supuesto ius puniendi del Estado para proteger las prerrogativas adquiridas por la herencia patrimonial, y sometiendo a los desapoderados entre su entramado normativo. Normas que no amparan a los más débiles, sino que les recuerdan de donde vienen y a donde van.

No, no puedo, sigo sin pensar... esta maquinaria me va a descerebrar.