La perversión de la pena

La pena en nuestras latitudes marginales, colocada al servicio de las clases dominantes burguesas, está estructurada para mantener a las clases obreras o de trabajadores bajo el poder de la coacción y la dominación, pero más aun sobre las personas que se encuentran fuera de cualquier institucionalización.

La necesaria tendencia de las clases dominantes por mantener su status quo, tiende a legitimar solapadamente el uso de la fuerza pública contra las personas más desprotegidas, en contra posición con las personas con mayor poder que se ven beneficiadas por su posición social para evadir el yugo del sistema penal.

Aunque no resulte extraño, en América Latina colonizada, las agencias judiciales aplican conscientemente o no, el poder que poseen para mantener a las clases bajas fuera de una verdadera redistribución de la riqueza. Esto se manifiesta, con tan sólo ver que en las cárceles de nuestros márgenes, la gran mayoría de apresados son personas que cometen delitos contra la propiedad privada. Lo que nos debe llevar a recapacitar sobre cuál es el verdadero interés de la clase dominante al aplicar selectivamente el sistema penal.

No es posible aceptar sin más, que el derecho penal busca proteger a las personas. Esta idea choca racionalmente cuando vemos que en las cárceles se nace, se crece, se reproduce y se muere. Creando generaciones de excluidos sociales que, a más de no tener satisfechas las necesidades elementales, se las coloca en los mismo ámbitos de exclusión social una y otra vez, para luego exigirles que se adapten como por arte de magia, a las estructuras burguesas. Pero por supuesto, con antecedentes penales, no te dan trabajo.

Parecería ser un sistema cerrado en el cual una vez adentro no hay vuelta atrás. Esto porque las necesidades básicas como la alimentación, la ropa, la vivienda, etc., como toda propiedad privada en un sistema capitalista, debe conseguirse legalmente a través del trabajo. Por supuesto que dejo de lado la usura, la “creación de ganancias ficticias” desde las deudas, la utilización de bienes públicos para negocios particulares, etc., que son medios impunes por estos lados, pero que no por ello dejan de ser no obtenidos por el trabajo.

En igual sentido, las clases dominantes, ponen todo tipo de obstáculos con el sistema penal para impedir la redistribución de la riqueza, como son la penalización indirecta y a veces directa, del trabajo irregular, como puede ser la punición de la recolección de elementos en la basura, alegando que se ensucian bienes públicos o privados, la venta ambulante, etc.

Todo este “sistema” que parecería ser una creación perversa, demuestra que en realidad su finalidad es la de mantener la actual distribución de las riquezas en pocas manos, mientras que el pueblo se mantiene excluido en las cárceles.

¿Cómo es posible que se afirme categóricamente que desde el derecho penal se intenta proteger bienes jurídicos, como la propiedad privada, si con la exclusión social que genera la prisión se tiende a impedir el trabajo y la inserción dentro de las instituciones que legitiman el acceso a la propiedad privada? Resulta contradictorio proteger la propiedad privada poniendo más trabas a su acceso por vías institucionales, porque se imposibilita que el mismo se logre por los mecanismos lícitos, no quedando otra que volver a afectarla.

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