Ad Aequitas Civis

¿Conflictividad vs. Derecho punitivo?

2010-12-10T20:40:00.021-03:00

Dentro del ámbito en que me toca desempeñarme, y podríamos decir a nivel regional, se puede observar una tendencia a considerar los delitos y las contravenciones como conflictos intersubjetivos de intereses, mas que afectaciones a bienes jurídicamente protegidos. Esta tendencia, que en algún sentido podría servir para dar una mayor laxitud a los mecanismos por los cuales el derecho punitivo reacciona ante un hecho y lo encuadra en una norma jurídica, inspirada -tal vez- en la efectividad de las herramientas jurídicas, olvida distintos principios fundamentales plasmados en nuestra organización política, es decir, en la Constitución Nacional.

Es sabido que para que el Estado reaccione ante un hecho delictivo, en principio, debe existir una norma sancionada de acuerdo los mecanismos formales y respetando los contenidos materiales previsto en la CN, que defina estrictamente bajo que condiciones le interesa al Estado interceder. Esta consideración, que no es mas que el principio de legalidad, limita pensar al derecho penal o contravencional como una herramienta para "solucionar" conflictos intersubjetivos de intereses definidos laxamente. Lo limita porque al legislador cuando sanciona la norma, no le interesa que el aparato judicial reaccione en cualquier hecho, sino en los que previamente definió como delictivos o contravencionales.

Esto, que hace al análisis de la adecuación de la conducta del denunciado a una norma prohitiva, es decir, si la conducta es típica o no, es de fundamental importancia para limitar el ius puniendi del Estado, y para salvaguardar las libertades de los individuos frente a un Estado que propicia la "efectividad" desconociendo los principios y garantías fundamentales de un Estado de Derecho. Es decir, previo a poner en funcionamiento el aparato judicial, es necesario descartar las conductas que no encuadran en la norma penal o contravencional para no exceder el ámbito de reserva de las personas. Sin embargo, esta función que debería llevar a cabo el Ministerio Público Fiscal como algo previo a la toma de cualquier medida, se realiza -si es que se realiza- luego de materializar distintas acciones que afectan la situación del imputado.

Asimismo, esta afirmación que parece algo fundamental en un Estado de Derecho, termina por generar en la población un estado total de incertidumbre con respecto a las conductas que se encuentran prohibidas y las que se encuentran permitidas, como si todo comportamiento humano estuviera en principio prohibido, en el afán de aumentar excesivamente el estado de policía, en menoscabo del Estado de Derecho, limitador, racionalizador, certero y coherente. Es decir, como si todo fuera lo mismo, borrando los limites ¨claros¨ que deberían ser definidos de antemano para poder motivar el comportamiento de acuerdo a derecho, desconociendo entre otros los arts. 18, 19 CN, 13.3 CCABA, 9 CADH, 14 y 15 PIDCyP.

En igual sentido, y para ser más claro, no es incorrecto que se ¨intenten solucionar¨ los conflictos sociales o de convivencia a través de distintos mecanismos, el inconveniente se da cuando esa tendencia desconoce los principios y garantías limitadores al estado de policía, olvidando que el Estado de Derecho es lo que le da basamento a toda la estructura jurídica, y por lo tanto al funcionamiento del Poder Judicial.

Un ejemplo burdo y caracterizador con respecto a lo que me refiero, podría ser el siguiente. Un grupo de amigos se reúne en un departamento a festejar el fin de año, un de ellos, al haber tomado más alcohol del que su cuerpo soporta, vomita por el balcón, manchando o ensuciando el balcón del piso de abajo. La ¨conducta¨ se denuncia y se pone en funcionamiento el aparato judicial.

Ahora bien, al analizar la supuesta conducta denunciada, observamos que, y es evidente, vomitar se puede encuadrar en un acto reflejo, no voluntario, y por lo tanto, el sujeto no realizó una acción dirigida a un fin. Si esto es así, al Poder Judicial ya no le interesa actuar ni poner en funcionamiento todo el aparato burocrático, porque desde un simple análisis del hecho denunciado se sabe que el mismo no está prohibido, salvo que, desconociendo la estructura de la acción, se extienda el poder punitivo del Estado más allá de las conductas voluntarias, incluyendo los actos reflejo como comportamiento prohibido. Si esto fuera así, estornudar y manchar una tela, pared, o tirar un jarrón y romperlo, estaría prohibido. Sin dudas, este es un claro ejemplo de la destrucción total y absoluta de la teoría del delito y de los principios y garantías limitadores existentes en un Estado de Derecho.

En igual sentido, este ejemplo que no resiste el más mínimo nivel de análisis, podría extenderse a unas cuantas "conductas" denunciadas que no siendo ni acción humana voluntaria destinada a un fin, tampoco son encuadrables en norma penal o contravencional alguna. Sin embargo, en ese afán de "solucionar conflictos" se pone en marcha el aparato judicial "interpelando" a personas que no han realizado conductas prohibidas, en clara colisión con el principio de legalidad y de lesividad de los bienes jurídicos, y por supuesto, ya desde una visión "eficientista" mal utilizando los recursos humanos y económicos.

Es por lo dicho que, si se intenta redefinir y redireccionar el derecho punitivo hacia un derecho de solución de conflictos, no debe olvidarse que en el fondo sigue siendo derecho penal o contravencional, que se encuentra limitado por distintos principios y garantías judiciales como el principio de legalidad, de lesividad, de subsidiariedad, de racionalidad, de proporcionalidad, etc., todos ellos tendientes a salvaguardar a las personas a costa de renunciar -en un cierto grado- a esa intención de efectivizar el actuar burocrático.

Presentación libro de Adrián Norberto Martín

2010-09-30T21:19:00.002-03:00

¿Que hicimos que?

2010-06-22T19:38:00.005-03:00

CIDH CONDENA EJECUCIONES DE DOS PERSONAS EN ESTADOS UNIDOS
EN TRANSGRESIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Washington, DC, 21 de junio de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la ejecución judicial por parte de Estados Unidos de David Powell y de Ronnie Lee Gardner, en desconocimiento de las medidas cautelares otorgadas a su favor por la CIDH. El señor Powell fue ejecutado en el Estado de Texas el 15 de junio de 2010, y el señor Gardner en el Estado de Utah el 18 de junio de 2010. Esta no es la primera vez que Estados Unidos ejecuta a una persona beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH.

El 14 de junio de 2010 la CIDH había otorgado medidas cautelares a favor de David Powell, quien se encontraba preso en espera de la ejecución de la pena de muerte desde 1978. La solicitud de medidas cautelares había sido presentada en el contexto de una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, alegando presuntas irregularidades en el proceso. Asimismo, la petición alegaba que el período extenso de tiempo en que David Powell estuvo en la cárcel en espera de la ejecución de la pena de muerte constituiría castigo cruel e inusual.

El 17 de junio de 2010 la CIDH había otorgado medidas cautelares a favor de Ronnie Lee Gardner, quien se encontraba preso en espera de la ejecución de la pena de muerte desde 1985. La solicitud de medidas cautelares había sido presentada en el contexto de una comunicación sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana. En la comunicación se alegaban aspectos relacionados con la presunta falta de debido proceso judicial, y que el período extenso de tiempo en que Ronnie Lee Gardner estuvo en la cárcel en espera de la ejecución de la pena de muerte constituiría castigo cruel e inusual.

A través de las medidas cautelares, la Comisión había solicitado a Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital en ambos casos, hasta tanto tuviera la oportunidad de decidir sobre los reclamos de los peticionarios sobre las presuntas violaciones de la Declaración Americana.

El desconocimiento por parte de un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos de una solicitud de que se preserve la vida de un recluso condenado a muerte en tanto se examina la petición que éste haya presentado contraviene las obligaciones internacionales de ese Estado, pues va en detrimento de la eficacia de los procedimientos de la Comisión, privando a las personas condenadas de su derecho de petición en el sistema interamericano de derechos humanos antes de la ejecución de la pena de muerte.

La Comisión deplora el desconocimiento por parte de los Estados Unidos de la solicitud de la Comisión de que se respetara la vida del señor Powell y del señor Gardner. La Comisión insta a los Estados Unidos a implementar todas las medidas cautelares que dicte, y a respetar plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, establecidas en la Declaración Americana.
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Comunicado de Prensa 63/10

1er Encuentro de análisis y evaluación del Poder Judicial de la Ciudad

2010-05-04T22:52:00.004-03:00

Descargar programa: (click me)

¿Libertad o propiedad? Antorchas en la Biblioteca

2010-04-11T03:18:00.000-03:00

Creando delincuentes (trapitos)

2010-04-04T14:14:00.007-03:00

Es de público conocimiento la intención del PRO de prohibir lisa y llanamente la existencia de cuida coches o limpia vidrios en las calles porteñas. Intención que manifiesta claramente la supuesta necesidad de reforzar el control sobre los espacios públicos. Batalla que viene dando el gobierno de la ciudad desde que asumió, con la creación de la UCEP por ejemplo.

Ahora bien, la idea falsa de la recuperación del orden en los espacios públicos, es un artilugio para hacer cosmética en la ciudad, para mostrar una imagen de la no existencia de la pobreza, del trabajo irregular, de personas sin traje y corbata, y por supuesto, de control sobre la realidad. Sin embargo, el orden, concepto abstracto e irreal, es una simple ilusión. No existe "un orden", y no podría existir nunca, una vez que somos conscientes que la existencia es parte del caos, del azar, de la imprevisibilidad.

Por otro lado, el ser humano tiene la posibilidad de elegir si determinada conducta es delictiva o no, es decir, las conductas criminales son producto de una elección política criminal determinada. Esta elección, y nuestro apoyo o rechazo, nos dice quienes somos, porque al fin y al cabo, todos nos vamos definiendo por nuestras acciones. Es por eso que, la prohibición de los cuida coches o limpia vidrios no deja de ser -como elección de política criminal- una decisión de definir una actividad como delictiva.

Sin embargo, parece olvidarse que la prohibición crea nuevos delincuentes. Excluye, etiqueta, y remarca un rol que posteriormente se interioriza como cierto. Esto, sin considerar que transformar un trabajo precario en ilícito, coarta la posibilidad de subsistencia de quienes lo realizan, forzándolos a ser más pobres o a delinquir para poder sobrevivir. Una elección perversa sin dudas.

De todas formas, uno podría preguntarse si lo que se intenta es crear más conflictividad o disminuirla. En el mejor de los casos, y prejuzgando que los ciudadanos de CABA se ven forzados a ser solidarios con los que menos tienen, la reforma al Código Contravencional no debería fomentar el desinterés por las personas, el ser poco solidarios o egoístas.

En igual sentido, la normativa actual ampara a quien se ve compelido a pagar por el cuidado del vehículo o la limpieza de sus vidrios (actual Art. 79 CCABA) , y en el por de los casos, ante su daño (Art. 183 CP), es decir, estas consecuencias negativas ya están reguladas y prohibidas. Es por eso que se vuelve notoria la intención de maquillaje en la ciudad, más que la protección de la ciudadanía.

A ver si despierto

2010-03-21T00:54:00.008-03:00

Hace bastante que no escribo, quizás sea porque mucho tiempo para pensar no tengo, o que la maquinaria burocrática en la que me encuentro inmerso consume más de un tercio de mi día, y eso saca un poco las ganas de pensar, no porque se piense mucho en la labor, sino porque acostumbrados a no pensar, y repetir una y otra vez los mismo movimientos y acciones, parecería que nos lleva a prescindir del pensamiento. Se cumplen ordenes, criterios de actuación, modismo, formalismo, y nada se resuelve. Es un sin fin de números que vienen y van, sin rostros, sin nombres, sólo números a montones.

Una burocracia pensada para la delincuencia en masa, prescinde de lo artesanal, aunque la burocracia judicial parecería siempre adecuarse a modelos y olvidarse de que cada caso es algo particular. El tiempo es escaso, los recursos también, y los hechos dependen de las ganas de aumentar las estadísticas por parte de las agencias de selección secundaria.

El control a las agencias de prevención llega tarde, una vez que ya tuvo intervención el poder de policía, coaccionando, estigmatizando, actuando en nombre del orden establecido, en resguardo de la ley y la sociedad. Amparados en simples comunicaciones informales, cumpliendo ritualismos arcaicos, dan por iniciado un laberinto sin fin de encuadres en normas jurídicas.

Por supuesto, lo que más se ataca son las cosas molestas a la vista, principalmente, los trabajos informales o indebidos, criminalizando conductas que tienden a la subsistencia de las personas, esto, en un sistema social que resguarda las inequidades, utilizando el supuesto ius puniendi del Estado para proteger las prerrogativas adquiridas por la herencia patrimonial, y sometiendo a los desapoderados entre su entramado normativo. Normas que no amparan a los más débiles, sino que les recuerdan de donde vienen y a donde van.

No, no puedo, sigo sin pensar... esta maquinaria me va a descerebrar.

El relator de libertad de expresión de la ONU habla sobre la ley de radiodifusión

2009-09-03T21:10:00.001-03:00

Las cárceles no son la solución a los delitos, crea reincidencia

2009-08-30T12:26:00.004-03:00

El coordinador de Delegaciones Regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación dijo que las cárceles están superpobladas de “gente humilde”.

Las cárceles no son la solución a los delitos”, aseguró Sebastian Eduardo Galcerán, coordinador de Delegaciones Regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en el marco de la jornada de capacitación de centros de detención no penitenciarios, relizado ayer en la ciudad de Posadas.

La jornada de capacitación, a la que asistieron integrantes del Poder Judicial de la Nación, funcionarios nacionales y provinciales, fuerzas de seguridad federales y provinciales; se realizó porque “la Policía Federal y Gendarmeria tienen alojados a muchos detenidos federales”, explicó Galcerán.

En la jornada se analizaron temas relacionados a las necesidades de los reos y cómo deben ser tratados. Uno de los temas más candentes fue la aplicación de la reciente ley de prisión domiciliaria.

Sin embargo, la opinión de Galcerán fue el que desató un gran debate entre los presentes. El coordinador de Delegaciones Regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación manifestó que considera que “las cárceles no son la solución” a los delitos.

El abogado explicó que “en las cárceles siempre los detenidos son gente pobre, humilde, hay que atacar por otro lado la situación de desigualdad que hay en el país, creo que debería ser la educación, el trabajo. Con la creación de más carceles no vamos a palear este deficit que presenta la sociedad, de esta desigualdad”.

Galcerán manifestó que “se ha visto que con más carceles hay más reincidencia. La gente que cae detenido por un delito menor y está cuatro o cinco años preso; sale un delincuente potenciado, porque en la cárcel, en contacto con otro detenidos, se aprende a ser más delincuente”.

Sin embargo consideró que los presos que salen de la prisión con un oficio son lo que no vuelven a cometer delitos.

Explicó que actualmente existe una superpoblación en la mayoría de las cárceles federales, lo que produce problemas de asinamientos y de convivencia.

Sin embargo no ve al arresto domiciliario como al solución, ya que proyecto de ley fue propuesto porque “había muchas madres con menores de edad en las cárceles, y no está bien que el chico crezca con el ruido de las rejas y los gritos de las celadoras”.

Sin embargo, consideró que Argentina no está preparada para que el arresto domiciliario funcione como debería, “tiene que haber un control, preveer un par de cuestiones”.

Partiendo de su teoría de que las cárceles no son una solución, surgió el interrogante de qué hacer con los violadores, a lo que Galcerán manifestó que estas personas “tienen una patología, que la carcel no puede solucionar, detenemos a un violador y cuando sale cual es la solución, vuelve a reincidir en el tema”.

Despenalización de drogas

El coordinador de Delegaciones Regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación se manifestó a favor de la despenalización de la droga para consumo personal.

Galcerán expplicó que “un alto porcentaje de detenidos en las cárceles federales es por droga, y la mayoría es por consumo de droga o por tener una muy escasa cantidad, no por narcotrafico o la comercialización”.

Consideró que el se debería hacer hincapié en la detención de los que comercializan o trafican estupefaciente.”Los que están detenidos son los consumidores, chicos, jóvenes a los que muchas veces se le arruina la vida por tenerlos detenidos cuatro años”.

En cuanto a la hipótesis de que la droga incentiva a la violencia, dijo: “El alcohol es lo mismo y es algo que está despenalizado, ¿cuántas personas son detenidas por violencias familiar bajo los efectos del alcohol? Hay mucha que consume droga y no comete delitos”.

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Fuente: Martha Miravete Cicero, INTRAPOSTMUROS.

He aquí, voces lúcidas.

Para combatir la violencia buscan limitar el horario de los locales bailables

2009-08-21T20:48:00.003-03:00

Scioli - Duhalde - Duhalde - Scioli y Kapanga que les responde

Honduras, reprimen a estudiantes, profesores, trabajadores, directivos de la Universidad Autónoma de Honduras, UNAH.

2009-08-08T05:52:00.004-03:00

Testimonios:

(audio) (audio)

De argenspress.info

La perversión de la pena

2009-07-27T20:41:00.005-03:00

La pena en nuestras latitudes marginales, colocada al servicio de las clases dominantes burguesas, está estructurada para mantener a las clases obreras o de trabajadores bajo el poder de la coacción y la dominación, pero más aun sobre las personas que se encuentran fuera de cualquier institucionalización.

La necesaria tendencia de las clases dominantes por mantener su status quo, tiende a legitimar solapadamente el uso de la fuerza pública contra las personas más desprotegidas, en contra posición con las personas con mayor poder que se ven beneficiadas por su posición social para evadir el yugo del sistema penal.

Aunque no resulte extraño, en América Latina colonizada, las agencias judiciales aplican conscientemente o no, el poder que poseen para mantener a las clases bajas fuera de una verdadera redistribución de la riqueza. Esto se manifiesta, con tan sólo ver que en las cárceles de nuestros márgenes, la gran mayoría de apresados son personas que cometen delitos contra la propiedad privada. Lo que nos debe llevar a recapacitar sobre cuál es el verdadero interés de la clase dominante al aplicar selectivamente el sistema penal.

No es posible aceptar sin más, que el derecho penal busca proteger a las personas. Esta idea choca racionalmente cuando vemos que en las cárceles se nace, se crece, se reproduce y se muere. Creando generaciones de excluidos sociales que, a más de no tener satisfechas las necesidades elementales, se las coloca en los mismo ámbitos de exclusión social una y otra vez, para luego exigirles que se adapten como por arte de magia, a las estructuras burguesas. Pero por supuesto, con antecedentes penales, no te dan trabajo.

Parecería ser un sistema cerrado en el cual una vez adentro no hay vuelta atrás. Esto porque las necesidades básicas como la alimentación, la ropa, la vivienda, etc., como toda propiedad privada en un sistema capitalista, debe conseguirse legalmente a través del trabajo. Por supuesto que dejo de lado la usura, la “creación de ganancias ficticias” desde las deudas, la utilización de bienes públicos para negocios particulares, etc., que son medios impunes por estos lados, pero que no por ello dejan de ser no obtenidos por el trabajo.

En igual sentido, las clases dominantes, ponen todo tipo de obstáculos con el sistema penal para impedir la redistribución de la riqueza, como son la penalización indirecta y a veces directa, del trabajo irregular, como puede ser la punición de la recolección de elementos en la basura, alegando que se ensucian bienes públicos o privados, la venta ambulante, etc.

Todo este “sistema” que parecería ser una creación perversa, demuestra que en realidad su finalidad es la de mantener la actual distribución de las riquezas en pocas manos, mientras que el pueblo se mantiene excluido en las cárceles.

¿Cómo es posible que se afirme categóricamente que desde el derecho penal se intenta proteger bienes jurídicos, como la propiedad privada, si con la exclusión social que genera la prisión se tiende a impedir el trabajo y la inserción dentro de las instituciones que legitiman el acceso a la propiedad privada? Resulta contradictorio proteger la propiedad privada poniendo más trabas a su acceso por vías institucionales, porque se imposibilita que el mismo se logre por los mecanismos lícitos, no quedando otra que volver a afectarla.

¿Salvando las inconstitucionalidades del CPPN?

2009-06-25T18:29:00.013-03:00

A poco que uno se introduce en la lectura del Código Procesal Penal Nacional, observa que la forma en la cual está estructurado el procedimiento en la Nación, es en muchos aspectos contraria a la Constitución Nacional junto a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Entre ellas, y principalmente luego del fallo plenario N° 14 del 11 de junio del corriente año, en el cual vemos que por mayoría se acordó que era necesario el dictado del auto de procesamiento para requerir a juicio en los supuestos en los cuales la instrucción es delegada en el Ministerio Público Fiscal.

Lo cierto, es que para salvar la supuesta inconstitucionalidad de un debido proceso, que no es tal -debido- cuando en contra del sistema acusatorio receptado en nuestro ordenamiento jurídico fundamental, se actúa inquisitorialmente, deberíamos buscar dentro del mismo cómo adecuarlo a la carta magna. Es decir, volverlo -doctrinaria y jurisprudencialmente- lo máximo que se pueda de tinte acusatorio, hasta tanto el Congreso no modifique -como corresponde- el Código Procesal Penal Nacional.

Es sabido que algo fundamental en un sistema acusatorio es la separación entre el órgano acusador y el juzgador. Por eso, una de las características distintivas entre un proceso inquisitivo y uno acusatorio es la separación de roles entre los dos actores, porque mal podría un juez imparcial llevar adelante la investigación y observar el cumplimiento de la legalidad, siendo un actor que realiza una valoración de la prueba y del encuadre jurídico del hecho, para luego decidir como un 3ro ageno al conflicto.

Ahora bien, para evitar este inconveniente legal, parecería que delegando la investigación en el Ministerio Público Fiscal, y dejando en cabeza del juez de instrucción la resolución de las medidas que puedan afectar los derechos fundamentales de las personas -como es el debido proceso- podríamos teñir este proceso inquisitivo de color acusatorio. Principalmente, acentuando la separación de roles. Sin embargo, -y esto demuestra la cultura de los jueces nacionales de casación- exigir como requisito el dictado del auto de procesamiento para otorgarle validez al requerimiento de elevación a juicio, es, lamentablemente, inclinarnos nuevamente por el sistema inquisitivo.

Esto parecería así, porque generar un deber de expedirse al juez sobre la culpabilidad del presunto autor, en el momento del procesamiento, es algo que debería realizarse al momento de elevar la causa a juicio, en caso contrario, nos encontraríamos con que en el proceso penal nacional hay dos momentos distintos en los cuales se debe hacer un encuadre legal y merituar la prueba por parte del juez, esto es, en el procesamiento, y posteriormente en la etapa intermedia para elevar la causa a juicio.

Para ser más precisos, el Art. 306 del CPPN prescribe que “el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste” (el subrayado me pertenece), es decir, el juez debe valorar la prueba y a su vez, valorar la culpabilidad, adelantando el momento de juzgamiento. En igual sentido, el Art. 308 del CPPN dice que “El procesamiento… deberá contener…. una somera enunciación de los hechos que se le atribuyan y de los motivos en que la decisión se funda, y la calificación legal del delito….” Esto reafirma la necesaria valoración de la prueba y posterior determinación del hecho.

Por otra parte, si el auto de procesamiento fuera el momento en el cual el juez de instrucción analizara la observancia de los requisitos del requerimiento de elevación a juicio, no habría problema, el inconveniente se da en que se le “exige” que se expida sobre una cuestión que posteriormente volverá a analizar, volviéndose a “contaminar” con la prueba, el encuadre legal del hecho, y la culpabilidad del imputado.

Ahora bien, lo cierto es que se podría alegar que el auto de procesamiento le da certeza jurídica al imputado, ya que se debería dictar el sobreseimiento del mismo si no existieran pruebas de que el hecho haya realmente acaecido, que el imputado no haya sido el autor, que la conducta resulte atípica, etc., pero ello lo debería hacer el órgano acusador no promoviendo la investigación, y disponiendo su archivo.

La verdad es que el auto de procesamiento no le quita ni le agrega nada al caso, fomentando la burocratización, la lentitud procesal, y por lo tanto, generando una mengua en la economía procesal. Esto lo afirmo porque si existiesen pruebas suficientes como para procesarlo, parecería que lo adecuado sería elevar la causa a juicio, y no extender la etapa investigativa o de instrucción que debe ser lo menos extensa posible, para crear ese grado de seguridad jurídica que supuestamente se intenta lograr con el auto de procesamiento, pero que en realidad, lo da la sentencia firme.

De todas formas, parecería que la cuestión da para ser mayormente analizada, pero sobre la base del respeto irrestricto de un sistema acusatorio, eficaz, veloz, económico, y que fundamentalmente, respete las garantías del debido proceso.

Detenciones ilegales

2009-05-24T17:27:00.004-03:00

Un rápido repaso de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos muestra qué tan arbitraria e ilegal fue la detención.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 7

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

Ahora bien, si nos preguntamos si se podría detener por preguntar el motivo de una detención vemos:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo XXIV.
Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Ahora resulta que en Chile por preguntar se puede ir preso. Cuidado amigos periodistas.

Más información en (Universitario detenido en protesta estudia acciones legales contra Carabineros)

Reprimen protesta con balas de goma y gases

2009-04-28T20:53:00.001-03:00

Unidad 33 - Los Hornos, provincia de Buenos Aires

REPRIMEN PROTESTA CON BALAS DE GOMA Y GASES

Hay al menos 16 detenidas, madres y embarazadas heridas. Tras la muerte de un bebé al momento de nacer, las mujeres realizaban un reclamo por el funcionamiento de Sanidad.

Anoche en la Unidad Penal Nro. 33 se produjo una violenta represión con balas de goma y gases de la que fueron víctimas mujeres, embarazadas y detenidas con sus hijos. El hecho fue denunciado por internas de la unidad y constatado por el Comité contra la Tortura tras recibir la denuncia telefónica. Aproximadamente a las 23 hs Alicia Romero, Laurana Malacalza y Roberto Cipriano García se hicieron presentes en la Unidad Nº 33 y entrevistaron a varias de las detenidas y de las heridas con balas de goma. Estaban también presentes en el lugar la APDH La Plata y la organización La Cantora.

Las mujeres detenidas señalaron que la represión se origino por el reclamo realizado por todas las detenidas del Módulo C (destinado a alojar mujeres embarazas y detenidas con sus hijos) y que contó con el apoyo de los pabellones 2 y 3. Las detenidas reclamaban la urgente adecuación del área de sanidad de la Unidad Penal 33 debido a la reciente muerte de un bebe en el momento del parto, hijo de Patricia Alejandra Rojas NN.

El relato de Patricia

En la entrevista mantenida por el Comité contra la Tortura Patricia Alejandra Rojas , manifiesta que se encontraba embarazada de 37 semanas cuando en horas de la noche pierde el tapón de mucosa. En ese momento la llevan del pabellón hacia el área de sanidad, donde la revisan y constatan además el inicio de las contracciones y dolores. La obstetra le indicó que debía volver al pabellón y que si tenía nuevas contracciones debía avisarle para llevarla al hospital. Patricia Rojas señaló que el ecógrafo instalado en Sanidad no funcionaba correctamente. Al día siguiente se levantó con dolores y la obstetra constató que tenía dilatación de 2 cm . La obstetra volvió a indicarle que volviera al Pabellón. “Ya eran las 14 30 yo seguía con pérdidas y sabia que mi hijo estaba por nacer”, afirmó Alejandra. Cuando la obstetra constató que tenía 4 cm de dilatación, la derivó al Hospital San Martín donde llega a las 17:15 hs. “Tuve que esperar quince minutos, yo sabìa la hora porque me estaba controlando las contracciones que ocurrìan cada 5 minutos”. Cuando le realizan en el hospital el primer monitoreo tenía 9 cm de dilatación pero no se constatan latidos fetales. En la ecografía que le realizan luego vuelven a constatar la inexistencia de latidos. “Me pusieron suero, discutieron y finalmente me llevan a la sala de parto. A la quinta vez que pujé, nació con el cordón umbilical rodeando el cuello” recordó Patricia. Eran las 18:30.

Según explicó la detenida ningún medico le explicó lo que había ocurrido, ni en el hospital ni en la unidad penal. Nadie hablo con ella sobre lo ocurrido. Permaneció internada hasta el viernes a la tarde cuando regreso a la unidad. Hasta el día 27 de abril no recibió tratamiento psicológico ni psiquiátrico. Asimismo, el personal penitenciario de la unidad se comprometió a llamar a sus familiares y a su esposo que también se encuentra detenido en la Unidad Nº 19. “Al final solo se comunicaron con mi familia, mi esposo se enteró después cuando vino en visita intercarcelaria a visitar a su hijo”.

Es preciso señalar que PATRICIA ROJAS , se encuentra alojada en la Unidad junto a su otra hija de un año de edad

Este Comité contra la Tortura en horas de la tarde del día 27 de abril, tomado conocimiento de la muerte del bebe de Patricia solicitó al área de sanidad un informe donde se especifique las acciones y medidas en relación a los hechos acontecidos y un resumen de la historia clínica donde queda debidamente especificado que el desarrollo del embarazo era normal.

El reclamo y la represión

Ante estos acontecimientos, las detenidas, mayoritariamente de los pabellones del Módulo Materno Infantil, solicitaron la urgente adecuación del área de sanidad para la atención de las detenidas embarazadas y de la salud de los niños, estableciendo un plazo hasta el día lunes para obtener una respuesta de parte de las autoridades.

El día lunes se reúnen en la escuela, representantes de los pabellones de madres con el Director y médicos de sanidad. Solicitan reunirse en forma urgente con el Jefe del SPB Fernando Diaz y con funcionarios del Ministerio de Salud. Las autoridades del penal, les informan que el Jefe del SPB iría recién el miércoles a las 17 hs. Varias detenidas se juntan en el patio y dicen que se quedarían allí hasta que venga el jefe del Servicio. Se reúnen entre 40 y 50 mujeres. A excepción de 8, las restantes eran madres y embarazadas. Las demás detenidas-madres permanecieron en los pabellones cuidando a los niños.

Comienzan entonces a ser rodeadas en la reja cercana a control por fuerzas del Grupo Especial Antimotines. Más de 100 agentes armados con escopetas y escudos comienzan a disparar balas de goma. Disparan incluso a mujeres embarazadas que estaban en el salón de visitas con familiares e hijos, hiriendo a dos de ellas y a un hombre.

Las mujeres que estaban en el patio fueron rodeadas por cinco grupos de 20 agentes que se distribuían en techos, muros y pasillos que rodean el patio y pasoducto. Según explicaron las propias detenidas, la represión es indiscriminada y violenta. Disparan en todos los sentidos incluso hacia los patios de los pabellones 8, 9, 10 y 11, Módulo “C” Materno Infantil, donde habitualmente están los niños. Varia balas de goma ingresan incluso a uno de los pabellones de madres con sus hijos. Las detenidas que corren hacia el Pabellón de madres, se detienen frente a la puerta de ingreso al Modulo que estaba cerrada y se tiran al piso pidiendo que no disparen. Según refirieron las detenidas en las entrevistas mantenidas con el Comité contra la Tortura , aún en el piso continúan disparando balas de goma a corta distancia y las rocían con un gas que produce quemaduras en la piel y la vista. Incluso las mujeres embarazadas son obligadas a tirarse al piso mientras reciben patadas, golpes y balas de goma en los pies.

Según continuan relatando las detenidas entrevistadas, la gran cantidad de gas que arrojan afecta también a los niños y mujeres embarazadas que permanecìan en los pabellones. Más de cuatro horas después, este Comité constató el estado de angustia de muchos de los niños. Algunas embarazadas que inhalaron el gas debieron ser trasladadas a Sanidad. Dos horas después de producidos estros hechos, el jefe del SPB, Fernando Díaz se presenta en la Unidad.

Como consecuencia de los hechos este Comité junto a la APDH La Plata, constataron heridas en 16 mujeres, 15 de ellas madres y/o embarazadas.

Pabellón Nº 8

1.- O. A. A. (madre de una hija de 3 meses detenida con ella, golpes en las dos rodillas, en ambos codos y en la cabeza).

2.- V. V. A. (madre de un hijo de 3 años y medio detenido con ella, bala de goma en zona lumbar y pierna derecha).

Pabellón Nº 9

3.- M. A. N. (un hijo de 9 meses detenido con ella, herida con bala de goma, en dos dedos del pie izquierdo).

4.- G. Y. D. (una hija con VIH de 1 año y 4 meses detenida con ella, herida bala de goma en glúteo derecho).

5.- V. B. S. (madre de una hija de 2 meses, herida de bala de goma en espalda y problemas en la vista por efecto del gas arrojado).

6.- N. B. F (madre de una hija de 10 meses, herida con balas de goma, en pierna y espalda, detenida con su hijo).

7.- V. R.V. (madre de un bebé de dos meses, quemaduras de gas en cara y espalda).

Pabellón Nº 10

8.- L. A. P.

Pabellón Nº 11

9.- A. Q. J. (herida con bala de goma en el pie izquierdo, embarazada)

10.- L. NN. S. (quemada en cintura y espalda y parte posterior de pierna derecha, madre).

11.- P. M. (madre de un nene, herida con bala de goma en pierna derecha, golpes en canilla izquierda y codo derecho, quemada en mano derecha).

12.- V. M. P.(herida con bala de goma en parte posterior de pierna derecha)

13.- M. M. L. (Madre, quemadura e hinchazón en mano derecha por efecto del gas)

14.- S. M. (embarazo de alto riesgo, intoxicada con gas).

Pabellón Nº 3

15.- R. V. C. (herida con bala de goma en mano izquierda y pie derecho).

16.- A. S. Y. (intoxicada por inhalar gas arrojado)

Para más información comunicarse con:

Comité Contra la Tortura :

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA. 0221-156017695.

Lic. Laurana MALACALZA. 011- 1566475194

Dra. Alicia ROMERO. 0221- 156229570

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH La Plata)

Dra. Alicia PERALTA. 0221-154096639.

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA
Coordinador
COMITE CONTRA LA TORTURA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA

Hipocresía legal

2009-04-23T10:09:00.001-03:00

Violencia para más violencia

2009-04-21T09:32:00.004-03:00

Es paradójico ver como las personas intentan solucionar problemas siempre con las mismas herramientas. Se produce un conflicto, pensamos una "solución", y aplicamos la receta. Si no dio resultado, en vez de utilizar otra -como somos poco creativos- reincidimos.

Apelar a la violencia para solucionar conflictos, no es el camino. El objetivo primordial debe ser bajar los índices de violencia, no aumentar la fuerza centrífuga en la espiral del dolor. ¿Más violencia para menos violencia? Sin duda que no tiene sentido. Es como intentar apagar un incendio echándole gasolina. La Argentina debería haber aprendido -después de tantos golpes militares- que la violencia sólo genera más violencia, que al dolor no se lo cura con más dolor.

Los sistemas penales son herramientas represivas basadas en la violencia institucional tendiente a romper la resistencia de las personas. Es una forma primitiva de intentar imponer con la coacción un modelo determinado. No son democráticos los sistemas penales, porque se basan en la imposición a través de la fuerza y no del dialogo.

El derecho penal hace muchos años que se encuentra en crisis, de la cual no ha podido salir, principalmente por su falta de legitimidad, por la incoherencia de sus postulados, por no lograr los objetivos deseados, por intentar a través de la violencia disminuir la violencia, por intentar enseñar a vivir en libertad privando de libertad, etc. Sin embargo, las sociedades contemporáneas se tropiezan una y otra vez con la misma piedra.

En estos días se busca crear un sistema penal de menores, aparentemente al sistema represivo ya no le alcanzan los clientes mayores. Por eso, y siguiendo con esta lógica, va a llegar un momento en el que se crearan sistemas penales de animales, cuando las personas en vez de utilizar menores utilicen perros, porque los menores son utilizados como objetos mediatos para concretar los delitos, esto es algo evidente.

Es cierto que es preferible un sistema de menores que respete las garantías del debido proceso, pero no es cierto que aplicádoles violencia institucional vayan a dejar de delinquir. Van a empezar desde más chicos a internalizar "su rol" en la sociedad. Se los va a etiquetar como delincuentes desde los 14 años. Sin duda que es un mecanismo genial para insertarlos en la sociedad, pero insertarlos no en el rol que se pretende, ¿o sí?

¿NOS DA MIEDO PENSAR?

2009-04-17T17:00:00.002-03:00

¿NOS DA MIEDO PENSAR?
Bertrand Russell: "Principes of Social Reconstruction". London, 1916.
"Los hombres temen al pensamiento más de lo que temen a cualquier otra cosa del mundo; más que la ruina, incluso más que la muerte.
El pensamiento es subversivo y revolucionario, destructivo y terrible. El pensamiento es despiadado con los privilegios, las instituciones establecidas y las costumbres cómodas; el pensamiento es anárquico y fuera de la ley, indiferente a la autoridad, descuidado con la sabiduría del pasado.
Pero si el pensamiento ha de ser posesión de muchos, no el privilegio de unos cuantos, tenemos que habérnoslas con el miedo. Es el miedo el que detiene al hombre, miedo de que sus creencias entrañables no vayan a resultar ilusiones, miedo de que las instituciones con las que vive no vayan a resultar dañinas, miedo de que ellos mismos no vayan a resultar menos dignos de respeto de lo que habían supuesto.
¿Va a pensar libremente el trabajador sobre la propiedad? Entonces, ¿qué será de nosotros, los ricos?
¿Van a pensar libremente los muchachos y las muchachas jóvenes sobre el sexo? Entonces, ¿qué será de la moralidad? ¿Van a pensar libremente los soldados sobre la guerra? Entonces, ¿qué será de la disciplina militar?
¡Fuera el pensamiento!
¡Volvamos a los fantasmas del prejuicio, no vayan a estar la propiedad, la moral y la guerra en peligro!
Es mejor que los hombres sean estúpidos, amorfos y tiránicos, antes de que sus pensamientos sean libres. Puesto que si sus pensamientos fueran libres, seguramente no pensarían como nosotros. Y este desastre debe evitarse a toda costa.
Así arguyen los enemigos del pensamiento en las profundidades inconscientes de sus almas. Y así actúan en las iglesias, escuelas y universidades."

Los medios te censuran

2009-04-17T02:41:00.001-03:00

Ley 16 (CABA) Juego Electrónico “Carmaggedon” y similares - Prohibición

2009-04-15T04:42:00.002-03:00

Buenos Aires, 26 de marzo de 1998.-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1º - Prohíbese, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la distribución, comercialización, venta y/o alquiler y promoción publicitaria del juego electrónico denominado "CARMAGGEDON".

Artículo 2º - Prohíbese, asimismo, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la distribución, comercialización, venta y/o alquiler y promoción publicitaria de cualquier clase de videojuegos o programas (software) para entretenimientos electrónicos orientados a la destrucción de personas por medio de la conducción de un vehículo automotor o que encuadren en las conductas tipificadas en la legislación de tránsito vigente en la Ciudad.

Artículo 3º - La violación de las normas de los artículos precedentes será sancionada con el equivalente de 40 a 400 unidades de multa. En caso de reiteración se impondrá asimismo clausura de hasta diez días. Derogada por Ley Nº 451 Anexo II Punto 37º BOCBA N° 1043 del 06/10/2000. La Ley Nº 451 comenzará a regir a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimientos de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 906, BOCBA 1556. El Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue aprobado por Ley Nº 1.217, BOCBA 1846 del 26/12/2003.

Artículo 4º - El Juez competente dispondrá el decomiso de los elementos cuya producción, comercialización, distribución, venta y uso se prohibe en el artículo primero, para proceder a su inmediata destrucción.

Artículo 5º - Comuníquese, etc.

ANIBAL IBARRA

MIGUEL ORLANDO GRILLO

Fuente: Cedom
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Por dios!

La seguridad es una quimera

2009-04-14T13:53:00.000-03:00

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Cuando se hace referencia al término seguridad, usualmente se la asocia al resguardo de la integridad física, siendo en realidad una de las tantas categorías a las que el término realmente alude. Es decir, la seguridad para ser tal debe estar integrada por la seguridad física, la económica, la laboral, la jurídica o institucional, la social, etc.

En igual sentido, cuando se limita el concepto arbitrariamente a la seguridad física, el razonamiento espontaneo es eliminar los factores que pueden llegar a afectarla, partiendo de la base de que el principal factor de la inseguridad física es la interacción entre las personas. Si esto fuera cierto, con limitarla o eliminarla se solucionaría el problema. Sin embargo, el hombre es un animal social que necesita de la relación con sus semejantes.

El mundo tiende a la globalización, a generar vínculos de conexión entre los distintos pueblos, para el intercambio de bienes y servicios, de materias primas, de productos, de información, de tecnologías, etc. La globalización "bien" entendida, fortalece los puntos de contacto entre los países, en base al respeto mutuo y a la tolerancia. Si esto no fuera así, no tendría sentido defenderla. Si fuera para colonizar e imponer verdades, para destruir culturas y devastar los recursos naturales de los pueblos en etapa de desarrollo, no debería defenderse, es más, todo lo contrario, habría que repudiarla. Es por eso, que toda medida que tienda a aislarnos no sería acorde al momento histórico.

Ahora bien, el principal problema -a mi entender- que enfrentan las sociedades contemporáneas, es la masiva propaganda que se realiza sobre el valor de la seguridad, por supuesto, entendida ésta como la "estabilidad" o "predicción" que pueden inferir las personas sobre el comportamiento de sus pares. O sea, saber que otra persona no le va a pegar un tiro o no lo va a robar. Sin embargo, el crimen es impredecible, aunque existan muchos doctrinarios que quieren ver "cierta relación de causalidad" entre los factores criminogenesicos [o génesis del crimen] y el resultado delito.

Es cierto que la criminología algo avanzó, pero sólo dio unos pocos pasos, aun no pudo desligarse del causalismo. También es cierto que es preferible afirmar que el delito es el "resultado" de la marginación social, del desempleo, de la violencia estructural del sistema político, etc, porque con eso tendemos a generar inclusión social, algo valioso en sí mismo. Sin embargo, con estas premisas, no se logra explicar por qué delinquen personas acomodadas en los estratos más altos del poder adquisitivo.

Por otra lado, y con especial referencia al video, destaco lo efectivas que fueron las continuas propagandas sobre inseguridad en la población, aceptando sumisamente que monitoreen cualquier actividad en la calle, como si viviéramos en gran hermano. A posteriori entendemos que querían poner cámaras y para eso hicieron tanta propaganda.

Unidad 24 - Exhibición de glorias del boxeo en la cárcel de Varela

2009-04-09T16:34:00.006-03:00

(*) Pero en esa unidad sigue la violencia y la mala atencion del area medica...

Más de 300 internos de la Unidad 24 de Florencio Varela vivieron el viernes 3 de abril desde las 17 horas una jornada diferente. Se realizó allí un festival boxístico que fue organizado en forma conjunta por el ministerio de Justicia, el Servicio Penitenciario Bonaerense y la Jueza de Ejecución Penal de Quilmes, Julia Elena Márquez.

El evento contó con la presencia de importantes figuras del boxeo argentino e internacional. Llegaron hasta la Unidad 24 los ex campeones del mundo Jorge Roña Castro y Javier Héctor Velazco, además de la actual monarca de los mini moscas de la Asociación Mundial de Boxeo, Jesica Bop y Marcos El Chino Maidana, una de las mayores promesas del boxeo argentino actual.
El inédito evento boxístico que se realizó en la cárcel de máxima seguridad de Florencio Varela, tuvo dos peleas de exhibición. En la primera se enfrentaron los internos de la Unidad 42 de Florencio Varela Jorge Estrella y Damián Guzmán; luego se subieron al cuadrilátero Diego Rafael Aparicio y Jonatan Flores, también de la Unidad 42.

Posteriormente Jorge Roña Castro deleitó con sus movimientos y variedad de golpes al enfrentarse sucesivamente con Javier Velazco, con El Chino Maidana y con un interno conocido como El Chaqueño que se atrevió a desafiarlo.

Castro sostuvo que me gusta venir a visitar a los muchachos y darles mi apoyo para que ojalá ellos puedan tener una oportunidad como la que tuve yo , y agregó en tono de broma que yo los comprendo porque también estuve guardado como ellos... en la casa de Gran Hermano , aclaró.
La Campeona del Mundo Jesica Bop, declaró: Me alegro de que en las cárceles también se practique boxeo, es un lindo deporte y hoy queda demostrado como los alegra y los entretiene .

Velazco, por su parte expresó, Estoy muy feliz de estar aquí esta tarde, de haber alegrado a esta gente y de haber cruzado guantes otra vez con El Roña como cuando me preparaba para ganar el título del mundo .

LOS INTERNOS

Después de los famosos llegó el turno de los internos que están haciendo sus primeras peleas importantes. El visitante Lucas Priori (78kg.), en una pelea muy disputada y pareja le ganó por puntos al detenido Rodolfo Daniel Maidana (76 kg.), de la Escuela de Box de la Unidad 42.

Finalmente y en la Pelea de Fondo llegó el turno de los debutantes en el boxeo profesional. Allí el púgil Sergio Ariel Estrela (58 kg.), representante del Club Villa Rivera de La Plata venció por nocaut técnico en el primer round a Ariel Clemente Torrez (58.800kg.). El final de la pelea trajo preocupación a los presentes porque el boxeador de la Unidad 42 recibió un duro impacto que lo derribó provocándole una caída fuera del cuadrilátero, lo que provocó que Torrez fuera atendido por los médicos aunque rápidamente se recuperó.

Todas la peleas y exhibiciones fueron controladas y fiscalizadas por las autoridades de la Federación Argentina de Box. Fueron jueces los señores Héctor Primerano, Ramón Cerdán y Omar Fernández. Fiscalizó Luis Doffi y fue árbitro el internacional Rodolfo Stella, quien cumple esa función desde el año 1979 y ha participado de numerosos festivales de nivel nacional e internacional.

Desde el Ministerio de Justicia se fomenta en la población carcelaria el deporte como instrumento que contribuye a la incorporación de hábitos saludables, internalización de normas a través del acatamiento de las reglas deportivas y de inculcar valores tales como el respeto por el otro, solidaridad, el esfuerzo y sacrificio como medio para el logro de objetivos.

En el complejo penitenciario Florencio Varela medio centenar de detenidos practican boxeo formalmente. Entrenan en forma diaria y un ex boxeador y los profesores de educación física se encargan de coordinar las actividades físicas.

Fuente: INTRAPOSTMUROS, Martha Miravete Cicero
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Si lo pensamos, podríamos decir que el boxeo es un deporte violento, que fomenta la violencia. Es más, me acuerdo cuando era chico que con mis hermanos veíamos los pequeños karatecas, y cuando terminaba, nos dábamos un par de piñas imitando lo que habíamos aprendido en la tan educativa película. Sin embargo, es cierto que los deportes generan apego a las normas, objetivos saludables, compañerismo, y hasta cierto punto, solidaridad. Además, es un buen medio para canalizar la violencia sistemática que reciben las personas privadas de [su] libertad, lo que puede llevar a bajar los índices de violencia intra y post muros.

Doble discurso Casal y los Derechos humanos

2009-04-08T17:28:00.002-03:00

El 24 de Marzo del 2009 se celebró una audiencia ante CIDH en la cual participaron el CELS y el Estado argentino (click para verla), siendo el tema de la misma la situación de las personas privadas de [su] libertad en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hasta acá todo bien. Sin embargo, cuando el Estado argentino se puso a describir las reformas introducidas al Cód. Pro. Penal de BA y sus consecuencias, algo no cerraba. Es decir, lo que manifestaba el Estado argentino ante la CIDH era de un tenor absolutamente cínico o realmente no sabían en donde estaban parados.

Pero bueno, la idea de este post es hurtada de uno que hizo Mario Juliano (Ptt. de APP) en el foro de la asociación (leer post original), y que reproduzco parcialmente acá, los créditos a su autor.

¿Quién dijo que...?

Inauguramos aquí una minisección dentro del Foro para compulsar la agilidad mental de nuestros apreciados visitantes, como asimismo sus conocimientos generales.

Comenzamos con la siguiente prueba

¿Quien dijo que...

Cita:

Respecto de la afirmación que dice que la reforma procesal penal endurece el régimen de excarcelación, debo decirles que de modo alguno se puede tildar a esta reforma de regresiva, y mucho menos de haberse invertido la regla de la libertad durante el proceso, ni se ha reducido la posibilidad de que los jueces concedan libertades durante su tramitación

Cita:

La ley procesal garantiza la libertad personal como regla general y su privación es una medida cautelar y de excepción

Cita:

Lo que se ha hecho frente a las reiteradas, constantes e inexplicables decisiones jurisprudenciales contradicotrias, ha sido estandarizar razonablemente tal forma de encierro preventivo, en el caso de la alternativa, enumerando los supuestos a los que se debe dar prioridad tendiente a evitar una mayor victimización del sector más vulnerable de la población carcelaria, sin perjuicio que cualquier otra persona pueda ejercer su derecho a una medida de coerción menos gravosa

Bueno, las opciones son:

a) Louk Hulsman, el maestro del abolicionismo, en su lecho de enfermo, momentos antes de dejar este mundo

b) Luigi Ferrajoli, en una conferencia en Turín

c) Ricardo Casal, ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, respondiendo a los reclamos del CELS por la situación de los detenidos bonaerenses ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El/la ganador/a se hará acreedor/a a los siguientes premios:

1) unas minivacaciones de Semana Santa en la cárcel de Olmos, "all inclusive"

2) cuatro entradas gratis para ver en primera fila los juicios políticos de los jueces Nocilás Schiavo y Rafael Sal Lari, acusados por el gobierno provincial de otorgar "beneficios" a las personas sospechadas de cometer delitos.

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Bueno, sí, acertaron. Luego veremos como se reparten los premios, quién va a Olmos para Semana Santa y quien a presenciar los jurys.

Yo, ingenuamente, creí que no iban a acertar luego de leer reiteradas declaraciones públicas de don Ricardo Casal, donde, por ejempo, ha sostenido:

Cita:

La sanción del Código Procesal Penal ha permitido a partir del 1° de marzo limitar las morigeraciones de excarcelaciones que han sido escandalosas públicamente, y esto ha dado muestra de que en los últimos días, excepto un caso que está en la Cámara Penal de San Martín para resoluciones, las morigeraciones han sido denegadas

La nota completa en http://www.pensamientopenal.com.ar/01042009/actualidad11.pdf

O cuando sostuvo que:

Cita:

Casal reclamó a los jueces que "los delincuentes que son un peligro para la sociedad deben mantener condición de detenidos, para neutralizar el peligro al que puede ser sometida la sociedad

La nota completa en http://www.infobae.com/contenidos/439533-101275-0-Los-delincuentes-que-son-un-peligro-la-sociedad-deben-mantenerse-detenidos

O que

Cita:

Finalmente, remarcó que desde diciembre del 2007 se han incorporado 4000 mil personas detenidas al sistema. Y que la sanción del Código Penal permitió limitar la morigeración: “esto ha dado muestras, excepto un caso, que la morigeraciones han sido denegadas

La nota completa en http://www.aninoticias.com/noticia.php?id_noticia=19407

Pero seguramente que ustedes tendrán razón, y la persona que sostuvo ante la CIDH la acendrada defensa de la libertad como regla del proceso penal, no puede ser la misma que por los medios despotrica todo lo contrario. Ah... seguramente que debe ser una nueva y maquiavélica deformación de los periodistas que gozan tergiversando las declaraciones para generar pánico y alarma entre la población.

Próximamente continuaremos con nuevas adivinanzas ("avidinanzas", como decía una de mis hijas cuando era chiquita) y también se invita a otros señores foristas que se sumen a esta iniciativa tendiente a agilizar el cerebro.

Muchas gracias

Violación de derechos fundamentales en Internet por parte del ministerio de Cultura (España)

2009-04-04T05:03:00.000-03:00

Molina pírate! from MOLINA PÍRATE! on Vimeo.

¿Quieren violencia?

2009-04-02T03:25:00.003-03:00

Leyendo "Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. El caso Walter Bulacio" por Sofía Tiscornia, Editores del Puerto y CELS (año 2008), y escuchando el tema "Los dinosaurios" por Charly García, me generó un sentimiento que quiero transmitir, a ver si lo sienten.

"La ambulancia lleva a Walter al hospital. Son las 11 de la mañana. El médico de guardia diagnostica lesiones y traumatismo creneano. Porque la esena no dejaba lugar para dudas, encajaba perfectamente con lo que la guardia hospitalaria estaba acostumbrada a ver habitualmente: un cuerpo adolescente que llega con la policía, lo traen luego de haberlo tenido una noche entera en un calabozo, después de una razia en un recital donde se sabía -ya para entonces- que había habido golpes y cientos de detenidos. Toda violencia es también un gesto discrusivo que, como tal, lleva una firma (Segato, 2004). Identificarla es reconocer un modus operandi que no es más que una huella de un estilo conocido. Por ello, los médicos no se preguntaron demasiado. En ese cuerpo parecia haber una firma y el diagnóstico fue también el reconocimiento obvio del conocido sujeto/institución que pudo haberla inscripto". (Pág. 35 y 36)

La tolerancia cero se manifiesta

2009-03-31T03:09:00.006-03:00

Detienen 81 personas que cuidaban coches

Después iran por los malabaristas, los limpiavidrios, los lavacoches, las prostitutas, las travestis, los mendigos, los vendedores ambulantes. En fin, si hay miseria que no se note.

CIDH Solicita información a Guatemala

2009-03-27T20:19:00.001-03:00

Comunicado de Prensa No. 14/09

CIDH SOLICITA INFORMACIÓN A GUATEMALA

Washington, D.C., 27 de marzo de 2009 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el secuestro de la señora Gladis Elizabeth Monterroso Velásquez de Morales, esposa del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, quien fue sometida a torturas y vejámenes por sus secuestradores.

Según la información recibida por la CIDH, el 25 de marzo de 2009, el secuestro de la señora Monterroso Velásquez de Morales tuvo lugar en un contexto de denuncias sobre amenazas y agresiones contra funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y de la apertura al público del Archivo Histórico de la Policía Nacional correspondiente al período 1975-1985. Este archivo contendría pruebas sobre la participación de la Policía Nacional en ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegales durante el conflicto armado interno guatemalteco.

La CIDH solicitó información al Estado de Guatemala sobre los hechos relacionados al secuestro de la señora Monterroso Velásquez de Morales, en base a lo establecido en el Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

María Isabel Rivero
Directora de Prensa y Difusión de la CIDH

¿Sabotaje satelital?

2009-03-26T06:14:00.001-03:00

fuente: tn.com.ar

Un día cargado de ideología política

2009-03-19T02:00:00.005-03:00

El de 17 de marzo se cumplieron 17 años del atentado
a la embajada de Israel, en el que murieron 29 personas y resultaron heridas más de 200. A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó la personería jurídica al Partido Nuevo Triunfo, un partido político que propugna ideas de la Alemania nazi.

El fallo confirma por unanimidad lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Electoral también por unanimidad, que a su vez confirmó lo resulto por el juez de primera instancia en lo Electoral, es decir, hubieron 11 jueces que se expidieron sobre el asunto y los 11 resolvieron lo mismo. Las ideas nazis no encuentran asidero alguno en la sociedad argentina, o sea, abogar por ideas tales como la superioridad de alguna raza (concepto extinto), o la inferioridad de los homosexuales (se puede hacer extensivo a cualquier elección sexual), de los drogadictos, extranjeros, (¿y podríamos agregar "delincuentes"?), contradicen la normativa interna de la mano de los Pactos internacionales de Derechos Humanos.

Este fallo es de fundamental importancia para echarnos luz en lo que respecta a los límites de la libertad de expresión. No todas las voces pueden oírse. Las voces que hacen propaganda política discriminatoria no se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión, por lo menos en las legislaturas, ámbito por excelencia de la libertad de opinión y de expresión, donde -supuestamente- se expresan los funcionarios en representación del pueblo y las provincias.

Este es un tema que me viene dando vueltas en la cabeza hace rato, y no tengo todavía una opinio bien definida. De todas formas, si vamos a la génesis de los instrumentos internacionales de derechos humanos vemos que estos fueron el efecto de la Alemania nazi, fueron y son una forma de impedir que estas concepciones vuelvan a ponerse en práctica.

Es decir, la libertad de expresión -derecho humano fundamental- llega hasta el discurso que intenta destruir el sistema de los derechos humanos, por la simple razón de que un sistema no podría permitir su autodestrucción.

Ahora bien, lo que considero verdaderamente importante es que cuando las sociedades crean un enemigo (los judíos, los guitános, los negros, los musulmanes, los homosexuales, los travestis, los niños, los delincuentes, etc) generan una notable discriminación. Se empiezan a levantar voces que piden que no se les reconozcan sus derechos fundamentales, tales como la vida, la libertad, la integridad física, la dignidad, la privacidad. Llegando en muchos casos a encontrar cabida en los representantes del pueblo.

Con el problema de la inseguridad, aparecen mediáticos afirmando que hay que matar al que mata, y toda una zarza de estupideces. Estas expresiones no tendrían cabida en las legislaturas, ¿pero en las calles y en los medios?

Me parece que tampoco, por la simple razón de que se estaría haciendo propaganda política a favor del discurso del odio.

De todas formas, ¿qué diferencia existe entre prohibir un partido socialista, comunista, liberal, neoliberal, y uno nazi? Más allá de que no creo ni sostengo ninguna de las ideas nazis, ¿una sociedad democratica no debería dejar que expresen sus ideas?

Von Liszt: Clasificación de los delincuentes

2009-03-13T23:44:00.002-02:00

En base al post de Seba (leer Pena Shock Pena Sacudón) y a (leer Lombroso y la "terapia del delito") surgió la duda de a qué se refería la jueza con una pena Shock. Por mi parte creo que la magistrada hacia referencia a la tercera clase de delincuentes de Von Liszt. De todas formas, por lo significativo del tema cito textualmente al autor sobre esta interesante clasificacion de delincuentes hecha en La idea de fin en el derecho penal en el año 1882. Es decir, hace más de 125 años, pero que hoy en día algunas personas atrasadas -para no decir retrasadas- siguen sosteniendo incólumes.

(...)

PRIMER GRUPO: Los irrecuperables. El combate enérgico contra la reincidencia es una de las tareas más importantes del presente. Tal como un miembro enfermo envenena todo el organismo, de la misma manera el cáncer de la reincidencia opera con creciente profundidad en nuestra vida social. El doctrinarismo dominante en el campo de la ciencia del Derecho penal ha cargado sobre sí una grave culpa. En efecto, sumido en construcciones puramente conceptuales, se ha mantenido hasta el día de hoy —prescindiendo de algunas escasas excepciones— al margen de la cuestión.

La lucha contra la delincuencia habitual presupone un conocimiento exacto de ella. Y éste falta hasta ahora. Se trata, aunque sea de un miembro, del más importante y peligroso en aquella cadena de síntomas de enfermedades sociales, que nosotros solemos reunir en la denominación global de proletariado. Mendigos y vagabundos, prostituidos de ambos sexos y alcohólicos, rufianes y demimondaines, en el sentido más amplio, degenerados espirituales y corporales, todos ellos conforman el ejército de enemigos fundamentales del orden social, en cuyas tropas más distinguidas reconocen filas estos delincuentes. Mientras no hayamos encarado el rufianaje bajo el prisma éticosocial, es un vano intento el de encarar la delincuencia habitual corno tal. Mucho tendrá que servirnos al respecto la estadística moral; mucho, en especial, su aplicación en el campo de la antropología criminal, la que aun hoy carece de un método confiable. Pero no podemos esperar hasta que tales tareas se cumplan.Y tampoco precisamos esperar.

La delincuencia habitual encuentra su expresión jurídica en las cifras estadísticas de la reincidencia. De ellas, no obstante su imperfección, que nadie niega, podemos inferir hechos valiosos; hechos que nos ofrecerían base suficiente para una intervención inmediata.

En primer lugar, el hecho de que los reincidentes constituyen la mayoría de los delincuentes, y los irrecuperables, la mayoría de los reincidentes. Apoyo estas afirmaciones, por un lado, en los cálculos de Sichart para Wurttemberg "; por otro, en la estadística carcelaria oficial prusiana para el ano que va del 19 de abril de 1880 al 1° de abril de 1881, recientemente publicada.

Las cifras hablan por sí solas. Confirman que nuestro actual tratamiento del reincidente es equivocado e insostenible; comprueban que al menos la mitad de todas las personas que anualmente pueblan nuestros establecimientos carcelarios, son delincuentes habituales irrecuperables. Pretender corregir a tal gente en presidios celulares, a un costo muy alto, carece simplemente de sentido; y lanzarlos al contacto con el público luego de algunos años, como una fiera, y volver a encarcelarlos y a -corregirlos- al cabo de dos años, después de que hayan vuelto a cometer tres o cuatro nuevos delitos, es más que una insensatez, y cosa distinta de una insensatez. Pero nuestro sistema penal de límites lo permite y lo exige; la -retribución" queda satisfecha y la ciencia penal está tan preocupada con la doctrina de la relación de causalidad, así como con la controversia sobre los delitos de omisión y otras cosas, que su tiempo no alcanza para ocuparse de estas bagatelas.

La sociedad debe protegerse de los irrecuperables, y como no podemos decapitar ni ahorcar, y como no nos es dado deportar, no nos queda otra cosa que la privación de libertad de por vida (en su caso, por tiempo indeterminado).

Antes de decidirme a proseguir con el desarrollo de esta idea, quiero constatar otro hecho. Será tarea de la estadística criminal el comprobar qué delitos son los que suelen cometerse habitualmente; en tal empeño, la antropología criminal está en condiciones de prestar servicios importantes. Pero, sobre la base de los resultados hoy disponibles, podemos trazar con alguna certeza el contorno de estos delitos. Son, en primer lugar, los delitos contra la propiedad; en segundo término, ciertos delitos contra las buenas costumbres, es decir, aquellos delitos que arrancan de los más fuertes y originarios instintos humanos. Dicho con más precisión, los siguientes serian los delitos que se podría citar al respecto: hurto, alcahuetería, robo, extorsión, estafa, incendio, daños, atentados sexuales y corrupción de menores. Naturalmente, no queda excluida una complementación o una corrección de esta lista sobre la base de observaciones más exactas.

La "eliminación de la peligrosidad" me la figuro de la siguiente manera. El Código penal debería determinar —en la misma forma que los parágrafos 244 y 245 del Código vigente— que una tercera condena por uno de los delitos mencionados más arriba llevaría a una reclusión por tiempo indeterminado. La pena se cumpliría en comunidad en recintos especiales (presidios). Ella consistiría en una "servidumbre penal", bajo la más severa obligación de trabajo y la mayor explotación posible de la fuerza de trabajo.

Como sanción disciplinaria, la pena corporal sería casi inevitable. Una pérdida obligatoria y perpetua de los derechos civiles y honoríficos debiera señalar el carácter incondicionalmente deshonroso de la pena.

La reclusión individual sólo operaría como sanción disciplinaria, combinada con reclusión en cámara oscura y ayuno estricto.

No se precisaría perder toda esperanza de una vuelta a la sociedad. Los errores de los jueces son siempre posibles. Pero la esperanza debiera ser lejana, y la liberación, muy excepcional. Cada cinco años la Comisión revisora anexa al tribunal en cuya jurisdicción se haya dictado la condena, podría presentar una propuesta de liberación. Si la Sala criminal de la Corte diera lugar a esta solicitud, se procedería a entregar al condenado a los establecimientos correccionales que se mencionarán más adelante. Un mal comportamiento tendría como consecuencia el regreso al presidio.

En lo esencial, se trataría, pues, de un obviamente significativo agravamiento y extensión de la pena por reincidencia que establece nuestro Código penal. Aquí se encontraría el punto de encuentro con cuantos, considerando como algo "históricamente dado" nuestro sistema penal de límites, se opongan por principio a toda reforma radical de éste.

SEGUNDO GRUPO: Los que precisan de corrección. El círculo de aquellos delitos que suelen ser cometidos de manera habitual encierra a la vez nuestro segundo grupo. Los delincuentes habituales se reclutan entre los individuos que precisan corrección, que por predisposiciones heredadas o adquiridas han llegado a la delincuencia, pero que no son aún casos perdidos sin esperanza. Las pequeñas cárceles son las principales agencias de enganche, pero los asilos para canallas, las cantinas y los burdeles les disputan tal privilegio. Estos principiantes de la carrera delictiva pueden, en numerosos casos, ser salvados. Pero ello, sólo por una seria y duradera disciplina. El mínimo de la pena de privación de libertad que opera en estos casos no debiera, en general, bajar del año. No existe nada más corruptor y contradictorio que nuestra pena corta privativa de libertad contra los aprendices de la carrera de delincuente. Aquí, más que en cualquier otro caso, lleva la sociedad la parte del león en la culpa bajo la cual cede el futuro delincuente habitual.

Prácticamente, el asunto debiera estructurarse de la siguiente manera: En la primera y segunda comisión de alguna de las acciones penadas que se mencionan más arriba, el tribunal debe disponer la remisión a un establecimiento correccional. La sentencia llevaría consigo suspensión y no pérdida de los derechos honoríficos. La duración de la pena (que no se determinaría en la sentencia) no sería inferior a un año ni superior a cinco. El castigo comenzaría con reclusión unicelular. En el caso de buen comportamiento, el Consejo de vigilancia podría decidir un traslado a una progresiva reclusión comunitaria. Debe recurrirse al trabajo y a la educación básica como medios para fortalecer la fuerza de resistencia. La pena corporal como sanción disciplinaria quedaría en todo caso excluida. El Consejo de vigilancia podría proponer, una vez al año, al tribunal del territorio la remisión que favorezca a aquellos reclusos que aparentemente se hayan corregido. Aquel a quien se hubiera remitido la pena quedaría sometido a la vigilancia policial por un término igual al tiempo que permaneciera en reclusión. Luego de cinco años de reclusión, ella debería en todo caso terminar; la persona puesta en libertad quedaría sometida por otros cinco años a la vigilancia policial.

A fin de asegurar el éxito de estos establecimientos correccionales, debiera haber asociaciones privadas de carácter oficioso, es decir, bajo la supervigilancia del Estado y sostenidas financieramente por éste, que se preocuparan del alojamiento y del apoyo que precisen estos reclusos puestos en libertad.

EL TERCER GRUPO está compuesto, luego de los incorregibles y los que precisan de corrección, por el gran número de aquellos que, usando una expresión breve, podemos calificar como delincuentes ocasionales es decir, aquellos para los cuales el hecho cometido constituye un episodio, un descarrío generado por influencias preponderantemente externas en quienes, por tanto, el peligro de una frecuente repetición de la acción punible cometida es mínima, y para quienes, por ende, carece de sentido una sistemática corrección. En tales casos, la pena debe restablecer simplemente la autoridad de la ley violada; ella debe ser intimidatoria, una advertencia, un “papel para pensar” adecuado al impulso egoísta del delincuente. Objetivamente, el campo de la pena intimidatoria abarca, pues, todos los delitos y faltas, con excepción de los ya mencionados, es decir, todos aquellos cuya comisión habitual no se halla comprobada por la estadística criminal. En general, podrían conservarse aquí las amenazas de pena de nuestro Código penal, aunque con disminución de los diversos grados que él contempla; pero, ciertamente, lo más recomendable sería una pena de privación de la libertad unitaria, que no necesariamente se deba cumplir en reclusión unicelular, con un mínimo no demasiado corto (no inferior a seis semanas) y con un máximo tampoco muy alto (diez años serían más que suficientes), y una pérdida facultativa de los derechos civiles y honorarios; junto a ella o en vez de ella podría considerarse, en un margen mayor del que tiene ahora, la pena de multa. La pena de muerte me parece superflua, toda vez que los incorregibles han quedado neutralizados.

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Von Liszt, La idea de fin en el derecho penal, año 1882, pág 115 y sig.

Marcha por seguridad

2009-03-13T20:04:00.002-02:00

En unos días habrá una marcha en repudio de la inseguridad (más información)

Ahora bien, ¿en los medios de comunicación hay propaganda del miedo?

El miedo, la angustia, la incertidumbre... ¿será para manejar más facil al pueblo?

Da para pensar.

Comunicado de prensa Asociación Pensamiento Penal

2009-03-11T01:16:00.010-02:00

Ante hechos de público conocimiento, por el cual funcionarios municipales, provinciales y nacionales han requerido la promoción de juicio político y destitución de los jueces del Departamento Judicial de San Isidro, Rafael Sal Lari y Esteban Rossignoli, la Asociación “Pensamiento Penal” se ve en la obligación de reiterar, una vez más, su profunda preocupación por la lesión al Estado de Derecho que esas acciones y manifestaciones públicas producen, conduciendo a una gravísima degradación institucional.

Las decisiones jurisdiccionales emitidas por los jueces Sal Lari y Rossignoli, como toda decisión judicial, resultan opinables, y el ordenamiento procesal ha previsto instancias de revisión para que otra instancia analice su adecuación a derecho.

El juicio político es un procedimiento excepcional, reservado para casos institucionalmente graves, que no se vinculen al análisis de las situaciones jurídicas que deben resolver los jueces en cada caso concreto; sino que esta vinculado a inconductas o incompetencias en el ejercicio de su función. La naturaleza política del juicio, atiende a los órganos encargados de sustanciarlo, y no a la naturaleza del juicio, que requiere, como todo proceso, el estricto cumplimiento de garantías constitucionales establecidas en beneficio de todos.

La sociedad argentina en general, y la bonaerense en particular, merecen y deben tener, una judicatura calificada e independiente, cuyos pronunciamientos dependan de la aplicación estricta del derecho al caso concreto, y no de la ponderación política del momento, sobre los eventuales resultados de esa decisión.

Cuando funcionarios públicos aparecen en los medios de comunicación, asimilando la función jurisdiccional a un empleado administrativo, evaluado por “sus resultados”, que debe ser destituido por el “gusto” del momento, y no por las razones jurídicas que hacen a su pronunciamiento, fulminan públicamente la independencia del poder judicial.

No se trata aquí de formular una defensa corporativa de uno u otro juez, puesto que con independencia de la injusticia personal que pueden significar esas declaraciones públicas (como ha sucedido antes con otros jueces de la provincia), lo relevante desde el punto de vista institucional es la pérdida de imparcialidad de la justicia como poder independiente del Estado, y última barrera de defensa de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución Nacional.

Las lecciones de la historia dan cuenta de las consecuencias sociales en que se traduce la pérdida de independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado. La vida, libertad, y bienes de los individuos quedan así sujetos a la voluntad del gobernante de turno, sin límite institucional alguno.

Al fin de cuenta el Poder Judicial está constituido por hombres y mujeres, que están y pasan, con sus justicias e injusticias, pero el esquema institucional que se pretende establecer, sobre la base de evaluar la conducta de los jueces bajo una difusa relación de resultados, fulmina la independencia de los poderes, y transforma en injusta a la sociedad toda, cuyas consecuencias serán en un futuro próximo padecida por todos.

La llamada “inseguridad” es un problema serio, que afecta a todos los ciudadanos, incluso aquellos que son parte del Poder Judicial, y requiere soluciones serias que involucren un entendimiento entre todos los poderes del Estado; y no, por el contrario, declaraciones y acciones contrarias al derecho, que lejos de estar destinadas a la construcción de una sociedad mejor (respetuosa del Estado de derecho), se detiene en la coyuntura electoral del momento.

Han pasado algo más de 25 años de la recuperación democrática, y aún hoy existen serias y manifiestas deficiencias en el verdadero reconocimiento y ejercicio de los llamados derechos humanos de segunda y tercera generación; lejos nos encontraremos de honrar aquella, negando los derechos humanos básicos.

Desde este ámbito hemos expresado reiteradamente nuestra preocupación por la lesión a la independencia del Poder Judicial, que actualmente se encuentra quizá en su coyuntura más grave. Por eso reclamados la mesura y la reflexión a todos los poderes públicos, para la realización de un ejercicio responsable de las diversas áreas que cada uno ocupa, alejados de la coyuntura y de pretensos réditos electorales del momento, permitan construir un espacio de respeto institucional que conlleven a la realización de una sociedad mas igualitaria y justa, lo que jamás podrá realizarse sin la real vigencia y respeto de los derechos humanos.

Ska-p Crimen Sollicitationis

2009-03-10T15:27:00.000-02:00

Abogado defensor detenido

2009-03-05T15:23:00.002-02:00

El jueves 19 de febrero de 2009 el personal policial de la seccional 10ma detuvo a Gabriel Macaroff, abogado defensor de Maximiliano Ledesma, un joven detenido por Código de Faltas. Los uniformados alegaron que Macaroff había "entorpecido" el procedimiento. El abogado permaneció detenido hasta el día siguiente, con traslado a Encausados incluido.

La detención, según explicó Macaroff a través de un correo electrónico difundido el lunes 23, se debió a que quiso denunciar los golpes y maltratos recibidos por su defendido. La Policía, además, retuvo ilegítimamente el celular del joven detenido, según cuenta Macaroff; por ello, él solicitó copias del libro de la seccional. Al intentar denunciar todo a la unidad judicial ubicada en la misma comisaría, Macaroff relata que un policía se interpuso para impedirlo y lo amenazó reiteradamente de muerte. Frente a eso, el joven detenido, que estaba siendo liberado, anunció que haría la denuncia al día siguiente, ante la Secretaría de Derechos Humanos. El personal policial actuante afirmó que eso era una "amenaza" (sic) y se dispuso a arrestar nuevamente a Maximiliano, con golpes y patadas. En ese momento, Macaroff se interpone para evitar el ataque y lo arrestan alegando que entorpecía el procedimiento.

El hecho relatado es de una extrema gravedad. No por tratarse de un abogado: la libertad de toda persona vale igual. La preocupación aumenta porque el abogado resulta detenido cumpliendo un rol institucional, a saber, la defensa de un detenido. Esto ataca aún más el derecho a la defensa, ya violado por el inconstitucional art. 15 del Código de Faltas y por el inconstitucional procedimiento contravencional, que da poder de "sentenciar" al comisario actuante.

Un total y completo esclarecimiento de lo ocurrido, con la sanción de quienes resulten responsables, constituye la única respuesta oficial aceptable.

Más información sobre el tema:
- El relato completo de Gabriel Macaroff, aquí.
- Información sobre Maximiliano Ledesma, que aún sigue detenido, aquí.
- Notas anteriores de Radio Tosco sobre Código de Faltas, aquí (Ene 2008) y aquí (Dic 2007).

Fuente: Radio Tosco

Historia de la Marihuana (documental)

2009-03-03T11:44:00.002-02:00

Estaba escribiendo un post sobre el Paco y me tope involuntariamente -como suele pasar en internet y lo que la vuelve tan divertida y dinámica- con este documental sobre la Marihuana. Esperemos que a los inquisidores inconcientes les ilumine.

15 presas en huelga de hambre seca en Cárcel de Ezeiza

2009-03-01T19:30:00.003-02:00

(AW) En reclamo de Justicia para la recientemente asesinada Silvia Nicodemo, todas las detenidas del Pabellón 8 tomaron esta decisión desde ayer. A la vez, exigen que su voz sea escuchada por los medios masivos y que se les realicen los análisis correspondientes para deslindar su vinculación con el crimen. También se refieren a la culpabilidad del Servicio Penitenciario Federal. Como se sabe, a Nicodemo la encontraron “suicidada” sus compañeras, el pasado domingo 22 de febrero cuando se hallaba bajo la custodia del SPF.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2009 (Especial Agencia Walsh) Las compañeras del Pabellón 8 de la Unidad Nº 3 de Ezeiza que estuvimos conviviendo con Silvia Romina Nicodemo hasta el día en que falleció queremos expresar nuestra verdad ante los medios, jueces, fiscales, policía científica y familiares. Necesitamos pedirles que ante un médico forense nos hagan extracciones de sangre y piel y otros análisis que fueran imprescindibles para el esclarecimiento del homicidio/ “suicidio” de nuestra compañera. Necesitamos y queremos que los médicos profesionales tomen en cuenta nuestro pedido, tanto como el Juzgado federal Nº 2 de Lomas de Zamora, Secretaría Nº 5 y médicos involucrados en el caso. Ponemos en conocimiento que a partir del día 27 de febrero de 2009 iniciamos una huelga de hambre seca, comunicándoselo por escrito al director del Servicio Penitenciario y las jefas a cargo reclamando implacablemente el esclarecimiento del homicidio/ “suicidio”. Exigimos que nos hagan los peritajes correspondientes antes aclarados y que los medios de comunicación nos den la oportunidad de expresarnos a las compañeras del Pabellón 8. Ya que únicamente somos nosotras las que podemos dar testimonios de los hechos reales vividos, el domingo 22 de febrero, en el que encontramos a nuestra compañera colgada de la ventana del baño del pabellón aproximadamente a las 4:30 de la madrugada. El cuerpo de ella ya se encontraba muy frío con un color violáceo y sin ningún tipo de movimiento. Mientras que el servicio Penitenciario tardó 20 minutos en llegar al pabellón, las compañeras intentamos encontrarle señales de vida mediante tomarle el pulso, reanimación anímica, reanimación cardiopulmonar, sentir su corazón con las manos, poner el dedo en su nariz en forma horizontal tratando de sentir su respiración. Reiteramos, todo esto sucedió en los 20 minutos que demoró el Servicio Penitenciario en llegar al pabellón. No se encontró ninguna señal de vida a nuestra compañera. Después del momento de entregarles a Silvia a las jefas a cargo, señoras jefa González de Seguridad Interna, señoras jefas de turno, hermanas Espinoza y celadora de requisa. Después de ésto quedamos desorientadas, indignadas, shockeadas, y muchas de nosotras nos descompusimos. Aún así fuimos encerradas individualmente en nuestras respectivas celdas sin ningún tipo de explicación, causándonos un ataque de miedo, nervios, etc.

“Que nos abran las puertas”

Dentro de las celdas las compañeras empezamos a descomponernos y gritábamos en reclamo de que “se nos abran las puertas”, sin recibir respuesta alguna. Una compañera de desvaneció, la llamamos por su nombre, gritándole, y no respondía. Crecía nuestra desesperación, entonces, algunas de nosotras, no vamos a mentir, por la fuerza física, logramos abrir por nuestros propios medios las puertas y socorrer a la compañera que no respondía. Así fue entregada al Servicio Penitenciario. Fueron aproximadamente 5 compañeras las que pudieron salir al pasillo y que mediante patadas y gritos comenzaron a abrirles a las demás, y como no pudieron lograrlo una de nosotras inició fuego, incendiando una cortina desde dentro de su celda cerrada.
Y fue de la única manera que logró que vinieran a “desengomar” a las compañeras encerradas. Aclaramos que no fue con intención de autoagredirse ni dañar a terceros, compañeras ni al Servicio Penitenciario. En el pabellón se empezó a vivir un clima de miedo, caos y shock. Nos sacaron a todas después de vivir este momento, que es lo que tendrían que haber realizado desde un principio para que podamos contenernos entre nosotras. Por eso estamos diciendo que al encerrarnos, el Servicio Penitenciario actuó inescrupulosamente ya que no pensaron que alguna de nosotras podía cometer una locura en el estado en que nos encontrábamos. Como por ejemplo, cuando quisimos sacar a nuestra compañera de dentro de su celda en llamas, ella no reaccionaba y una compañera la socorrió y la sacó. Luego de estos sucesos, nos sacaron del pabellón y nos incomunicaron a todas en una sala apartada donde permanecimos siete horas. Nos revisó una doctora y luego nos reintegraron al pabellón, menos a las dos personas que compartían con ella, que hasta el momento no sabemos nada de ellas. Desde ese día hasta hoy, pidieron cambio de alojamiento algunas compañeras, gente mayor y tranquila que estaba en el estado de shock. Y sospechosamente, después de 4 días pidieron su cambio a otro pabellón 4 compañeras juntas y se fueron en una manera callada y misteriosa.

Justicia para Silvia

Tenemos nuestras serias sospechas de quién pudo haberle hecho esto a Silvia pero no hay nada certero para poder acusarlas hasta que no tengamos pruebas escritas, de las pericias que corresponden en donde se comprueben científicamente nuestras dudas y las de sus familiares.
Por eso es que rogamos a toda la gente que por favor intervenga para que nos puedan hacer las pericias y análisis que corresponda hacer en estos casos para esclarecer este hecho. En este momento nos encontramos aisladas e incomunicadas de la población penal, sin que esto nos afecte en nada, ya que lo único que nos importa y esto con letras mayúsculas, es que SE HAGA JUSTICIA POR NUESTRA COMPAÑERA SILVIA. Reiteramos, para que se haga justicia, necesitamos que por favor nos ayuden e imploramos que se nos hagan análisis. Por favor, estamos desesperadas ayúdennos. Sin más que agregar estamos muy agradecidas a toda persona, entidad, que nos quiera ayudar. Por último, nosotras creemos que el SPF tiene un alto porcentaje de culpa de lo que pasó con Silvia, ya que ella reiteradas veces pidió un cambio de alojamiento porque se quería ir de este pabellón y lo que hacían era ensañarse con ella, ya que cuando ella no se reintegraba la llevaban 3 días a los tubos (celdas de castigo) y la devolvían al mismo pabellón. Como dijo la madre: “Se la tenían jurada”. Porque nosotras mismas escuchamos cuando jefas y celadoras le decían que ella no tenía derecho a pedir nada por lo que había pasado (que le había pegado a una celadora el 31 de diciembre). O sea, si Silvia no hubiera estado acá, no le habría pasado esto.

Las 15 compañeras del Pabellón 8 de la Cárcel de Ezeiza
Agencia Walsh

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Con respecto a la nota de (AW - Agencia Walsh) informamos que con respecto a las 4 chicas que sospechosamente, después de 4 días pidieron su cambio a otro pabellón 4 compañeras juntas y se fueron en una manera callada y misteriosa.

La verdad de esto es que:
a) dos de ellas han sido derivadas a la Unidad 27 del Hospital Moyano el mismo dia de la muerte dudosa de Siliva
b) Las otras 2 chicas al otro dia habian pedido cambio el cual fueron sectorizadas y una de ellas se lastima con un vidrio y la otra joven tuvo una crisis de nervios. Despues de eso en la noche de ayer estas 2 mujeres han sido llevadas tambien a la Unidad 27.

La CIDH, ya esta en conocimiento de este hecho y nos pidio que le hagamos llegar toda informacion de este terrible hecho.

Reiteramos que las mujeres del Pabellon 8 piden que se presenten los medios y las autoridades.

Martha Miravete Cicero
GMA - Grupo de Mujeres de la Argentina
Observatorio de encierro

Colifata TV Web: Actos Sexuales

2009-02-24T07:11:00.004-02:00

La cordura, el adentro, el afuera, la salud, la enfermedad, el justo medio. Todos somos un poco colifatos, algunos más otros menos.

No privemos de su libertad a quienes no cometen delitos, no los privemos de su derecho a ser felices, ni de su derecho a la dignidad.

Son más peligrosos los corruptos, que saquean nuestras arcas bancarias y destruyen nuestro país, que las personas encerradas en instituciones psiquiátricas.

El día que aprendamos eso seremos más humanos.

En el Canal Colifata TV Web, hay muchos videos que los invito a ver, y por qué no, a visitar también la página de Radio La Colifata Online.

Joven asesinada en la Cárcel de Ezeiza

2009-02-22T22:41:00.002-02:00

(AW) Tenía 21 años y fue "suicidada" en el pabellón del cual había pedido traslado sin que el Servicio Penitenciario atendiera su demanda. Mañana todas las presas de Cárcel de Mujeres van a la huelga general de actividades en reclamo de una reunión de las voceras de los pabellones con la dirección nacional del SPF. Hay alerta en los organismos humanitarios por temor a más represiones.

Buenos Aires, domingo 21 de febrero de 2009 (Agencia Walsh) Silvia Nicodemo, quién recién había cumplido 21 años, fue asesinada hoy en el Pabellón 8 de la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. Según el relato de sus compañeras, desde hacía ya bastante tiempo ella venía pidiendo a las autoridades el traslado hacia otro sector y su reclamo fue desestimado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que comanda esa Unidad.

Mañana, las mujeres que se hallan tras las rejas de esta prisión realizarán una huelga general de actividades en reclamo de una reunión de las voceras de los pabellones con la dirección nacional del SPF por lo que se temen más represalias. A su vez, numerosos organismos sociales personalidades y luchadores estarán pendientes de lo que suceda tras los muros y ya se estableció una cadena informativa de solidaridad.

Los responsables

Tal como viene denunciando esta Agencia, bajo la gestión del civil Alejandro Marambio al frente del SPF (paradójicamente dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cuyo titular es Aníbal Fernández), se retrocedió gravemente en la vigencia de tales derechos que poseen indudablemente las personas detenidas. Así, docentes de la Universidad de Buenos Aires, organismos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y hasta la misma Procuración Penitenciaria, entre otros, denunciaron las dificultades para ingresar a los penales, cuando no el impedimento liso y llano de trasponer los portones tras los cuales se mata y tortura impunemente a hombres y mujeres privados de su libertad.

En este sentido las cifras son contundentes, según datos del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc): 59 seres humanos fueron ultimados en 2008 y, seis en la primer semana de 2009. Todos se hallaban bajo la guarda del Estado, mas aún no hay responsables. Precisamente, este el marco en el que se inscribe al crimen de Silvia Nicodemo.

De este modo, el hecho de que el civil Alejandro Marambio esté al frente del SPF constituyó solo un cambio cosmético que no varió la situación de terror permanente que viven los presos y presas. Por el contrario, por primera vez en la historia de la etapa constitucional, desde 1983, organismos de Derechos Humanos, por caso la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, vieron directamente censurada su posibilidad de ingresar a las cárceles desde noviembre pasado. Ni Carlos Menem pudo conseguirlo, aunque lo intentó, si lo hizo posible el gobierno campeón de la defensa oral de los derechos humanos.

Toda excusa es buena para impedir el control y la asistencia a los presos. Así, se hace más sólido el silenciamiento de quienes primero fueron marginados y robados en gran parte de sus derechos, para luego aniquilar su entidad humana tras las rejas.

Hoy, una joven hija de nuestro pueblo, Silvia Nicodemo, -a quien el Estado encerró para mantenerla bajo su guarda- exhibe con su sangre quiénes y para qué son ocultados y silenciados en las cárceles de mala muerte de una sociedad organizada para el despojo de las mayorías.

Oscar Castelnovo AGENCIA WASH

¿Para qué le voy a hacer caso a la ONU si total se formó después del genocidio a mi pueblo?

2009-01-02T04:52:00.005-02:00

Hay personas ilusas que creen en los derechos humanos de todos los seres humanos, valga la redundancia, y que ante acciones violentas de pueblos "hermanos" no desearían ver una guerra. La guerra es la máxima acción de violencia que puede desplegar un pueblo contra otro pueblo, es la realidad contraria al ideal paz, la guerra es lo que no debería ser nunca. En fin, sólo un pueblo insano puede querer la guerra. Nadie en su sano juicio podría querer exterminar un pueblo, eso hay que dejarlo para la historia negra de la humanidad, y por la cual se creó la ONU, es decir por el exterminio sistemático del pueblo hermano judío, del gitano, etc.

Cualquier persona no demasiado lucida puede ver que si se crea todo un sistema de protección de la vida, la libertad, la dignidad, etc., de los pueblos, para evitar su menoscabo, sea del lado que sea, contradecir el sistema es tan peligroso como reducirlo a simple postulados formales. Es decir, que si nos limitamos a afirmar formalmente su existencia, pero no los ponemos en práctica volviéndolos postulados materiales, cualquier podría decir que no existen. Porque lo formal es simplemente una abstracción, y lo material es lo realmente realizado.

La guerra entre los pueblos, demuestra qué tan bestias seguimos siendo, y que no hemos aprendido nada.Ahora bien, para no variar cito una noticia que puede leerse en (click me) y que demuestra la postura de la ONU, aunque para qué la vamos a respetar, si son sólo declaraciones formales.

02 de enero, 2009 El relator especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Richard Falk, sostuvo hoy que la política de asesinato selectivo de líderes civiles viola las leyes humanitarias internacionales. Según informes de prensa, un alto líder de Hamás murió cuando bombarderos israelíes atacaron su vivienda, matando también a sus cuatro esposas y a nueve de sus hijos.

“Una circunstancia como esa, en la que el blanco es una persona que vive con mujeres y niños, considerados civiles, constituye un crimen de guerra”, indicó Falk en entrevista con la Radio de Naciones Unidas.

Por otra parte, Falk lamentó que la clasificación de Hamás como agrupación terrorista sea utilizada para justificar los ataques de los últimos días, y para evitar cualquier tipo de diplomacia.

Dijo que Hamás ha ofrecido en forma consistente treguas a largo plazo que han sido ignoradas por Israel y por muchos diplomáticos, y mal informadas por los medios de comunicación.

Todo eso contribuye a un entendimiento equivocado de quién es responsable por el resurgimiento de la violencia, opinó Falk.

Gaza, ¿más guerra o más genocidio?

2008-12-30T01:29:00.006-02:00

Ban exhortó a un alto el fuego inmediato en Gaza*

29 de diciembre, 2008 El Secretario General de la ONU exhortó a israelíes y palestinos a declarar un alto el fuego inmediato en Gaza, y expresó consternación por los efectos que esta escalada de violencia tendrá en los niños, que constituyen más de la mitad de la población. En rueda de prensa, Ban Ki-moon instó a las partes a poner fin a la retórica instigadora y a tomar todas las medidas posibles para evitar que se produzcan más víctimas civiles.

Por otra parte, opinó que los aliados internacionales y regionales no han hecho lo suficiente para restaurar la calma y fomentar un diálogo político en el Oriente Medio que ponga énfasis en la resolución pacífica de las diferencias.

En ese sentido, hizo un llamamiento a los ministros de Relaciones Exteriores árabes, que tienen previsto celebrar una reunión de emergencia.

“Los urjo a actuar expeditamente y decididamente para ponerle fin a este impasse. Al mismo tiempo otros líderes mundiales deben sumarse a los esfuerzos por apoyar una solución a largo plazo a este asunto”, dijo el Secretario General.

Añadió que durante los últimos días ha sostenido conversaciones con prominentes figuras políticas de la región, incluidos el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para subrayarles la necesidad imperiosa de restaurar la calma en la región.

Por otra parte, reiteró su llamamiento a Israel a abrir los cruces a la Franja de Gaza para el acceso de los suministros humanitarios que precisa tan desesperadamente la población palestina.

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* Fuente: Naciones Unidas (Noticia)

Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia

2008-12-28T00:54:00.003-02:00

Nada justifica la violencia

Para alcanzar una victoria, no acepto el más mínimo acto de violencia... A pesar de mi simpatia y admiración por la nobleza de algunas causas, estoy completamente en contra de que se las defienda por métodos violentos. En consecuencia, no existe ningún acuerdo posible entre la escuela de la violencia y mis concepciones.

La primera condición de la no violencia es la justicia expandida a todo territorio de la vida. Quizas es esperar demasiado de la naturaleza humana. Sin embargo, no creo que sea así. Nadie debería dogmatizar sobre la capacidad de la naturaleza humana para la degradación o la exaltación.

La historia enseña que nos vemos agobiados por los males que sufren los vencidos cuando son oprimidos brutalmente, aun con las mejores intenciones, cuando se encuentran bajo el fardo de la miseria.

A la dignidad humana se la preserva mejor no mediante el desarrollo de la capacidad para manejar la destrucción, sino por el rehusarse a la represalia. Es posible entrenar a millones en las oscuras artes de la violencia, lo cual viene a ser la ley de la bestia. Resulta más factible capacitarlos en las artes claras de la no violencia, que es la ley del hombre regenerado.[Párrafos extraidos de Mahatma Gandhi, Reflexiones sobre la no violencia, pág. 4]

Descargar Mahatma Gandhi, Reflexiones sobre la no violencia, desde la página formarse (click me)

Ahora bien, con respecto a la marcha "comenzará en Nueva Zelanda el 2 de octubre de 2009, aniversario del nacimiento de Gandhi y declarado por las Naciones Unidas ""Dia Internacional de la No-Violencia"". Finalizará en la cordellera de Los Andes (Punta de Vacas, Aconcagua, Argentina) el 2 de enero de 2010. Durará 90 días, tres largos mese de viaje. Pasará por todos los climas y estaciones, desde el verano tórrido de zonas tropicales y desiertos hasta el invierno siberiano".

Más información en (Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia)

¿Por qué aumenta de la violencia en los jovenes?

2008-12-22T12:38:00.001-02:00

CEPAL, Panorama social de América Latina 2008, (leer)

Capítulo IV: Agenda social. Violencia juvenil y familiar en América Latina. Enfoques desde la inclusión. (leer)

En la agenda mediática, en los últimos congresos, y en las políticas recientes, se observa una creciente preocupación por lo que sucede con los jóvenes "delincuentes". Por eso y aceptando que el problema deviene de causas estructurales del sistema político, recomiendo leer el trabajo realizado por CEPAL, que fue recientemente publicado y que abarca bien el tema.

Algunas citas interesantes:

(...)

Investigadores y analistas coinciden en señalar que los comportamientos juveniles violentos son consecuencia de procesos estructurales vinculados a la persistencia de la pobreza y del esempleo. Diversos estudios destacan que para los hombres jóvenes, las frustraciones vinculadas al desempleo llevan a la enfermedad, al aumento de la violencia en pandillas juveniles, al conflicto interpersonal y a la violencia doméstica. Para el caso de las mujeres, el desempleo conllevaría a una mayor dependencia económica de los hombres, lo que puede acarrear aumento de la violencia contra la mujer (Moser, 1999). La exclusión social que experimenta cotidianamente el joven desempleado, en un contexto de propuestas masivas de consumo, da cuenta de una dimensión estructural de violencia que afecta a los jóvenes en el plano económico. Parece existir cierto consenso en que el joven devuelve como violencia social lo que recibe como violencia estructural (De Roux, 1993). [Pág. 2]

(...)

También se consideran formas simbólicas de violencia los contenidos en los medios de comunicación que nutren de imágenes estereotipadas o discriminatorias hacia algunos sectores juveniles, y en las cuales los jóvenes no se reconocen. La producción audiovisual que opera como vector eficaz del manejo sensacionalista y exagerado de hechos violentos, constituye una forma solapada de violencia que contribuye a su tolerancia y su legitimación, o bien al estigma juvenil en que la violencia termina siendo parte de una profecía autocumplida.[Pág. 3]

(...)

Problemas de violencia juvenil

País: Argentina

Primero en importancia: Marginalidad y falta de expectativas
Segundo en importancia: Ausencia de proyectos individuales y sociales, drogadicción
Tercero en importancia: Ausencia de parámetros y modelos, desempleo [Datos, cuadro, Pág. 8]

(...)

Ya a fines de la década de los ochenta del siglo pasado las investigaciones empíricas daban cuenta de la proliferación de pandillas violentas de adolescentes y jóvenes urbanos en ciudades como Guayaquil y Ciudad de México, (Rodríguez, 1996). En Brasil, las investigaciones coinciden en que la mayoría de los jóvenes implicados en asesinatos, sea como víctimas o como agresores, son varones, negros, mulatos y pobres, con edades entre los 15 y los 17 años. En general, suelen residir en las periferias y favelas de los centros urbanos y estar desvinculados del sistema escolar (Willadino Braga, 2003), lo que ratifica una hipótesis ampliamente difundida en la literatura, a saber, que la desafiliación institucional (jóvenes que no estudian ni trabajan) están más expuestos a involucrarse en hechos de violencia, sea como artífices o como víctimas.[Pág. 9]

(...)

Los gobiernos de Honduras y El Salvador han respondido a las pandillas con estrategias represivas de mano dura y leyes que ilegalizan la pertenencia a una pandilla. Estas medidas han forzado a las pandillas a la clandestinidad y como consecuencia, se han vuelo más organizadas. Entretanto, las prisiones han constituido un lugar para el aumento de la cohesión de las pandillas. En general, estas estrategias de “mano dura” no han logrado disminuir el creciente nivel de violencia ni el número de homicidios en esos países (WOLA, 2006). [Pág. 10]

Violencia en la cancha de football

2008-12-19T16:45:00.002-02:00

El exceso de violencia es peligroso, no sabes cuando se va rebelar el oprimido.

Firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2008-12-16T04:15:00.010-02:00

En la página Every Human Has Rights después de hacer referencia a que el año 2008 es el 60 aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos invitan a subscribir la misma. Es llamativo que un particular pueda firmar una declaración pensada para limitar a los Estados, pero hoy en día asumir un rol en defensa de los Derechos Humanos es necesario desde el ámbito en que se lo mire. Por eso, parece que acercar a las personas la declaración y su mensaje, tiende a interiorizar una forma de entender la realidad, que además de ser moral, es jurídica, y que por lo tanto debe respetarse.

Sería interesante que tanto los jueces, fiscales, abogados defensores, funcionarios públicos en general como los ciudadanos argentinos en particular, la leyeran y la firmaran para recordar en un 2009 que se viene difícil para la defensa de los Derechos Humanos, cuáles son los compromisos asumidos internacionalmente por la República Argentina.

Por eso, los invito a leer la Declaración y a firmarla.

He decidido suscribir esta declaración porque:

Quiero asumir la responsabilidad de cumplir con los objetivos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en mi vida cotidiana y en mi comunidad.

Me esforzaré por expresar mi apoyo respecto a la protección de la libertad y los derechos de los demás en mi comunidad.

Suscribo el principio siguiente:

“ Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”

Considero que Todos los seres humanos tenemos derechos.

Francisco N. Ferrón

S. and Marper v. The United Kingdom

2008-12-13T00:30:00.020-02:00

El 04 de diciembre del corriente año la Corte Europea de Derechos Humanos se pronunció sobre los registros de ADN. Como parece que la misma no está orientada a los países de habla hispana, sólo puede leerse en ingles o francés (leer S. and Marpe v. The United Kingdom en ingles)

Cuando tenga más tiempo traduciré el fallo completo o intentaré (si es que no existe un alma caritativa que lo haga antes), pero mientras tanto dejo la traducción de la "Decision of the Court" en "The Press release issued by the Registrar in the case of S. and Marper v. the United Kingdom" by Adrien Raif-Meyer, Tracey Turner-Tretz and Sania Ivedi que pueden leerse completos en ingles (leer) o en francés (leer). Tengo el ingles bastante oxidado, por lo tanto se hace lo que se puede. Hay palabras que son técnicas, y además, es la transcripción de un juicio oral y público.

Corte europea de Derechos Humanos

Comunicado de prensa emitido por el Secretario
Magnifica Cámara de juicios

(...)

La Corte concluyó unánimemente que,

* Ha existido una violación al artículo 8 (derecho al respeto de la privacidad y vida familiar) de la Convención Europea de Derechos Humanos;

* No era necesario examinar separadamente la demanda bajo el artículo 14 (prohibición de discriminación) de la Convención.

I. Hechos

Los actores, S. y Michael Marper, son ambos de nacionalidad británica, nacidos en 1989 y 1963 respectivamente. Viven en Sheffield, Reino Unido.

El caso fue (se trató) sobre la retención (conservación) por las autoridades de las huellas digitales de los actores (solicitantes), muestras celulares y perfiles de ADN, después de que los procesos judiciales contra ellos habían sido terminados por absolución y discontinuado respectivamente.

El 19 de enero de 2001 S. fue detenido y acusado por tentativa de robo. Tenía once (11) años de edad. Fueron tomadas sus huellas digitales y muestras de ADN. Fue absuelto el 14 de junio del 2001. Sr. Marper fue detenido el 13 de marzo del 2001 y acusado por hostigamiento a su pareja. Fueron tomadas sus huellas digitales y muestras de ADN. El 14 de junio del 2001 el caso fue formalmente abandonado porque él y su pareja se habían reconciliado.

Una vez que los procesos terminaron, ambos solicitaron que destruyeran sus huellas digitales, muestras de ADN y los datos personales, pero no obtuvieron éxito. La información había sido almacenada basándose en una ley que autorizaba su retención (conservación) sin límite de tiempo.

II. Procedencia y composición de la Corte.

(..........)

III. Sumario del juicio.

Demanda (solicitud)

Los actores demandaron fundándose en los Artículo 8 y 14 de la Convención, por la retención (conservación) que hizo la autoridad de sus huellas digitales, muestras celulares y datos personales de ADN después de haber sido absueltos.

Decisión de la Corte

Artículo 8

La Corte observó que las muestras celulares contenían mucha información sensible sobre un individuo, incluyendo información sobre su salud. Además, las muestras contenían un código genético único de gran importancia tanto para el individuo afectado como para sus parientes. Considerando la naturaleza y la cantidad de información personal contenida en las muestras celulares, su retención (retention, conservación) per se tuvo que ser considerada como una interferencia (o una afectación) al derecho a que se respete las vidas privadas de los individuos.

Según la opinión de la Corte, la capacidad de los perfiles de ADN de (to, para) proporcionar el medio para (to, de o para) identificar relaciones genéticas entre individuos, era en sí misma suficiente para concluir que su retención (retention, conservación) interfirió (o afectó) el derecho a la vida privada de aquellos individuos (o de las personas). La posibilidad creada por los perfiles de ADN para (o de) sacar deducciones (drawing inferences) sobre el origen étnico hizo su retención (retention, conservación) aún más sensible y susceptible de afectar el derecho a la vida privada.

La Corte concluyó que la retención (conservación) tanto de muestras celulares como de perfiles de ADN equivale a una interferencia (o afectación) al derecho de los solicitantes (requirentes, actores) de que se respete sus vidas privadas, dentro del significado del Artículo 8 § 1 de la Convención.

Las huellas digitales de los peticionantes (solicitantes, actores) fueron tomadas en el contexto de (durante) procedimientos judiciales y posteriormente registradas en una base de datos de escala nacional con el objetivo de ser guardados permanentemente y con regularidad procesados por el(los) medio(s) automatizado(s) para objetivos de identificación criminal. Se aceptó que, debido a la información que ellas contienen, la retención (conservación) de muestras celulares y de los perfiles de ADN tiene (orig. had, tuvo) un mayor impacto (o afectación) sobre la vida privada que la retención (conservación, registración) de huellas digitales. Sin embargo, la Corte consideró que las huellas digitales contienen información única sobre el individuo y su retención (conservación) sin su consentimiento no puede ser considerada como algo neutral o insignificante. La retención (conservación) de huellas digitales puede así mismo dar lugar a preocupaciones importantes en cuestiones la vida privada (conflictos) (intereses) y en consecuencia constituyó una interferencia (afectación) al derecho de que se (le) respete la vida privada.

La Corte observó que, bajo la sección 64 del 1948 Act, las huellas digitales o muestras tomadas de una persona conectada (o en conexión) con la investigación de una infracción (offence, ofensa, delito) podían ser conservadas (retenidas) después de que se hubieran (hubiesen) realizado los objetivos para los cuales fueron tomados. La retención (conservación) de la huella digital de los peticionantes (solicitantes, actores), la(s) muestra(s) biológica(s) y los perfiles de ADN consecuentemente tenían una clara base (se basaban) en la ley interna (domestic law) o ley nacional.

Al mismo tiempo, la Sección 64 era mucho menos exacta (precisa) en cuanto a las condiciones (attached to, adheridas), a las disposiciones para el almacenaje, y (sobre) el uso de esta información personal.

La Corte reiteró que, en este contexto, era esencial tener reglas claras, detalladas, gobernando el alcance y el uso de las medidas, al igual que garantías (safeguards) mínimas. Sin embargo, en su análisis y conclusiones en cuanto a si la interferencia (afectación) era necesaria en una sociedad democrática, la Corte no encontró necesario decidir si la expresión de la sección 64 obtuvo " la calidad de ley " (validez) exigida dentro del significado de Artículo 8 § 2 de la Convención.

La Corte aceptó que la retención (conservación) de huella(s) digital(es) y la información de ADN, persiguió un objetivo legítimo, a saber, la detección, y por lo tanto, la prevención del crimen.

La Corte observó que las huellas digitales, perfiles de ADN y muestras celulares constituyen datos personales dentro del significado del Consejo de Europa de la Convención de 1981 (Convención del Consejo europeo) para la protección de los individuos con respeto al tratamiento automático de datos personales.

La Corte indicó que las leyes locales (internas, nacionales) tuvieron que proporcionar (permitir, posibilitar) garantías apropiadas para prevenir cualquiera de esos usos de (sobre) los datos personales ya que podría ser incoherente con (contradecir) las garantías del Artículo 8 de la Convención. La Corte añadió que la necesidad de tales garantías era mayor cuando la protección de los datos personales automáticamente afectados al tratamiento estaban en juego, (y, pero) no menor cuando tales datos fueron usados para objetivos de policía.

Los intereses de los individuos y de la comunidad sobre la protección de datos personales, incluyendo la huella digital y la información de ADN, podrían ser (orig. could be outweighed by the legitimate interest) mayores que el legítimo interés de la prevención del crimen (de los delitos) (la Corte hace referencia al Art. 9 de la Convención de Protección de Datos). Sin embargo, el carácter intrínsecamente privado de esta información requirió que la Corte ejerciera un cuidadoso examen de cualquier medida Estatal que autorice la retención (conservación) y el empleo por las autoridades sin el consentimiento de la persona involucrada.

La cuestión a ser considerada por la Corte era si era necesaria en una sociedad democrática la retención (conservación) de la(s) huella(s) digital(es) y los datos de ADN de los peticionantes (solicitantes, actores), como personas que habían sido sospechadas (acusadas, imputadas), pero no condenadas por los delitos.

La Corte tomó (tuvo) en consideración los principios receptados en los instrumentos del Consejo de Europa, la ley y la práctica de otros Estados parte, de acuerdo a los cuales la(s) retención(es) de los datos tenían que (debían) ser proporcional(es) en relación al propósito de la colección y (además de) ser limitada en el tiempo. Estos principios han sido aplicados coherentemente (sistemáticamente, consistentemente) por los Estados parte en el ámbito policial, de acuerdo a (con) la Convención de Protección de Datos 1981 y las subsiguientes recomendaciones dadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

En cuanto a, más precisamente, las muestras celulares, la mayoría de los Estados parte permitieron que sean tomadas en procedimientos judiciales sólo de individuos sospechados de haber cometido infracciones (ofensas, delitos) de una cierta gravedad mínima (orig. certain minimum gravity, de una cierta mínima gravedad). La gran mayoría de los Estados parte en que funcionan bases de datos de ADN, muestras y perfiles de ADN derivados de aquellas muestras, fueron intimados para que sean quitadas o destruidas inmediatamente o dentro de un cierto tiempo limitado después de la absolución o del sobreseimiento. Algunos Estados parte permitieron un número limitado de excepciones a este principio.

La Corte notó (observó) que Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte aparentaron ser las únicas jurisdicciones dentro del Consejo de Europa que permiten la retención (conservación) indefinida de huella(s) digital(es) y de material(es) de ADN de cualquier persona y de cualquier edad, sospechada de las infracción(es) (delito/s) registrable(es).

Esto vislumbró (observó) que la protección del Artículo 8 de la Convención sería inaceptablemente debilitada si al emplearse las técnicas científicas modernas en el (los) sistema(s) de justicia criminal(es) estos se permitieran bajo cualquier costo y sin un cuidado equilibrio entra las ventajas potenciales del empleo extensivo de tales técnicas y los intereses de la vida privada. Cualquier Estado asumiendo un rol de pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías soportó (cargó) la responsabilidad especial de desestabilizar (strike, golpe) el adecuando equilibrio en el asunto.

La Corte fue asombrada (struck, golpeada) (se asombró) por la naturaleza general e indistinta del poder de retención (conservación) en Inglaterra y Gales. En particular, estos podían ser conservados independientemente de la edad, de la naturaleza o de la gravedad de la infracción (delito) por la cual el individuo era sospechado; la retención (conservación) no estaba limitada en el tiempo; y ahí (allí, allá) sólo existían posibilidades limitadas para un individuo absuelto de que retirara sus datos de la base nacional o (or, o/y) de que destruyan los materiales.

La Corte expresó una preocupación particular sobre el riesgo de la estigmatización, estimando desde el hecho (considerando) que personas en la posición de los aspirantes (actores), que no habían sido condenados de ninguna infracción (delito) y protegidos por la presunción de inocencia, fueron tratados de la misma manera que personas condenadas. Era cierto que la retención (conservación) de los datos privados de los aspirantes (actores) no podían ser comparados con las sospechas. Sin embargo, su percepción de que no estaban siendo tratados como inocentes fue aumentada por el hecho de que sus datos fueron conservados indefinidamente de la misma manera que los datos de las personas condenadas, mientras que los datos de los que nunca han sido sospechados de una ofensa eran requeridos para ser destruidos.

La Corte yendo más lejos consideró que la retención (conservación) de los datos de personas no condenadas podría ser sobre todo dañosa (o dañina) en el caso de menores como el primer peticionante (actor), considerando su situación especial y la importancia de su desarrollo e integración en la sociedad. Además consideraron que una atención particular tuvo que haber sido tenida (paid, pagada) para la protección de menores ante cualquier perjuicio que pudiera resultar de la retención (conservación) por las autoridades de sus datos privados después de absueltos de un delito.

Para concluir la Corte encontró que la naturaleza general e indistinta de los poderes de retención (conservación) de las huellas digitales, muestras celulares y los perfiles de ADN de personas sospechadas pero no condenadas por infracciones (ofensas), como fue aplicado en el caso de los peticionantes (solicitantes, actores) presentes, falló (erró) al intentar encontrar un equilibrio justo entre los intereses públicos e intereses privados, y que el Estado acusado sobrepasó en cuanto a esto cualquier margen aceptable de apreciación. En consecuencia la retención (conservación) en cuestión constituyó una desproporcionada interferencia en el derecho de los peticionantes (solicitantes, actores) a que se respete su vida privada y que no pudo ser (no fue) respetado como es necesario en una sociedad democrática. La Corte concluyó unánimemente que en este caso hubo una violación del Artículo 8.

Artículo 14 en conjunto con el artículo 8

A la luz del razonamiento up supra que condujo a la conclusión bajo el Artículo 8, la Corte consideró unánimemente que no era necesario examinar separadamente la demanda bajo el Artículo 14.

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Toda traducción es una interpretación. No guarda exacta literalidad con el original pero intenta transmitir lo que se pronunció.

¿Presunciones contra hominem?

2008-11-25T12:24:00.003-02:00

El reciente fallo plenario "Díaz Bessone" de la Cámara Nacional de Casación Penal, en el cual se analiza si las presunciones de los artículos 316 y 319 del CPPN son iure et de iure o iuris tantum, demuestra que la legislación argentina luego de la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, no se condice con la "nueva" normativa incorporada en 1994.

Las presunciones de dichos artículos -sean iure et de iure o iuris tantum- crean una inversión de la presunción de inocencia hacia una presunción de culpabilidad, además de aceptarse -legalmente- presunciones en contra del principio pro hominem.

Todas estas presunciones que no hacen más que demostrar el corte inquisitivo del CPPN, chocan con los postulados de la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos en cuanto desnaturalizan el principio de inocencia y de la interpretación pro hominen que debe hacerse del conjunto normativo. Principios fundamentales de nuestra organización política.

En principio el onus probandi se encuentra en cabeza del Estado, quien debe demostrar que la persona sometida a proceso intentará evadir la justicia o entorpecerá las investigaciones. Pruebas que deben ser serias y completas, y aunque sea prácticamente imposible demostrarlo, son los riegos que debe asumir el Estado por intentar hacer futurología.

De todas formas, debe entenderse que estos artículos enumeran indicios que deben tener en cuentas los jueces, y que no pueden ser tenidos como presunciones porque contradecirían el principio de inocencia. Por eso y en base a que las normas deben ser interpretadas de una forma armónica que intente mantener la vigencia de todas, debe aceptarse que son simplemente indicios, directivas a tener en cuenta por el juez al momento de determinar si corresponde mantener la prisión preventiva.

Por otra lado, la prisión cautelar sólo puede ser utilizada para evitar los peligros procesales, nunca para inocuizar la supuesta -presunción contra hominem- peligrosidad del imputado. Si el sujeto es peligroso o no, es una cuestión que escapa al análisis de la necesidad de la cautela. Además la peligrosidad del sujeto se encuentra deslegitimada por el ordenamiento jurídico que sólo permite aplicar sanciones por actos u omisiones, no por personalidades. Y en el caso de aplicar una cautela por la supuesta peligrosidad, nos estaríamos enfrentando con una contradicción del principio de inocencia. Suponiendo que el sujeto es peligroso, presumimos su culpabilidad.

Ahora bien, ¿puede nuestro Código Procesal Penal Nacional incorporar presunciones contra hominem? Parece que no, chocaría contra la filosofía de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que tienden a proteger a la persona con presunciones a su favor, no en su contra. Por eso es que reitero, los artículos 316 y 319 CPPN deben ser entendidos como simple indicios, nunca como presunciones.

¿Censura en Alemania?

2008-11-16T00:54:00.010-02:00

Según nos cuenta Marta Salazar en Politicos de izquierda hacen bloquear wikipedia.de, en Alemania se suspendió el acceso al dominio directo de Wikipedia de Alemania, aunque pueden entrar indirectamente -porque prohibir en internet no es fácil-. Si entramos en wikipedia.de vamos a leer la explicación y que Wikipedia .Inc apeló la resolución judicial.

Ahora bien, no se por qué esto me hace acordar a CONTRA LA CENSURA DE SERVINI QUE CUBRIA, de AB. Que en el fondo es lo mismo, es una violación al art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, hoy en día están violándoles sus derechos a todos los alemanes como hace unos días nos lo hacían a nosotros.

Lo más llamativo, es que no son casos aislados. Porque si uno investiga un poquito va a ver p. ej. en la imagen de arriba, que en varios países se censura. Por cuestiones políticas o ideologícas. También se censura a investigadores o revisionistas, como es en el caso de Holowiz, reflexiones y revisiones sobre el holocausto judio donde se lo cerraron.

Estos temas deberían importar, porque a cualquiera le puede tocar que lo censuren. Y en la era de la información, en donde el traspaso de los saberes a distintas partes del mundo, nos enriquece, la información tiene muchísimo valor y poder trasmitirla es lo que nos hace libres a su acceso. Es decir, las ideas están protegidas jurídicamente, y la idea sin la posibilidad de extereorización no sirve de nada. El pensamiento necesita trascender, es una necesidad "biológica" de la idea como "un ser" o "deber ser".

No por nada el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Y en igual sentido nuestro artículo 14 de la CN "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos ... publicar sus ideas por la prensa sin censura previa ... de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

No son buenas señales las violaciones a los Derechos Humanos. Esperemos que esto cambie, aunque no es nada nuevo y en Argentina también pasa, es más me ha pasado de intentar entrar en páginas y que me diga, ese dominio no está permitido para su zona (Argentina). No hay que dejar que pisoteen nuestros derechos.

Niños en conflicto con la ley

2008-11-02T03:53:00.018-02:00

(...) E. Detención de niños*

54. La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, sus disposiciones no han sido debidamente trasladadas a la legislación interna. El Grupo de Trabajo recibió denuncias del arresto y detención de niños por debajo de la edad de responsabilidad penal, incluso de niños de nueve años. En algunas comisarías que visitó encontró niños detenidos al lado de mayores, la mayoría "niños de la calle" y mendigos. Algunos, ante la necesidad de ayudar económicamente a sus familias, se convirtieron en pequeños traficantes de drogas o pequeños contrabandistas. Otros devinieron miembros de bandas infantiles o juveniles y en ese contexto cometieron hurtos, robos y asaltos.
Este es un creciente problema social en el país. Debe tenerse en cuenta que los niños son
especialmente vulnerables, no tienen capacidad de respuesta ni de protesta. La delegación pudo
visitar institutos de menores donde se mantiene a niños en detención de manera contraria a las
obligaciones internacionales asumidas por la Argentina. Pudo observar niños desnutridos, si no
hambrientos, con graves carencias de vestimenta y calzado, enfermos de sarna, impedidos de ver
la luz del día y de respirar aire libre durante meses.

"Este duro tratamiento infligido a los niños
produce efectos totalmente contraproducentes. En lugar de contribuir a su re-educación, genera
en ellos mayor violencia. Algunos son entrenados por mayores en la comisión de actos
delictivos. Los institutos de menores visitados se convierten así en auténticas escuelas de
delincuencia".

55. Particularmente dramática es la situación en la provincia de Mendoza. El Grupo de
Trabajo fue informado que la policía de la provincia suele detener a "niños de la calle" y a niños
mendigos en el centro de la ciudad y trasladarlos a la Comisaría Tercera y no a establecimientos
de menores. Las autoridades provinciales informaron a la delegación que no se trata de
detenciones, sino de aprehensiones, efectuadas en virtud de los artículos 16, inciso 6), y 122 de
la Ley 6354. En las comisarías se inician actuaciones sumariales y se genera un expediente
judicial. Los ingresos de los niños son registrados como antecedentes. El juez sólo interviene
a posteriori. En otra provincia la delegación fue informada que no se trata de detenciones sino
del simple retiro o recojo de los niños de la vía pública.

56. En opinión del Grupo de Trabajo el problema principal es que ni la en la legislación, ni en
la práctica se realiza la necesaria distinción entre las diferentes categorías de niños en problema.
Se detiene a niños que han violado la ley pero también a niños totalmente inocentes, por razones
de protección. La delegación conoció el caso de un niño arrestado por la presunta comisión de
un delito, que fue declarado inocente por el juez; sin embargo, fue enviado a un centro de
detención para asegurar su protección. Así, en las comisarías e institutos de menores visitados se
pudo comprobar la convivencia de niños con problemas con la ley con niños en necesidad de
protección, con niños en situación de riesgo y con niños mendigos. Ninguno de los menores
entrevistados en el COSE de Mendoza había sido alguna vez escuchado por el juez, según
declaración unánime. Debe atenderse a las diferentes particularidades de cada caso y a las
diferentes necesidades educacionales de cada niño. El Grupo de Trabajo no necesita insistir en
el daño que se está haciendo con estas prácticas a la integridad física y psíquica de los que
constituyen el futuro del país. (...)

(...) 62. Si bien el Grupo es consciente que la inseguridad ciudadana es un problema de
preocupación principal en el país, el descuido y la desatención de los derechos de los detenidos
no constituyen un medio efectivo para luchar contra ese problema, sino que, al contrario, lo
agrava. (...)

(...) 73. "Particular atención debe prestarse al cumplimiento de la Convención sobre los
Derechos del Niño en lo relativo a la práctica de arresto y detención de menores. Debe respetarse lo establecido por los instrumentos internacionales respecto a la edad mínima de responsabilidad penal. Debe revisarse la práctica de detener niños en razón de su supuesta protección, de detener niños mendigos, de detener "niños de la calle", y erradicarse su envío a comisarías de policía. El poder judicial debe ser invitado a revisar la actuación de los jueces que mantienen niños en detención durante meses sin haberles escuchado. El poder ejecutivo debe revisar la situación de los niños en los institutos de menores. Debe distinguirse el tratamiento reservado a los niños en conflicto con la ley con aquél reservado a los menores en situación de riesgo o en situación irregular y el reservado a los niños que sufren carencias particulares, y sobretodo revisarse la necesidad y conveniencia de disponer la detención de dichos menores". (...)

* Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, 23 de diciembre de 2003. LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON: LA TORTURA Y DE LA DETENCIÓN. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Visita a Argentina.
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La embestida ahora es contra los más indefensos y a quienes algunos intentan ayudar para un mejor porvenir. No a la cautividad de los NIÑOS.

Delito contra la libertad de prensa

2008-10-30T01:58:00.021-02:00

El Art. 161 del código penal prescribe: "Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico".

Dentro de este tipo penal hay varios términos que habría que actualizar al siglo XXI, ya que la doctrina p. ej. Donna o Creus, al hablar del mismo expresan que tanto el libro como el periódico deben ser impresos para quedar protegidos por la norma penal. Pero hoy en día, el avance de los medios de comunicación y la digitalización del canal de la información, reclaman la protección de los libros o periódicos digitales.

Podríamos decir que el fin de la norma es el de evitar la censura previa en la publicación de las ideas, protegidas por el Art. 14 de la Constitución Nacional, yendo más allá de la libertad de prensa. Las ideas hoy son publicadas no sólo en papel, sino que a través de páginas webs, revistas digitales, mails, blogs, etc. Por eso y por ser la posibilidad de expresarlas el motor de toda democracia y de la evolución social, es de suma importancia su protección.

Con respecto al contenido de la información, es necesario mencionar que en 1906 se sancionaba publicar contenidos ilícitos, pero que posteriormente, en 1917, se eliminó lo referente a los contenidos ilícitos al observarse que ello podría acarrear censura previa. Lo que me lleva a dudar sobre la validez del Art. 3 de la ley 23.592 que pena a los que "realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma". Dejando en claro que personalmente no sostengo dichas ideas, pero si sostengo la libertad de publicarlas sin censura previa. Si la libertad de expresión se limitare a lo que el Estado determine como licito, desaparecería la posibilidad de generar nuevas ideas y se estaría censurando.

Por otro lado, estorbar o impedir la libre circulación de un libro o un periódico y los derechos de autor parecen colisionar. Por ejemplo, el cobro de un precio cierto en dinero para acceder a la información, impide la libre circulación, porque libre es sin obstaculizar. Aunque duela a las editoriales, es libre quien tiene los medios económicos para pagar el precio, los demás se ven impedidos. Pero en un sistema capitalista ¿qué podrían hacer para subsistir los editores si no es cobrar? La censura previa aparecería al vulnerarse el derecho de la sociedad a la información, a las ideas, a las creaciones intelectuales. Porque ¿qué sentido tendría publicar ideas si no pueden llegar a la población? ¿O acaso el acceso a la información es sólo para los que pueden pagarla?

Si observamos el tipo penal, es notoria la vaguedad del mismo, por lo tanto es necesario definir el alcance de la expresión "estorbar o impedir la libre circulación". El cual va a estar influenciado por la ideología de quien la defina, por ejemplo abarcando o no el cobro del acceso a la información como una forma de estorbar o impedirla, y por lo tanto como conducta delictiva. Pero entonces ¿qué pasaría con el derecho a trabajar y a ejercer toda industria licita? Licita sería siempre y cuando no contravenga una norma legal, como el artículo bajo análisis. Porque el comercio se encuentra limitado, no todo se puede comercializar, como p. ej. los estupefacientes, que están fuera del comercio. Pero las ideas ¿se pueden comercializar?

Los frutos del intelecto vienen condicionados en gran medida por el contexto historio, político, económico y cultural de la persona que piensa, toma datos, los analiza y los sintetiza. El razonamiento se encuentra estructurado sobre pilares dogmaticos heredados por las generaciones y que tienden a la evolución del ser humano. Una persona fuera de la sociedad, en estado naturalis no lograría superar la edad de piedra, pero la historia le da herramientas que lo ayudan a solucionar los nuevos conflictos y lo inician como un ser contemporáneo. Si nos olvidamos de esto, es fácil deducir que las ideas son de quien las tiene y concluir que forman parte de su propiedad y como tal comercializables. Sin embargo, si aceptamos que sin la sociedad la persona no hubiera podido realizar la idea, es difícil defender que sea propietario de la misma. La idea como propiedad privada choca con su naturaliza innata, que es la de trascender a través de la comunicación a la sociedad. Si limitamos trasmitir la información con un "derecho de paso", la estamos censurando, estamos estorbando o impidiendo la libre circulación.

En igual sentido, todo esto destruiría el comercio de las ideas, gran motor (¿u obstáculo?) de su evolución.

¿La clase de pena vincula al juez?

2008-10-25T14:07:00.009-02:00

La pena como medio de reinserción de un individuo a la sociedad, se encuentra limitada por el código penal en cuatro formas, prisión, reclusión, multa e inhabilitación. A su vez cada conducta delictiva posee una sanción específica dentro de la norma que castiga la conducta. Esta pena o medida de reinserción obliga al juez a aplicarla, sin tener en cuenta realmente qué es lo que en realidad debería o le convendría hacer al sujeto que violó el comportamiento deseado o mejor dicho, que obró de acuerdo al comportamiento prescripto.

Gracias al principio de legalidad, el tipo debe describir acabadamente la conducta y la sanción, para que el sujeto conozca de antemano el proceder indeseado y su consecuencia y operen a su vez las teorías de la prevención general negativa y positiva, impidiéndole al poder judicial aplicar otra pena que sea más gravosa que la prescripta en la ley penal.

¿Pero si es una pena menos gravosa?

Doctrina autorizada viene sosteniendo que los mínimos legales de los tipos penales no son vinculantes para el juez, al poder violarse el principio de proporcionalidad o de culpabilidad de la pena, generando en caso contrario un reproche excesivo para el sujeto. Este razonamiento de la mano del principio pro hominem comienzan a tender una mano para humanizar las penas y a la vez hacerlas más efectivas.

Ahora bien, supongamos que una persona conduciendo su automóvil atropella a otra y le produce lesiones graves, el tipo penal autoriza al juez para aplicarle una sanción que no puede exceder los 15 años de prisión si es un delito doloso y 3 años de prisión o multa de $15.000 más inhabilitación por 4 años si es culposo. Como vemos el juez tiene para elegir entre privarlo de la libertad o sancionarlo económicamente, más inhabilitación.

En igual sentido, si de acuerdo a las características del delito el sujeto "merece" otra clase de medida socializadora, p. ej., acudir a los hospitales a ayudar a las personas lesionadas en accidentes de tránsito a rehabilitarse, forma efectiva y a no dudarlo de concientización del individuo, salvo que se llegue a una suspensión del juicio a prueba, difícil en el caso de ser un delito doloso, el juez tiene las manos atadas para aplicar la pena antedicha. Es decir que desperdiciamos la efectividad de la medida socializadora en el caso de existir "malicia" que podría reducir notablemente esta clase de delitos.

En estos supuestos, no siendo vinculates los mínimos penales para el juez y en base al principio pro hominem, debería poderse aplicar una pena menor y diferente -menos gravosa pero más efectiva- al sujeto para poder socializarse, tomando conciencia de que su actuar fue disvalioso. Por supuesto, respetando el máximo legal, tope al ius puniendi del Estado y respetándose la dignidad de la persona.

Resulta poco creible resocializar a un individuo aplicandole las penas del código penal. ¿En que medida puede cambiarle el comportamiento a un sujeto privarlo de la libertad ambulatoria si su acto delictivo no tuvo que ver con ella? ¿Por qué privar de la libertad a un sujeto que demostró malicia o desinterés en vez de concientizarlo de la importancia de no dañar a otro? No puede ser que para cualquier delito se tenga que aplicar prisión, multa o inhabilitación. Con esas sanciones las penas siguen siendo meramente retributivas.

No hay que discriminar

2008-10-22T20:09:00.010-02:00

¿Qué diferencia existe entre una adicción y un mal hábito?

La RAE define la adicción como "Hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna o algunas drogas tóxicas, o por la afición desmedida a ciertos juegos." Mientras que al hábito lo define como "Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas." A renglón seguido dice que hábito es "Situación de dependencia respecto de ciertas drogas."

Por lo tanto, una adicción es un hábito que produce dependencia, admitiéndose que hasta podría ser instintiva, y un hábito, situación de dependencia, es una adicción (?) Que raro, suena tautológico.

De todas formas, me interesa más la primera definición de hábito, como un "modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas", porque parece demostrar mejor el significado de la palabra.

Ahora bien, pregunto, si la adicción se origina en una tendencia instintiva, al prohibirse determinados hábitos, ¿no estaremos prohibiendo "la forma de ser" innata de determinadas personas? ¿Qué diferencia hay entre prohibir un color de piel y prohibir una expresión de una personalidad? Por supuesto que en el pasado no se prohibía el color de piel, se prohibía que la persona de color (?) viajara junto a las personas con falta de color (?), digamos que como hoy en día se suele hacer, indirectamente se prohibían personalidades, discriminando injustamente en razón de un ideal deber ser.

Por otro lado, un proceder adquirido por repetición, suena mucho a costumbre, a cultura, a usos sociales, que, como tales, pueden ser valorados moralmente. Y es acá donde quería llegar.

Quien crea en una moral absoluta e inmutable está descontextualizado, es un ser del pasado en un presente que no comprende, un presente mutable y relativo, dinámico y subjetivo, que se nutre de la pluralidad de visiones y no del absolutismo, el absolutismo lo dejamos para los monarcas decapitados. Hoy en día no se puede imponer una verdad, porque ella no existe como tal cosa universal.

Entonces, el hábito, modo común del hombre de adquirir estabilidad en una "realidad" inestable, es necesario para equilibrarnos, y si es necesario es bueno (?), pero dependiendo de quién lo analice es malo, por lo tanto ya no tiene sentido valorar el hábito moralmente, porque se autocancela.

De todas formas, la democracia entendida como una "filosofía de vida" necesita de la diversidad, hasta el cansancio habrá que repetir que los distintos sólo son diferentes en la proyección ideal que hacemos, en sustancia, somos la misma cosa, la misma especie, pero con distintos gustos.

Por eso, por favor, no me discriminen.

(YO fumador)

Como hacemos una pericia informatica sobre un e-mail

2008-06-15T16:04:00.002-03:00

Después de una discusión en el foro de la Asociación Pensamiento Penal sobre si era posible realizar el delito de amenazas a través de un e-mail (pregunta sobre amenazas) y la respuesta afirmativa de todos los que participaron en la misma, surgió de lo dicho por Peter que era necesario demostrar a través de un perito informatico el envió del e-mail por el imputado y la recepción de la victima.

Pero para eso es necesario manegar el concepto de IP (Internet Protocolo) que nos podría tender una mano si en algún momento necesitamos identificar computadoras.

Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 del modelo de referencia OSI.

Es habitual que un usuario que se conecta desde su hogar a Internet utilice una dirección IP. Esta dirección puede cambiar al reconectar; y a esta forma de asignación de dirección IP se denomina una dirección IP dinámica (normalmente se abrevia como IP dinámica).

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados, generalmente tienen una dirección IP fija (se aplica la misma reducción por IP fija o IP estática), es decir, no cambia con el tiempo. Los servidores de correo, DNS, FTP públicos, y servidores de páginas web necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se permite su localización en la red. Por ejemplo 200.21.33.44 (más info)

Una vez entendido lo anterior, si se recibe un e-mail y queremos saber el IP de quien nos lo envió, depende del mail que utilicemos es lo que hay que hacer, pero como usualmente se utilizan los mismos paso a enunciar los más comúnes:

I) Si lo recibimos a través del Outlook, le hacemos click con el boton derecho al mensaje y vamos a propiedades, después click en detalles y veremos el IP de quien envió el e-mail y el nuestro.

II) Si lo recibimos a través de Hotmail, abrimos el correo de Hotmail, vamos a Opciones, luego a Configuracion de Pantalla de Correo, una vez ahí, en la última opcion "Encabezados de mensajes" seleccionamos Avanzado.
A partir de ahora, cada vez que abramos un e-mail, en la parte de arriba nos saldran unas palabras y entre ellas veremos una IP, esa es la IP de la persona que te mandó el email.
Otra forma con Hotmail Live es haciendole click con el boton derecho al remiente del e-mail, click en "Ver código de fuente" y buscar "Received: from "xxx.xx.xx.xxx" by web54202.mail.re2.yahoo.com.

III) Si lo recibimos con Yahoo, vamos a Opciones, luego a "Cambiar correo yahoo! clasico", una vez ahí, hacemos click otra vez en Opciones, vamos a "Preferencias Generales" y buscamos "Mensajes", le hacemos click a "Mostrar encabezados completos en los mensajes recibidos".
Una vez hecho esto, entramos a un e-mail y sobre el nombre de la persona que nos lo envió
vemos "X-Originating-IP: xxx.xxx.xx.xx" que sería el IP del remitente.

IV) Otro de los Mails que se suelen utilizar es Gmail, lo que debemos hacer es abrir el e-mail, le damos click a la flechita al lado de "Responder", luego le damos click a "Mostrar original" y buscamos "Received: from smtp-03.xxx.com.ar (smtp-xx.xxx.com.ar [xxx.xx.xxx.xx])" lo que está entre corchetes [xxx.xx.xxx.xx] sería el IP.

Todos estos mecanismos son de utilizadad si no tomamos en cuenta que existen muchos usuarios de internet que se conectan desde IPs dinamicas, desde cyberscafes y desde conexiones wi fi en bares o universidades. Además de que hay usuarios más avanzados que utilizan proxys para eludir mostrar su IP o enmascararla. Todas estas formas van aumentado a medida que evolucionan las tecnologías y por lo tanto se vuelve más dificil encontrar al sujeto.

Igualmente, una vez que conseguimos el IP de la persona podemos averiguar de que parte el mundo es y de que localidad y con un poco más de conocimiento hasta la zona especifica de ubicacion, dirección, nombre del titular de la conexión y hasta su telefono. Pero todo esto depende de la astucia, conocimientos y suerte que tenga la persona que intenta descubrirlo.
Una buena página para conseguir información podria ser Ip-adress.com

Los estupefacientes, el prohibicionismo ante la educación.

2008-04-25T21:55:00.012-03:00

Por Francisco N. Ferrón

    Creo que lo fundamental en éste tema es la educación de la población en general y del consumidor en particular. Pero esto es diametralmente opuesto al prohibicionismo.

    El prohibicionismo -autoritario- no permite el libre juego de los argumentos, sino que intenta determinar de antemano que pienses lo que pienses no importa. Es la típica expresión ipso iure. Y que tanto atenta contra el principio de racionalidad de los actos de gobierno. Justamente, porque la disparidad está en que educar es pensar y prohibir obedecer.

    En igual sentido, la prohibición de una conducta lleva aparejado -en mayor o en menor medida- una connotación negativa, que determina la inmoralidad de la acción. No todas las personas pueden diferenciar entre delito y pecado, que mínimamente están –en algo- relacionados.

    Dentro de una sociedad como la nuestra -que está en pañales en el entendimiento de lo que es un Estado de Derecho- se genera a través del prohibicionismo, un juego de inmoralidad-tabú-ilicitud. Del cual hay que salir paulatinamente con la evolución de la sociedad. Porque el tabú impide el libre dialogo y el profundo entendimiento de las cosas.

    Pero por otro lado, tenemos entendimientos más profundos de la realidad, en donde se comprende que el delito no necesariamente es inmoral y por lo tanto el tabú no juega papel alguno en el asunto. Para estos casos, una norma que prohíba conductas inmorales es perfectamente repudiable. Porque el Estado no puede inmiscuirse en las valoraciones individuales de las conductas, aunque indirectamente lo haga al prohibirla.

    Creo que no hay que olvidarse que el placer no es ni fue siempre bien visto, típico ejemplo es el sexo. "Que inmoral son los promiscuos". "Que poco respeto a su persona mantener relaciones sexuales con muchas personas", dicen.

    Sin embargo, lo que antes era un tabú, paulatinamente fue y va evolucionando. Hoy en día la libertad sexual es mucho más amplia que en el pasado. Ya no es muy común llegar virgen al matrimonio, si es que se llega.

    Con esto quiero decir que la moral -como todos sabemos- va cambiando y que las normas no pueden desoír esa evolución. Porque si una norma es injusta tarde o temprano deja de obedecerse. El papel estático de las normas y el dinámico de la realidad social, tienen que ir armonizándose. Si es que se intenta que no sean simplemente declaraciones vacías y sin sentido.

    De todas formas, ésta dicotomía entre el tabú y la inmoralidad van de la mano del oscurantismo, de la ignorancia y de falta de necesidad de modificar la realidad. Una realidad en la cual pienses lo que pienses se debe obedecer, o sea, estamos frente al prohibicionismo.

    Por eso, el proceso de entendimiento y de evolución social, es mucho más difícil en estos casos, porque la sociedad tiene que vencer mayores obstáculos para comprender el verdadero substractum de lo real. Pero que, sin duda, puede ser llevado a cabo de todas formas.

    Igualmente, si hay que inclinarse por algún tipo de política determinada, lo mejor sería inclinarse por la educativa, que es en la cual se pueden conjugar mejor los derechos individuales con los sociales, respetando la libertad de decisión de cada individuo pero en miras al bien común. Y sin criminalizar conductas que posteriormente son declaradas inconstitucionales por inmiscuirse en la esfera privada de las personas.

Tu lo sabes, yo lo se, ¿ellos lo saben?

2007-12-18T12:04:00.000-03:00

Por Francisco N. Ferrón

Desde los mismos confines de la inquisición, el Estado se organizó para reprimir o retirar de la competencia determinados individuos que, o se oponían a las políticas públicas o eran por algún motivo en particular indeseados para los gobernantes.

Cuenta Foucault -en su celebre libro Vigilar y Castigar- que las cárceles como instituciones receptoras o contenedoras de personas –como consecuencia de una sanción- son algo relativamente reciente en la evolución de la humanidad. Aunque hoy en día la custodia de esas personas privadas de [su] libertad es algo accesorio para resocializar esas almas “perdidas”, que socialmente son consideradas indeseables.

Sin embargo, observando la realidad, parece que es necesario continuar gastando poco y nada en instituciones que más que perturbar personas no hacen, aunque se podría decir que el único beneficio que tienen es el de albergar dentro de ellas un cúmulo inimaginable de individuos “débiles de moral”, olvidados sociales, excluidos de la mayoría de sus derechos como personas, insatisfechos en sus necesidades mas elementales, para -por el otro lado- proteger a la otra parte de la sociedad que se encuentra fuera de las mismas.

Es interesante imaginar cuantas cosas se podrían hacer en vez de privar de [su] derecho a la libertad a personas que -por más que pueda pesar- son descartados sociales.

El excluido social no importa, sólo me interesa una vez que interfirió en mi vida causándome un perjuicio, y como no lo pienso tolerar, intento alejar de mi todo lo que tenga que ver con él. Ese que antes no era nadie en mi vida y –que tampoco me interesaba- ahora es un delincuente que no deseo ni que respire. Él me causo un mal, y por eso quiero que sufra, que pase el resto de su vida sufriendo y pensando todo el mal que me hizo y le hizo a la sociedad. Ya no me interesa otra cosa que no sea verlo sufrir el resto de su vida, y si puede ser más tiempo mejor, que también sufra en el infierno si es que existe, pero por las dudas que sufra en la tierra lo suficiente como para que yo quede satisfecho de haberle inflingido bastante mal como para que se acuerde siempre del mal que él hizo.

Llamativo pero cierto. Ésta es la simple finalidad que tienen hoy en día las cárceles, hacer sufrir a una persona que hizo sufrir a otra u otros. No tiene más ciencia que esa, por eso, considero necesario contrastar la realidad con los dogmáticos que confunden diciendo que la finalidad de la pena privativa de la libertad es la de resocializar al delincuente. Eso es mentira, no socializas o resocializas a una persona enseñándole a vivir [la] libertad privándola de ella. Es contradictorio enseñar a hacer algo no permitiéndoselo hacer.

La realidad demuestra que las personas que entran en las cárceles no salen resocializadas, salen peor. Acumulan el remordimiento de sentir durante muchos años el mal inflingido por la Justicia a causa de su acto socialmente disvalioso. Pero aceptando que la violencia sólo genera más violencia, y siendo la principal la que el Estado imparte con la falta de distribución equitativa de la riqueza, de la falta de políticas de integración social, de generación de empleo, educación, etc., no puede esperarse que quienes son –en primer lugar- violentados, posteriormente actúen sin violencia. (¿Más papista que el papa?)

Entonces, creo que es tiempo de recapacitar y darnos cuenta que la solución no viene por el lado de aumentar las penas, o crear más cárceles. Viene por el lado de diseñar una sociedad más equitativa, donde no exista la necesidad de ir a cometer delitos, donde cada uno respete al otro por una cuestión de principios y no por una imposición coactiva, donde la violencia no sea ejercida día a día por el Estado, o que un niño de 3 años tenga que salir a pedir monedas para ayudar a sus padres.

Si somos un poquito observadores, vamos a poder entender que tanto el hombre como la sociedad, son parte de una realidad violenta. Naturalmente la violencia es utilizada como un medio para conseguir determinados fines, pero lo que nos diferencia de una sociedad civilizada y de una no tanto, es la dosificación en el tiempo de impartir violencia.

Por eso, procurar disminuir la violencia –en cualquier ámbito-, es algo por lo cual todos deberíamos luchar, siempre y cuando tengamos intenciones de vivir en una sociedad relativamente civilizada, en miras al bien común, a la paz y al progreso de la humanidad en su conjunto.

¿Cómo valoramos las cosas?

2007-10-22T19:45:00.000-03:00

Por Francisco N. Ferrón

Existen actitudes que realmente me desconciertan.

Actitudes incoherentes, irracionales e ilógicas se ven en todos lados y a cualquier hora.

Con el simple hecho de mirar televisión, escuchar a las personas hablar, leer un diario o navegar por una Web, nos encontramos con una realidad –podríamos decir- un poco bizarra y hasta alarmante.

Se leen noticias que nos cuentan sobre homicidios, violaciones, secuestros y todo tipo de delitos violentos – ¿y aberrantes?- que nos deja anonadados.

Pero lo que más me llama la atención es en si, las opiniones que generan las noticias, o lo que dicen los entrevistados y periodistas. (Que ¿necesariamente? realizan una valoración de los hechos y la exteriorizan).

Por ejemplo: hace unos días una mujer mato a un joven de 20 años que le había entrado a robar (Noticia), varios individuos privados de su libertad fueron golpeados, desnudados, vejados, en una cárcel de Misiones (Noticia).

En el primero de los casos se lee que una mujer mató en legitima defensa (¿?) a un delincuente que le estaba robando. Si, legitima defensa, ¿de que? De su derecho de propiedad sobre las cosas. O sea que una persona tiene el derecho de quitarle la vida a otra porque le está robando. Pero, ¿cuál es el bien jurídico más valioso del ordenamiento jurídico? O ¿qué es lo que la sociedad valora más?

Creo que muy pocas personas serían capaces de afirmar que un auto vale -o es más valioso- que una vida. Pero bueno, ahí es en donde veo una incoherencia.

Considero que no es legítima la defensa de una persona que para salvar su patrimonio tiene que matar a otra.

No es coherente que el bien jurídico más importante para el derecho sea la vida y que pueda destruirse para salvar un bien jurídico de menor valor, la propiedad privada.

- No existe ponderación de bienes en la legítima defensa (dice una doctrina).

- ¿Cómo?

- No, no existe.

- ¿Pero qué es lo que hace el individuo que se ve amenazado de un robo o es robado y mata al “delincuente”?

No se, personalmente, diría que el sujeto hace una valoración del hecho –la lesión a su patrimonio y la lesión al bien jurídico vida del “delincuente”- y decide que es más importante la propiedad privada que la vida.

¿No existe ponderación? Yo creo que si. Pero la doctrina tiende a olvidarse o a cerrar los ojos por un ratito y decir “yo no vi nada”, “acá no pasó nada” y dar vuelta la página.

Bien jurídico más importante, la vida, bien jurídico de menor valor, la propiedad privada. Se mata para salvar la propiedad privada y es legítima defensa. Incoherente.

Legítima defensa se da cuando se intenta repeler una agresión ilegitima a un bien jurídico afectando otro bien jurídico, sin importar el valor del bien jurídico afectado.

¿Es legítimo matar para salvar la propiedad privada?

Es legítimo defenderse, de eso estamos todos de acuerdo, pero ¿puede ser legal matar a otra persona cuando no corre riesgo la vida o en forma indeterminada la integridad corporal? Fácticamente puede ser, pero nunca justo.

Más sorprendente me resulta leer comentarios legitimando vejaciones, mal tratos, torturas y hasta homicidios propiciados contra “delincuentes”.

Dicen: “si está preso es por algo”, “en vez de preocuparse por los delincuentes, preocúpense por las victimas”, “habría que matarlos para evitar mantenerlos y gastar plata del Estado”, “porque hay que respetar sus derechos humanos, si ellos no respetaron los de otros”.

Sin embargo, no hay que olvidarse de algunas cuestiones.

En primer lugar, la dignidad de las personas como cualidad innata de todo individuo. Ésta dignidad no puede –nunca- ser olvidada por la sociedad. Es innegable que todos somos iguales ante la ley (Art. 16 CN), la ley reconoce la dignidad como bien jurídicamente protegido, por lo tanto, es contradictorio decir que algunas personas merecen que se les respete la dignad y otras no.

La Declaración Universal de Derechos Humanos dice:

Artículo I

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

En segundo lugar, proponer matar a una persona para evitar gastar plata del Estado, es absurdo. Un Estado de derecho –como el nuestro- no puede matar a un individuo -sin violar disposiciones de derecho internacional- ni incorporar la pena de muerte a su ordenamiento interno.

Artículo III (de la misma declaración)

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos dice:

Artículo IV Inc. III

“No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.

La Argentina es uno de los Estados que la han abolido y al incluir en el Art. 75 Inc. 22 los tratados de derechos humanos como normas constitucionales, no se restablecerá,

En tercer lugar, y aunque cueste comprenderlo, tanto los “delincuentes” como los afectados por los delitos, son victimas de un Estado ausente. De un Estado que en vez de priorizar la educación, la distribución equitativa de la riqueza, la producción de empleo, etc., aumenta las penas de los delitos, llena las cárceles de jóvenes, y destruye las esperanzas de los que pretendemos un país mejor.

Por último, y para ir finalizando con éste post, no quiero dejar de referirme a lo importante que es una sociedad respetuosa de los derechos humanos. Sin una conciente y completa interpretación e integración de todos y cada uno de los derechos que como humanos tenemos, no podríamos nunca llegar a desarrollarnos como personas y como sociedad. Es fundamental comprender que todos somos iguales y que el odio, la violencia y la intolerancia, no nos ayudan a mejorar, todo lo contrario, nos termina dándole la razón a Hobbes, de que el hombre, es el lobo del hombre.

Llamemos a las cosas por su nombre

2007-09-22T16:59:00.001-03:00

Por Francisco N. Ferrón

Una cuestión que me llama mucho la atención es el empecinamiento que existe en la doctrina procesalista de cambiar los nombres o maneras de hacer mención a los individuos de la sociedad cuando están enfrentados al órgano jurisdiccional.
No es de extrañar que toda persona que se ve sometida a un proceso penal, en el transcurso del mismo y posteriormente, sea individualizada de una forma determinada. Al comenzar el proceso se lo llama imputado, detenido, "demorado", "sospechoso de la comisión de un delito", etc. Posteriormente se lo denomina procesado, reo, preso, "delincuente", privado de su libertad, tumbero, etc.
Lo que resulta evidente, es la intención de hacer notar ante los ojos de la sociedad que tal individuo se encuentra cumpliendo un rol determinado dentro de una realidad concreta. Ésta realidad es parte de una realidad más amplia, la realidad social.
Dentro de la realidad social todos los individuos somos personas, sujetos de derechos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. Mediante lo cual se resalta en cada uno de los sustantivos una dignidad particular y una valoración social positiva.

Tal vez esté equivocado, pero personalmente interpreto que la sociedad cuando lee o escucha la palabra preso, delincuente, tumbero, procesado, imputado y demás, hace una valoración negativa de la persona a la cual se la caracterizada con dicho sustantivo. Indignificando (utilicemos neologías) al sujeto portador del mismo y apartándolo -si se quiere decir- del hombre, de la mujer, del sujeto de derechos, de la persona, en sí, de un individuo que goza de cierto grado de dignidad por el simple hecho de formar parte de la realidad social. No hay que olvidar la enorme asociación que todavía existe entre delito y pecado.

Esto me lleva -conjuntamente a lo anterior y aunque sea muy sutil la analogía- a cuestionar la caracterización que se hace de los individuos por su ubicación social tanto educativa como económica. Que desde el Derecho Romano, gracias a la reforma de Servio Tulio que organizó a la sociedad romana -en cuestiones castrenses principalmente- según el número de extensión territorial que se poseía. Librando las decisiones del "Estado" a un porcentaje de individuos con mayor capital. Se reforzó -de ésta manera- la tesis de hacer distinciones dentro de la realidad social por el poder económico. Que al fin y al cabo, no tiene otro resultado que diferenciarnos.

Para finalizar me gustaría recordar que cuando una persona se ve sometida a un proceso penal, no por ello pierde su dignidad. Por lo tanto llamemosles por su nombre.

Independencia del Poder Judicial

2007-04-06T16:46:00.000-03:00

Por Francisco N. Ferrón.

Introducción

Hace no muchos días, hemos sido testigos de una de las tantas intromisiones del Poder Ejecutivo Nacional sobre otro de los poderes en que se organiza una Republica, El Poder Judicial.

Muchos deben estar de acuerdo –y no me excluyo- de la necesaria celeridad de los procesos judiciales. Porque es un deber, un derecho y una obligación por parte de las instituciones encargadas de juzgar los actos sucedidos hace varios años, en los que se vio envuelta toda la humanidad y más precisamente la población argentina.

La rápida resolución de lo sucedido es –indudablemente- algo que todos creemos necesario. Pero esto, no debe llevarnos a legitimar una conducta errónea por parte de uno de los poderes del Estado.

La importancia y resonancia que tienen las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional -sobre la población- a la hora de generar juicios valorativos con respecto al accionar de otras instituciones -más precisamente del accionar del Poder Judicial- puede ser sumamente trascendente para la formación del juicio en la sociedad.

Como decía un filósofo muy reconocido por todos y por quienes no tuvieron la suerte de estudiarlo o leerlo que igualmente han podido aprender de sus palabras ya que el concepto esta implícito en gran parte de la sociedad. “El fin no justifica los medios”. Emmanuel Kant (1724 - 1804). Con esto estoy tratando de decir que -tal vez- el fin del Poder Ejecutivo Nacional no era incorrecto, pero el medio que utilizó no era el adecuado -lo debería saber- siendo el poder que representa a toda la población frente a otros países, la ventana al mundo entero.

Que es la independencia judicial

En palabras bien simples, la organización de un Estado en varios órganos encargados de llevar adelante diferentes tareas, recibe el nombre de división de poderes, o podría llamarse división de funciones, o de atributos, delegados o enmendados mediante la Constitución Nacional por la población hacia un grupo determinado de personas que cumplen en un periodo –también determinado- las potestades delegadas.

Esta organización en forma de una Republica es receptada por nuestro ordenamiento jurídico a través de una de las fuentes de consulta de los constituyentes de 1853 para la creación de nuestra Constitución Nacional, la Constitución de Virginia de 1776 que en su Art. V reza “Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado deben estar separados…”.

Ésta a su vez tuvo como fuente “El espíritu de las leyes” de Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu (1689-1755) que paso a citar: “Cuando el poder legislativo esta unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente.

Tampoco hay libertad si el poder judicial no esta separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos seria arbitrario, pues el juez seria al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.

Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nombres o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares.” Cap. VI, Libro XI “El espiritu de las Leyes” Montesquieu. Traducción Mercedes Blázquez y Pedro de Vega. (Año 1980).

Concordantemente con los principios de una Republica, como enuncia la Constitución Nacional en su Art. 1 “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece esta Constiticón” y en su Art. 109. Quedando impedido el Poder Ejecutivo de “ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas."p. 568 DALLA VIA, Alberto R. "Manual de derecho constitucional" editorial NexisNexis año 2004.

En síntesis, la independencia judicial es la imposibilidad que tienen los otros poderes de intervenir en la realización de las potestades o atribuciones delegadas por el pueblo -como soberano- en cabeza de uno de los órganos encargados de llevarlo a cabo.

Conclusión

Si tomamos en cuenta el sistema adoptado por nuestra Constitución Nacional y observamos como es el proceder de las distintas instituciones legales en la realidad cotidiana, podemos evidenciar cómo el Poder Ejecutivo Nacional a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia y mediante estos actos públicos en los cuales se arroga facultades vedadas por el ordenamiento jurídico, realiza todo tipo de violaciones a la Constitución Nacional.

Estos actos inconstitucionales destruyen la tan añorada seguridad jurídica del sistema y por ende de toda la población en su conjunto. Por lo cual no deben ser ni repetidos, ni defendidos y mucho menos legitimados por los demás poderes del Estado.

Quien sostenga lo contrario –indudablemente- esta en contra de una organización Republicana de gobierno, lo cual –tal vez- no sea infructífero pero no es acorde a nuestro ordenamiento jurídico.

Aborto si aborto no

2007-03-02T19:16:00.000-03:00

Por Francisco N. Ferrón

Me gustaría desarrollar cuales son los fundamentos de las dos posturas más encontradas de la dogmática penal en relación al aborto.

Aborto si.

Principalmente desde una visión pro abortista, -los que propugnan esta idea- sostienen sintéticamente que la vida de la madre, receptora del feto embrionario en desarrollo en su interior, en ciertas ocasiones tiene derecho -basados en un estado de necesidad- a librarse o interrumpir el curso normal del embarazo. Esta tendencia o pensamiento pondera -compara- ciertos bienes que serían lesionados o menoscabados si la gestación continuara, como el derecho de la madre a elegir su futuro, planificación familiar, situación socioeconómica, etc. Basándose en que la madre o progenitora –al ser un ente con “vida”- tiene más derechos -o es mas valiosa- que el embrión en gestación considerándolo en pos de vida o con probabilidades de tener vida. Esta tendencia es limitada por otra menos absolutista que le reconoce al feto vida a partir de los 45 días de gestación. Por lo tanto, se podría realizar el aborto antes de cumplidos los 45 días, fecha estimativa en que se comienza a desarrollar el sistema nervioso del feto.

Por esos fundamentos, esta postura no le reconoce al feto la cualidad de ser un ente con vida, no siendo el aborto un homicidio.

Aborto no.

En la otra vereda, nos encontramos con quienes sostienen que el feto posee un alma y que desde la concepción en el ceno materno, es un ente viviente. Por esto mismo, el aborto es un homicidio y debe ser sancionado como tal. Consideran que la madre es una mera receptora por nueve meses del feto y que no tiene derecho de interrumpir el embarazo bajo ninguna circunstancia.

Dentro de esta tendencia podemos ubicar a una postura más limitada que sostiene que el embarazo solo puede interrumpirse en ciertos casos de grave peligro para la madre o en situaciones en las cuales el nacitur no podría sobrevivir después del alumbramiento por fallas congénitas o deformaciones graves como la acefalía -ausencia de la cabeza-.

De una forma sintética traté de plasmar cuales son las dos posturas más controvertidas dentro de la discusión entorno al aborto. Lo cual no quiere decir que no haya dejado de lado ciertas posturas más o menos controvertidas.

Que piensa la medicina.

La vida es un bien jurídico fundamental para la existencia de los demás derechos. Es la base de toda construcción conceptual y espiritual de la humanidad. Sin vida no existe libertad, honor, igualdad, ni todos los derechos creados en base a la posibilidad de la existencia y de la posibilidad de nacer y de ser un humano.

Ahora bien, definir cuando existe vida y cuando no es algo que escapa a la ley y a la decisión de un legislador. No se puede precisar legalmente si en la concepción en el ceno materno o a los 45 días o 3 meses el feto tiene vida. Para eso es necesario introducirse en el área de la medicina y observar a partir de cuando -científicamente- el embrión comienza a sentir, o sea cuando tiene desarrollado el sistema nervioso –el aparato sensitivo de las personas-.

Desde la medicina –la ciencia que tiene como finalidad la salud- se descarta la posibilidad de sentimientos o pensamientos del embrión en gestación hasta los 3 meses, por la falta de terminación en el desarrollo del sistema nervioso. Esto significa que si no siente, ni piensa, no vive. La muerte cerebral se da cuando un individuo deja de recibir los impulsos exteriores en su cerebro, por lo tanto, hay una desconexión entre el mundo y el ser. La falta de desarrollo del sistema nervioso impide cualquier tipo de percepción, sentimiento, pensamiento. No existe conexión entre el mundo exterior y el individuo ni percibe los impulsos externos ni internos. Por lo tanto, hasta los 3 meses no existe vida, ni el feto podría llegar a sentir tenerla.

Conclusión.

Siendo un tema tan controvertido y sin una solución pacifica en la sociedad, considero que debería existir la posibilidad de que cada persona elija que cree correcto o más conveniente para la planificación de su vida, tanto en pareja como de forma soltera.

Si desde el Estado se penaliza el aborto o la interrupción del embarazo, se esta aceptando una de las posturas anteriormente enunciadas, tomando partida por una concepción teleológica e imponiendo a los ciudadanos una forma de creencia. Que por supuesto, no es concebible que un Estado de Derecho imponga un estilo de pensamiento, creencia o culto.

Por eso, más allá de que mis convicciones no me permitirían abortar, no creo que sea adecuado imponerles mi decisión a personas que piensan de una forma distinta a la mía por medio de una ley que penalice la conducta contraria. Debiendo no intervenir el Estado en esa clase de decisiones tan íntimas y de difícil realización.

Utopía o futuro.

Me gustaría dejar plasmada una inquietud que me surgió con respecto al tema desarrollado. ¿Qué sucedería si la madre desea terminar el embarazo pero el padre se opone a la decisión? O vicervesa.

Por supuesto, todo esto debería plantearse una vez que se llegue a la despenalización del aborto.

Pero me animo a decir que en un futuro se llegará a litigar por este tipo de pretensiones en la orbita familiar.

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Fuente del debate desarrollado en Pensamiento Penal. Bovino, "Aborto impune y derecho al aborto"

El Estado de Derecho y los Estupefacientes

2007-02-16T00:27:00.000-03:00

Por Francisco N. Ferrón

Libertad de expresión, bien gracias.

Cuando hago referencia al termino “estupefacientes” lo utilizo como “sustancias (que) provocan embrutecimiento moral e intelectual”1. Características que resaltan –indudablemente- el fundamento de su abolición. Y por que no decirlo, arbitrario y tan débil que es protegido por distintos tipos penales, como el de apología al crimen Art. 213 CP Argentino, en el que se prohíbe expresamente hacer públicamente y por cualquier medio apología –termino vago y redundante- de un delito. Con todo esto quiero decir, que la cuestión de los estupefacientes, es un tema prohibido de debatir, siempre y cuando se este a favor de su despenalización. Por supuesto, esto contraría el Art. 14 CN Argentina, en donde se consagra la libertad de publicar -expresar- las ideas por la prensa sin censura previa, de enseñar y aprender. Libertades imprescindible en un Estado de Derecho, que priorice la educación, el progreso social y sobre todo el entendimiento de los conceptos y la maduración de las ideas.

Delito o enfermedad: contradicción terminológica.

Otro sub tema que aspiro a desarrollar, es como las políticas internas de los países se contradicen con los fines que tratan de proteger.
El fundamento de la prohibición del consumo de estupefacientes es el resguardo de la salud de la población –la salud pública-. Que es continuamente avasallada por el flagelo de la drogadicción, en la cual cada vez más temprano y más jóvenes entran en su padecimiento, por falta de metas, incentivos sociales, educación, futuro y aspiraciones.
Desde la visión de los profesionales de la salud, la drogadicción es considerada una enfermedad -gran avance- pero desde el derecho es considerada un delito. Esta contradicción terminológica lleva a que las personas que consumen estupefacientes, oculten su realización -por temor a ser sancionados- y sea imposible llegar a una concientización del padecimiento en una “enfermedad” y que –bajo su consentimiento- pueden ser ayudados a desintoxicarse.

Ahora bien, según la definición de la OMS -Organización Mundial de la Salud- enfermedad es el desequilibrio de los aspectos físico, mental y social o dicho en sus palabras “salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social”. Esto nos lleva a decir, que cualquier alteración en alguno de los aspectos anteriormente citados acarrea una enfermedad.
Es indudable que hoy en día -siglo XXI- el enfermo es considerado una pobre persona, que esta pasando por un padecimiento injustificado y que seria bueno que fuera curado. Pero, esta distinción entre enfermos y “sanos” nos lleva a discriminar –inconcientemente o no- a estas personas. El enfermo, no es el normal, sino todo lo contrario, es el anormal que tiene un desequilibrio en alguno de los aspectos físicos, mentales o sociales.
Esta concepción del drogadicto como enfermo, termina “enfermándolo” más, por la alteración que sufre en el ámbito social, que termina por excluirlo de la realidad al ser considerado un anormal y por lo tanto extraño a la sociedad, dentro de la normalidad.

Sin lugar a duda es de destacar el avance que existe en la temática, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy en día se trata de redirigir la problemática hacia la salud y no hacia la delincuencia. Característica que vale la pena resaltar por ser evidente la búsqueda de otros medios para solucionarlo.
No quiero dejar de referirme a la distinción que existe entre un consumidor habitual y un consumidor esporádico. Que legalmente es considerado de la misma forma y hasta se podría decir que el adicto o consumidor habitual, tiene mayor protección que el que consume esporádicamente, al permitírsele cumplir una pena alternativa de desintoxicación en un establecimiento adecuado o medida curativa. Mientras que al consumidor esporádico –quien no manifiesta signos de adicción- se le aplica la pena por tenencia de estupefacientes, introduciéndolo en el ámbito del servicio penitenciario y apartándolo de su familia y empleo.

Logros obtenidos con la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

La ley 23.737 en su Art. 14 pena a el que tuviera en su poder estupefacientes. Esta tipificación de un delito de simple tenencia, lleva a preguntarnos cual es la afectación a la salud pública en la tenencia o portación de una escasa cantidad de estupefaciente, que bien jurídico se ve lesionado, y si es realmente trascendente como para poner en funcionamiento el aparato estatal judicial para repeler o remediar esta -supuesta- afectación. Sin lugar a dudas, el gasto que lleva aparejado la persecución de delitos de esta índole, no tiene sustento argumentativo eficaz para contradecir la inutilidad del mecanismo. Los países como Estados Unidos -el que más invierte en la persecución de estos delitos- se ven enfrentados a una realidad incuestionable. Mientras más invierten en su abolición, más desprotegen otros ámbitos en los cuales deberían invertir, como la educación, la salud, la industria. Esto lleva al empobrecimiento o deterioro de otros aspectos más importantes que deben cuidar los Estados y subsidiariamente al deterioro de la población en su conjunto.
La penalización lleva como resultado la creación de organizaciones criminales encargadas de producir sustancias ilegales, de transportarlas y de venderlas, con una enorme impunidad por el caudal económico que manejan, libres de impuestos y de verificaciones de calidad.
Los consumidores –no obstante su prohibición- continúan consumiendo –valga la redundancia- sustancias cada vez más adulteradas, por falta de control, al ser sustancias prohibidas y extrañas a los mecanismo de fiscalización y de evaluación de calidad. Consumen estupefacientes de los cuales no se sabe el origen ni su elaboración. Desconocen los efectos nocivos y los riesgos que traen aparejados, por faltar políticas de educación al consumidor y preventivas.

Inconstitucionalidad del la penalización de la tenencia para consumo personal

El Art. 19 de la CN Argentina reza “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden o a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. El Art. 28 enuncia “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”,
Una vez asentado cuales son las libertades reconocidas por la CN Argentina, esto es, la libertad de hacer lo que se quiere, siempre y cuando no se perjudique a un tercero, se observa la contradicción entre el Art. 14 de la ley 23.737 y el Art. 19 de la CN Argentina. En donde la ley sanciona una conducta que no perjudica -sin lugar a dudas- a un tercero, el único que “sufre un perjuicio” es quien lo realiza. Se puede entender esta acción como una autolesión infringida bajo su voluntad y en donde el Estado no tiene facultad a entrometerse, como en ninguna otra actividad que no lesione a un 3ro. La salud privada, individual, es infranqueable para el Estado, y se deben respetar las decisiones de los particulares, en lo referente a su creencia y culto. Sin lugar a duda se lesiona el principio de autonomía de la voluntad reconocido constitucionalmente y el principio de lesión de un bien jurídico (¿lesividad?) para poder aplicar una pena.
Todo esto, relacionado en el ámbito de la medicina, en donde el médico no puede y no debe realizar intervención algúna a un paciente que no lo desee, por que justamente lo que transforma en atípicas las lesiones producidas por el médico con el bisturí al paciente es el consentimiento del mismo paciente, respetándose por encima de todo la autonomía de la voluntad de la persona que debe ser sometida a una tratamiento curativo.

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1 Antonio Escotado Traducción: Carlos E González. Versión original publicada en Drogas, hegemonía do cinismo
de Melo Ribeiro M. y Seibel S. Memorial, San Pablo, 1997 http://www.escohotado.org