Comunicado de prensa Asociación Pensamiento Penal



Ante hechos de público conocimiento, por el cual funcionarios municipales, provinciales y nacionales han requerido la promoción de juicio político y destitución de los jueces del Departamento Judicial de San Isidro, Rafael Sal Lari y Esteban Rossignoli, la Asociación “Pensamiento Penal” se ve en la obligación de reiterar, una vez más, su profunda preocupación por la lesión al Estado de Derecho que esas acciones y manifestaciones públicas producen, conduciendo a una gravísima degradación institucional.

Las decisiones jurisdiccionales emitidas por los jueces Sal Lari y Rossignoli, como toda decisión judicial, resultan opinables, y el ordenamiento procesal ha previsto instancias de revisión para que otra instancia analice su adecuación a derecho.

El juicio político es un procedimiento excepcional, reservado para casos institucionalmente graves, que no se vinculen al análisis de las situaciones jurídicas que deben resolver los jueces en cada caso concreto; sino que esta vinculado a inconductas o incompetencias en el ejercicio de su función. La naturaleza política del juicio, atiende a los órganos encargados de sustanciarlo, y no a la naturaleza del juicio, que requiere, como todo proceso, el estricto cumplimiento de garantías constitucionales establecidas en beneficio de todos.

La sociedad argentina en general, y la bonaerense en particular, merecen y deben tener, una judicatura calificada e independiente, cuyos pronunciamientos dependan de la aplicación estricta del derecho al caso concreto, y no de la ponderación política del momento, sobre los eventuales resultados de esa decisión.

Cuando funcionarios públicos aparecen en los medios de comunicación, asimilando la función jurisdiccional a un empleado administrativo, evaluado por “sus resultados”, que debe ser destituido por el “gusto” del momento, y no por las razones jurídicas que hacen a su pronunciamiento, fulminan públicamente la independencia del poder judicial.

No se trata aquí de formular una defensa corporativa de uno u otro juez, puesto que con independencia de la injusticia personal que pueden significar esas declaraciones públicas (como ha sucedido antes con otros jueces de la provincia), lo relevante desde el punto de vista institucional es la pérdida de imparcialidad de la justicia como poder independiente del Estado, y última barrera de defensa de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución Nacional.

Las lecciones de la historia dan cuenta de las consecuencias sociales en que se traduce la pérdida de independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado. La vida, libertad, y bienes de los individuos quedan así sujetos a la voluntad del gobernante de turno, sin límite institucional alguno.

Al fin de cuenta el Poder Judicial está constituido por hombres y mujeres, que están y pasan, con sus justicias e injusticias, pero el esquema institucional que se pretende establecer, sobre la base de evaluar la conducta de los jueces bajo una difusa relación de resultados, fulmina la independencia de los poderes, y transforma en injusta a la sociedad toda, cuyas consecuencias serán en un futuro próximo padecida por todos.

La llamada “inseguridad” es un problema serio, que afecta a todos los ciudadanos, incluso aquellos que son parte del Poder Judicial, y requiere soluciones serias que involucren un entendimiento entre todos los poderes del Estado; y no, por el contrario, declaraciones y acciones contrarias al derecho, que lejos de estar destinadas a la construcción de una sociedad mejor (respetuosa del Estado de derecho), se detiene en la coyuntura electoral del momento.

Han pasado algo más de 25 años de la recuperación democrática, y aún hoy existen serias y manifiestas deficiencias en el verdadero reconocimiento y ejercicio de los llamados derechos humanos de segunda y tercera generación; lejos nos encontraremos de honrar aquella, negando los derechos humanos básicos.

Desde este ámbito hemos expresado reiteradamente nuestra preocupación por la lesión a la independencia del Poder Judicial, que actualmente se encuentra quizá en su coyuntura más grave. Por eso reclamados la mesura y la reflexión a todos los poderes públicos, para la realización de un ejercicio responsable de las diversas áreas que cada uno ocupa, alejados de la coyuntura y de pretensos réditos electorales del momento, permitan construir un espacio de respeto institucional que conlleven a la realización de una sociedad mas igualitaria y justa, lo que jamás podrá realizarse sin la real vigencia y respeto de los derechos humanos.

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