La tolerancia cero se manifiesta

Detienen 81 personas que cuidaban coches


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Después iran por los malabaristas, los limpiavidrios, los lavacoches, las prostitutas, las travestis, los mendigos, los vendedores ambulantes. En fin, si hay miseria que no se note.

CIDH Solicita información a Guatemala

Comunicado de Prensa No. 14/09

CIDH SOLICITA INFORMACIÓN A GUATEMALA

Washington, D.C., 27 de marzo de 2009 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el secuestro de la señora Gladis Elizabeth Monterroso Velásquez de Morales, esposa del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, quien fue sometida a torturas y vejámenes por sus secuestradores.

Según la información recibida por la CIDH, el 25 de marzo de 2009, el secuestro de la señora Monterroso Velásquez de Morales tuvo lugar en un contexto de denuncias sobre amenazas y agresiones contra funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y de la apertura al público del Archivo Histórico de la Policía Nacional correspondiente al período 1975-1985. Este archivo contendría pruebas sobre la participación de la Policía Nacional en ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegales durante el conflicto armado interno guatemalteco.

La CIDH solicitó información al Estado de Guatemala sobre los hechos relacionados al secuestro de la señora Monterroso Velásquez de Morales, en base a lo establecido en el Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

María Isabel Rivero
Directora de Prensa y Difusión de la CIDH

Un día cargado de ideología política

El de 17 de marzo se cumplieron 17 años del atentado
a la embajada de Israel, en el que murieron 29 personas y resultaron heridas más de 200. A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó la personería jurídica al Partido Nuevo Triunfo, un partido político que propugna ideas de la Alemania nazi.

El fallo confirma por unanimidad lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Electoral también por unanimidad, que a su vez confirmó lo resulto por el juez de primera instancia en lo Electoral, es decir, hubieron 11 jueces que se expidieron sobre el asunto y los 11 resolvieron lo mismo. Las ideas nazis no encuentran asidero alguno en la sociedad argentina, o sea, abogar por ideas tales como la superioridad de alguna raza (concepto extinto), o la inferioridad de los homosexuales (se puede hacer extensivo a cualquier elección sexual), de los drogadictos, extranjeros, (¿y podríamos agregar "delincuentes"?), contradicen la normativa interna de la mano de los Pactos internacionales de Derechos Humanos.

Este fallo es de fundamental importancia para echarnos luz en lo que respecta a los límites de la libertad de expresión. No todas las voces pueden oírse. Las voces que hacen propaganda política discriminatoria no se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión, por lo menos en las legislaturas, ámbito por excelencia de la libertad de opinión y de expresión, donde -supuestamente- se expresan los funcionarios en representación del pueblo y las provincias.

Este es un tema que me viene dando vueltas en la cabeza hace rato, y no tengo todavía una opinio bien definida. De todas formas, si vamos a la génesis de los instrumentos internacionales de derechos humanos vemos que estos fueron el efecto de la Alemania nazi, fueron y son una forma de impedir que estas concepciones vuelvan a ponerse en práctica.

Es decir, la libertad de expresión -derecho humano fundamental- llega hasta el discurso que intenta destruir el sistema de los derechos humanos, por la simple razón de que un sistema no podría permitir su autodestrucción.

Ahora bien, lo que considero verdaderamente importante es que cuando las sociedades crean un enemigo (los judíos, los guitános, los negros, los musulmanes, los homosexuales, los travestis, los niños, los delincuentes, etc) generan una notable discriminación. Se empiezan a levantar voces que piden que no se les reconozcan sus derechos fundamentales, tales como la vida, la libertad, la integridad física, la dignidad, la privacidad. Llegando en muchos casos a encontrar cabida en los representantes del pueblo.

Con el problema de la inseguridad, aparecen mediáticos afirmando que hay que matar al que mata, y toda una zarza de estupideces. Estas expresiones no tendrían cabida en las legislaturas, ¿pero en las calles y en los medios?

Me parece que tampoco, por la simple razón de que se estaría haciendo propaganda política a favor del discurso del odio.

De todas formas, ¿qué diferencia existe entre prohibir un partido socialista, comunista, liberal, neoliberal, y uno nazi? Más allá de que no creo ni sostengo ninguna de las ideas nazis, ¿una sociedad democratica no debería dejar que expresen sus ideas?

Von Liszt: Clasificación de los delincuentes

En base al post de Seba (leer Pena Shock Pena Sacudón) y a (leer Lombroso y la "terapia del delito") surgió la duda de a qué se refería la jueza con una pena Shock. Por mi parte creo que la magistrada hacia referencia a la tercera clase de delincuentes de Von Liszt. De todas formas, por lo significativo del tema cito textualmente al autor sobre esta interesante clasificacion de delincuentes hecha en La idea de fin en el derecho penal en el año 1882. Es decir, hace más de 125 años, pero que hoy en día algunas personas atrasadas -para no decir retrasadas- siguen sosteniendo incólumes.

(...)


PRIMER GRUPO: Los irrecuperables. El combate enérgico contra la reincidencia es una de las tareas más importantes del presente. Tal como un miembro enfermo envenena todo el organismo, de la misma manera el cáncer de la reincidencia opera con creciente profundidad en nuestra vida social. El doctrinarismo dominante en el campo de la ciencia del Derecho penal ha cargado sobre sí una grave culpa. En efecto, sumido en construcciones puramente conceptuales, se ha mantenido hasta el día de hoy —prescindiendo de algunas escasas excepciones— al margen de la cuestión.

La lucha contra la delincuencia habitual presupone un conocimiento exacto de ella. Y éste falta hasta ahora. Se trata, aunque sea de un miembro, del más importante y peligroso en aquella cadena de síntomas de enfermedades sociales, que nosotros solemos reunir en la denominación global de proletariado. Mendigos y vagabundos, prostituidos de ambos sexos y alcohólicos, rufianes y demimondaines, en el sentido más amplio, degenerados espirituales y corporales, todos ellos conforman el ejército de enemigos fundamentales del orden social, en cuyas tropas más distinguidas reconocen filas estos delincuentes. Mientras no hayamos encarado el rufianaje bajo el prisma éticosocial, es un vano intento el de encarar la delincuencia habitual corno tal. Mucho tendrá que servirnos al respecto la estadística moral; mucho, en especial, su aplicación en el campo de la antropología criminal, la que aun hoy carece de un método confiable. Pero no podemos esperar hasta que tales tareas se cumplan.Y tampoco precisamos esperar.

La delincuencia habitual encuentra su expresión jurídica en las cifras estadísticas de la reincidencia. De ellas, no obstante su imperfección, que nadie niega, podemos inferir hechos valiosos; hechos que nos ofrecerían base suficiente para una intervención inmediata.

En primer lugar, el hecho de que los reincidentes constituyen la mayoría de los delincuentes, y los irrecuperables, la mayoría de los reincidentes. Apoyo estas afirmaciones, por un lado, en los cálculos de Sichart para Wurttemberg "; por otro, en la estadística carcelaria oficial prusiana para el ano que va del 19 de abril de 1880 al 1° de abril de 1881, recientemente publicada.

Las cifras hablan por sí solas. Confirman que nuestro actual tratamiento del reincidente es equivocado e insostenible; comprueban que al menos la mitad de todas las personas que anualmente pueblan nuestros establecimientos carcelarios, son delincuentes habituales irrecuperables. Pretender corregir a tal gente en presidios celulares, a un costo muy alto, carece simplemente de sentido; y lanzarlos al contacto con el público luego de algunos años, como una fiera, y volver a encarcelarlos y a -corregirlos- al cabo de dos años, después de que hayan vuelto a cometer tres o cuatro nuevos delitos, es más que una insensatez, y cosa distinta de una insensatez. Pero nuestro sistema penal de límites lo permite y lo exige; la -retribución" queda satisfecha y la ciencia penal está tan preocupada con la doctrina de la relación de causalidad, así como con la controversia sobre los delitos de omisión y otras cosas, que su tiempo no alcanza para ocuparse de estas bagatelas.

La sociedad debe protegerse de los irrecuperables, y como no podemos decapitar ni ahorcar, y como no nos es dado deportar, no nos queda otra cosa que la privación de libertad de por vida (en su caso, por tiempo indeterminado).

Antes de decidirme a proseguir con el desarrollo de esta idea, quiero constatar otro hecho. Será tarea de la estadística criminal el comprobar qué delitos son los que suelen cometerse habitualmente; en tal empeño, la antropología criminal está en condiciones de prestar servicios importantes. Pero, sobre la base de los resultados hoy disponibles, podemos trazar con alguna certeza el contorno de estos delitos. Son, en primer lugar, los delitos contra la propiedad; en segundo término, ciertos delitos contra las buenas costumbres, es decir, aquellos delitos que arrancan de los más fuertes y originarios instintos humanos. Dicho con más precisión, los siguientes serian los delitos que se podría citar al respecto: hurto, alcahuetería, robo, extorsión, estafa, incendio, daños, atentados sexuales y corrupción de menores. Naturalmente, no queda excluida una complementación o una corrección de esta lista sobre la base de observaciones más exactas.

La "eliminación de la peligrosidad" me la figuro de la siguiente manera. El Código penal debería determinar —en la misma forma que los parágrafos 244 y 245 del Código vigente— que una tercera condena por uno de los delitos mencionados más arriba llevaría a una reclusión por tiempo indeterminado. La pena se cumpliría en comunidad en recintos especiales (presidios). Ella consistiría en una "servidumbre penal", bajo la más severa obligación de trabajo y la mayor explotación posible de la fuerza de trabajo.

Como sanción disciplinaria, la pena corporal sería casi inevitable. Una pérdida obligatoria y perpetua de los derechos civiles y honoríficos debiera señalar el carácter incondicionalmente deshonroso de la pena.

La reclusión individual sólo operaría como sanción disciplinaria, combinada con reclusión en cámara oscura y ayuno estricto.

No se precisaría perder toda esperanza de una vuelta a la sociedad. Los errores de los jueces son siempre posibles. Pero la esperanza debiera ser lejana, y la liberación, muy excepcional. Cada cinco años la Comisión revisora anexa al tribunal en cuya jurisdicción se haya dictado la condena, podría presentar una propuesta de liberación. Si la Sala criminal de la Corte diera lugar a esta solicitud, se procedería a entregar al condenado a los establecimientos correccionales que se mencionarán más adelante. Un mal comportamiento tendría como consecuencia el regreso al presidio.

En lo esencial, se trataría, pues, de un obviamente significativo agravamiento y extensión de la pena por reincidencia que establece nuestro Código penal. Aquí se encontraría el punto de encuentro con cuantos, considerando como algo "históricamente dado" nuestro sistema penal de límites, se opongan por principio a toda reforma radical de éste.


SEGUNDO GRUPO: Los que precisan de corrección. El círculo de aquellos delitos que suelen ser cometidos de manera habitual encierra a la vez nuestro segundo grupo. Los delincuentes habituales se reclutan entre los individuos que precisan corrección, que por predisposiciones heredadas o adquiridas han llegado a la delincuencia, pero que no son aún casos perdidos sin esperanza. Las pequeñas cárceles son las principales agencias de enganche, pero los asilos para canallas, las cantinas y los burdeles les disputan tal privilegio. Estos principiantes de la carrera delictiva pueden, en numerosos casos, ser salvados. Pero ello, sólo por una seria y duradera disciplina. El mínimo de la pena de privación de libertad que opera en estos casos no debiera, en general, bajar del año. No existe nada más corruptor y contradictorio que nuestra pena corta privativa de libertad contra los aprendices de la carrera de delincuente. Aquí, más que en cualquier otro caso, lleva la sociedad la parte del león en la culpa bajo la cual cede el futuro delincuente habitual.

Prácticamente, el asunto debiera estructurarse de la siguiente manera: En la primera y segunda comisión de alguna de las acciones penadas que se mencionan más arriba, el tribunal debe disponer la remisión a un establecimiento correccional. La sentencia llevaría consigo suspensión y no pérdida de los derechos honoríficos. La duración de la pena (que no se determinaría en la sentencia) no sería inferior a un año ni superior a cinco. El castigo comenzaría con reclusión unicelular. En el caso de buen comportamiento, el Consejo de vigilancia podría decidir un traslado a una progresiva reclusión comunitaria. Debe recurrirse al trabajo y a la educación básica como medios para fortalecer la fuerza de resistencia. La pena corporal como sanción disciplinaria quedaría en todo caso excluida. El Consejo de vigilancia podría proponer, una vez al año, al tribunal del territorio la remisión que favorezca a aquellos reclusos que aparentemente se hayan corregido. Aquel a quien se hubiera remitido la pena quedaría sometido a la vigilancia policial por un término igual al tiempo que permaneciera en reclusión. Luego de cinco años de reclusión, ella debería en todo caso terminar; la persona puesta en libertad quedaría sometida por otros cinco años a la vigilancia policial.

A fin de asegurar el éxito de estos establecimientos correccionales, debiera haber asociaciones privadas de carácter oficioso, es decir, bajo la supervigilancia del Estado y sostenidas financieramente por éste, que se preocuparan del alojamiento y del apoyo que precisen estos reclusos puestos en libertad.

EL TERCER GRUPO está compuesto, luego de los incorregibles y los que precisan de corrección, por el gran número de aquellos que, usando una expresión breve, podemos calificar como delincuentes ocasionales es decir, aquellos para los cuales el hecho cometido constituye un episodio, un descarrío generado por influencias preponderantemente externas en quienes, por tanto, el peligro de una frecuente repetición de la acción punible cometida es mínima, y para quienes, por ende, carece de sentido una sistemática corrección. En tales casos, la pena debe restablecer simplemente la autoridad de la ley violada; ella debe ser intimidatoria, una advertencia, un “papel para pensar” adecuado al impulso egoísta del delincuente. Objetivamente, el campo de la pena intimidatoria abarca, pues, todos los delitos y faltas, con excepción de los ya mencionados, es decir, todos aquellos cuya comisión habitual no se halla comprobada por la estadística criminal. En general, podrían conservarse aquí las amenazas de pena de nuestro Código penal, aunque con disminución de los diversos grados que él contempla; pero, ciertamente, lo más recomendable sería una pena de privación de la libertad unitaria, que no necesariamente se deba cumplir en reclusión unicelular, con un mínimo no demasiado corto (no inferior a seis semanas) y con un máximo tampoco muy alto (diez años serían más que suficientes), y una pérdida facultativa de los derechos civiles y honorarios; junto a ella o en vez de ella podría considerarse, en un margen mayor del que tiene ahora, la pena de multa. La pena de muerte me parece superflua, toda vez que los incorregibles han quedado neutralizados.

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Von Liszt, La idea de fin en el derecho penal, año 1882, pág 115 y sig.

Marcha por seguridad

En unos días habrá una marcha en repudio de la inseguridad (más información)

Ahora bien, ¿en los medios de comunicación hay propaganda del miedo?

El miedo, la angustia, la incertidumbre... ¿será para manejar más facil al pueblo?

Da para pensar.

Comunicado de prensa Asociación Pensamiento Penal



Ante hechos de público conocimiento, por el cual funcionarios municipales, provinciales y nacionales han requerido la promoción de juicio político y destitución de los jueces del Departamento Judicial de San Isidro, Rafael Sal Lari y Esteban Rossignoli, la Asociación “Pensamiento Penal” se ve en la obligación de reiterar, una vez más, su profunda preocupación por la lesión al Estado de Derecho que esas acciones y manifestaciones públicas producen, conduciendo a una gravísima degradación institucional.

Las decisiones jurisdiccionales emitidas por los jueces Sal Lari y Rossignoli, como toda decisión judicial, resultan opinables, y el ordenamiento procesal ha previsto instancias de revisión para que otra instancia analice su adecuación a derecho.

El juicio político es un procedimiento excepcional, reservado para casos institucionalmente graves, que no se vinculen al análisis de las situaciones jurídicas que deben resolver los jueces en cada caso concreto; sino que esta vinculado a inconductas o incompetencias en el ejercicio de su función. La naturaleza política del juicio, atiende a los órganos encargados de sustanciarlo, y no a la naturaleza del juicio, que requiere, como todo proceso, el estricto cumplimiento de garantías constitucionales establecidas en beneficio de todos.

La sociedad argentina en general, y la bonaerense en particular, merecen y deben tener, una judicatura calificada e independiente, cuyos pronunciamientos dependan de la aplicación estricta del derecho al caso concreto, y no de la ponderación política del momento, sobre los eventuales resultados de esa decisión.

Cuando funcionarios públicos aparecen en los medios de comunicación, asimilando la función jurisdiccional a un empleado administrativo, evaluado por “sus resultados”, que debe ser destituido por el “gusto” del momento, y no por las razones jurídicas que hacen a su pronunciamiento, fulminan públicamente la independencia del poder judicial.

No se trata aquí de formular una defensa corporativa de uno u otro juez, puesto que con independencia de la injusticia personal que pueden significar esas declaraciones públicas (como ha sucedido antes con otros jueces de la provincia), lo relevante desde el punto de vista institucional es la pérdida de imparcialidad de la justicia como poder independiente del Estado, y última barrera de defensa de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución Nacional.

Las lecciones de la historia dan cuenta de las consecuencias sociales en que se traduce la pérdida de independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado. La vida, libertad, y bienes de los individuos quedan así sujetos a la voluntad del gobernante de turno, sin límite institucional alguno.

Al fin de cuenta el Poder Judicial está constituido por hombres y mujeres, que están y pasan, con sus justicias e injusticias, pero el esquema institucional que se pretende establecer, sobre la base de evaluar la conducta de los jueces bajo una difusa relación de resultados, fulmina la independencia de los poderes, y transforma en injusta a la sociedad toda, cuyas consecuencias serán en un futuro próximo padecida por todos.

La llamada “inseguridad” es un problema serio, que afecta a todos los ciudadanos, incluso aquellos que son parte del Poder Judicial, y requiere soluciones serias que involucren un entendimiento entre todos los poderes del Estado; y no, por el contrario, declaraciones y acciones contrarias al derecho, que lejos de estar destinadas a la construcción de una sociedad mejor (respetuosa del Estado de derecho), se detiene en la coyuntura electoral del momento.

Han pasado algo más de 25 años de la recuperación democrática, y aún hoy existen serias y manifiestas deficiencias en el verdadero reconocimiento y ejercicio de los llamados derechos humanos de segunda y tercera generación; lejos nos encontraremos de honrar aquella, negando los derechos humanos básicos.

Desde este ámbito hemos expresado reiteradamente nuestra preocupación por la lesión a la independencia del Poder Judicial, que actualmente se encuentra quizá en su coyuntura más grave. Por eso reclamados la mesura y la reflexión a todos los poderes públicos, para la realización de un ejercicio responsable de las diversas áreas que cada uno ocupa, alejados de la coyuntura y de pretensos réditos electorales del momento, permitan construir un espacio de respeto institucional que conlleven a la realización de una sociedad mas igualitaria y justa, lo que jamás podrá realizarse sin la real vigencia y respeto de los derechos humanos.

Abogado defensor detenido

El jueves 19 de febrero de 2009 el personal policial de la seccional 10ma detuvo a Gabriel Macaroff, abogado defensor de Maximiliano Ledesma, un joven detenido por Código de Faltas. Los uniformados alegaron que Macaroff había "entorpecido" el procedimiento. El abogado permaneció detenido hasta el día siguiente, con traslado a Encausados incluido.

La detención, según explicó Macaroff a través de un correo electrónico difundido el lunes 23, se debió a que quiso denunciar los golpes y maltratos recibidos por su defendido. La Policía, además, retuvo ilegítimamente el celular del joven detenido, según cuenta Macaroff; por ello, él solicitó copias del libro de la seccional. Al intentar denunciar todo a la unidad judicial ubicada en la misma comisaría, Macaroff relata que un policía se interpuso para impedirlo y lo amenazó reiteradamente de muerte. Frente a eso, el joven detenido, que estaba siendo liberado, anunció que haría la denuncia al día siguiente, ante la Secretaría de Derechos Humanos. El personal policial actuante afirmó que eso era una "amenaza" (sic) y se dispuso a arrestar nuevamente a Maximiliano, con golpes y patadas. En ese momento, Macaroff se interpone para evitar el ataque y lo arrestan alegando que entorpecía el procedimiento.

El hecho relatado es de una extrema gravedad. No por tratarse de un abogado: la libertad de toda persona vale igual. La preocupación aumenta porque el abogado resulta detenido cumpliendo un rol institucional, a saber, la defensa de un detenido. Esto ataca aún más el derecho a la defensa, ya violado por el inconstitucional art. 15 del Código de Faltas y por el inconstitucional procedimiento contravencional, que da poder de "sentenciar" al comisario actuante.

Un total y completo esclarecimiento de lo ocurrido, con la sanción de quienes resulten responsables, constituye la única respuesta oficial aceptable.

Más información sobre el tema:
- El relato completo de Gabriel Macaroff, aquí.
- Información sobre Maximiliano Ledesma, que aún sigue detenido, aquí.
- Notas anteriores de Radio Tosco sobre Código de Faltas, aquí (Ene 2008) y aquí (Dic 2007).

Fuente: Radio Tosco

Historia de la Marihuana (documental)

Estaba escribiendo un post sobre el Paco y me tope involuntariamente -como suele pasar en internet y lo que la vuelve tan divertida y dinámica- con este documental sobre la Marihuana. Esperemos que a los inquisidores inconcientes les ilumine.


















15 presas en huelga de hambre seca en Cárcel de Ezeiza

(AW) En reclamo de Justicia para la recientemente asesinada Silvia Nicodemo, todas las detenidas del Pabellón 8 tomaron esta decisión desde ayer. A la vez, exigen que su voz sea escuchada por los medios masivos y que se les realicen los análisis correspondientes para deslindar su vinculación con el crimen. También se refieren a la culpabilidad del Servicio Penitenciario Federal. Como se sabe, a Nicodemo la encontraron “suicidada” sus compañeras, el pasado domingo 22 de febrero cuando se hallaba bajo la custodia del SPF.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2009 (Especial Agencia Walsh) Las compañeras del Pabellón 8 de la Unidad Nº 3 de Ezeiza que estuvimos conviviendo con Silvia Romina Nicodemo hasta el día en que falleció queremos expresar nuestra verdad ante los medios, jueces, fiscales, policía científica y familiares. Necesitamos pedirles que ante un médico forense nos hagan extracciones de sangre y piel y otros análisis que fueran imprescindibles para el esclarecimiento del homicidio/ “suicidio” de nuestra compañera. Necesitamos y queremos que los médicos profesionales tomen en cuenta nuestro pedido, tanto como el Juzgado federal Nº 2 de Lomas de Zamora, Secretaría Nº 5 y médicos involucrados en el caso. Ponemos en conocimiento que a partir del día 27 de febrero de 2009 iniciamos una huelga de hambre seca, comunicándoselo por escrito al director del Servicio Penitenciario y las jefas a cargo reclamando implacablemente el esclarecimiento del homicidio/ “suicidio”. Exigimos que nos hagan los peritajes correspondientes antes aclarados y que los medios de comunicación nos den la oportunidad de expresarnos a las compañeras del Pabellón 8. Ya que únicamente somos nosotras las que podemos dar testimonios de los hechos reales vividos, el domingo 22 de febrero, en el que encontramos a nuestra compañera colgada de la ventana del baño del pabellón aproximadamente a las 4:30 de la madrugada. El cuerpo de ella ya se encontraba muy frío con un color violáceo y sin ningún tipo de movimiento. Mientras que el servicio Penitenciario tardó 20 minutos en llegar al pabellón, las compañeras intentamos encontrarle señales de vida mediante tomarle el pulso, reanimación anímica, reanimación cardiopulmonar, sentir su corazón con las manos, poner el dedo en su nariz en forma horizontal tratando de sentir su respiración. Reiteramos, todo esto sucedió en los 20 minutos que demoró el Servicio Penitenciario en llegar al pabellón. No se encontró ninguna señal de vida a nuestra compañera. Después del momento de entregarles a Silvia a las jefas a cargo, señoras jefa González de Seguridad Interna, señoras jefas de turno, hermanas Espinoza y celadora de requisa. Después de ésto quedamos desorientadas, indignadas, shockeadas, y muchas de nosotras nos descompusimos. Aún así fuimos encerradas individualmente en nuestras respectivas celdas sin ningún tipo de explicación, causándonos un ataque de miedo, nervios, etc.

“Que nos abran las puertas”

Dentro de las celdas las compañeras empezamos a descomponernos y gritábamos en reclamo de que “se nos abran las puertas”, sin recibir respuesta alguna. Una compañera de desvaneció, la llamamos por su nombre, gritándole, y no respondía. Crecía nuestra desesperación, entonces, algunas de nosotras, no vamos a mentir, por la fuerza física, logramos abrir por nuestros propios medios las puertas y socorrer a la compañera que no respondía. Así fue entregada al Servicio Penitenciario. Fueron aproximadamente 5 compañeras las que pudieron salir al pasillo y que mediante patadas y gritos comenzaron a abrirles a las demás, y como no pudieron lograrlo una de nosotras inició fuego, incendiando una cortina desde dentro de su celda cerrada.
Y fue de la única manera que logró que vinieran a “desengomar” a las compañeras encerradas. Aclaramos que no fue con intención de autoagredirse ni dañar a terceros, compañeras ni al Servicio Penitenciario. En el pabellón se empezó a vivir un clima de miedo, caos y shock. Nos sacaron a todas después de vivir este momento, que es lo que tendrían que haber realizado desde un principio para que podamos contenernos entre nosotras. Por eso estamos diciendo que al encerrarnos, el Servicio Penitenciario actuó inescrupulosamente ya que no pensaron que alguna de nosotras podía cometer una locura en el estado en que nos encontrábamos. Como por ejemplo, cuando quisimos sacar a nuestra compañera de dentro de su celda en llamas, ella no reaccionaba y una compañera la socorrió y la sacó. Luego de estos sucesos, nos sacaron del pabellón y nos incomunicaron a todas en una sala apartada donde permanecimos siete horas. Nos revisó una doctora y luego nos reintegraron al pabellón, menos a las dos personas que compartían con ella, que hasta el momento no sabemos nada de ellas. Desde ese día hasta hoy, pidieron cambio de alojamiento algunas compañeras, gente mayor y tranquila que estaba en el estado de shock. Y sospechosamente, después de 4 días pidieron su cambio a otro pabellón 4 compañeras juntas y se fueron en una manera callada y misteriosa.

Justicia para Silvia

Tenemos nuestras serias sospechas de quién pudo haberle hecho esto a Silvia pero no hay nada certero para poder acusarlas hasta que no tengamos pruebas escritas, de las pericias que corresponden en donde se comprueben científicamente nuestras dudas y las de sus familiares.
Por eso es que rogamos a toda la gente que por favor intervenga para que nos puedan hacer las pericias y análisis que corresponda hacer en estos casos para esclarecer este hecho. En este momento nos encontramos aisladas e incomunicadas de la población penal, sin que esto nos afecte en nada, ya que lo único que nos importa y esto con letras mayúsculas, es que SE HAGA JUSTICIA POR NUESTRA COMPAÑERA SILVIA. Reiteramos, para que se haga justicia, necesitamos que por favor nos ayuden e imploramos que se nos hagan análisis. Por favor, estamos desesperadas ayúdennos. Sin más que agregar estamos muy agradecidas a toda persona, entidad, que nos quiera ayudar. Por último, nosotras creemos que el SPF tiene un alto porcentaje de culpa de lo que pasó con Silvia, ya que ella reiteradas veces pidió un cambio de alojamiento porque se quería ir de este pabellón y lo que hacían era ensañarse con ella, ya que cuando ella no se reintegraba la llevaban 3 días a los tubos (celdas de castigo) y la devolvían al mismo pabellón. Como dijo la madre: “Se la tenían jurada”. Porque nosotras mismas escuchamos cuando jefas y celadoras le decían que ella no tenía derecho a pedir nada por lo que había pasado (que le había pegado a una celadora el 31 de diciembre). O sea, si Silvia no hubiera estado acá, no le habría pasado esto.

Las 15 compañeras del Pabellón 8 de la Cárcel de Ezeiza
Agencia Walsh

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Con respecto a la nota de (AW - Agencia Walsh) informamos que con respecto a las 4 chicas que sospechosamente, después de 4 días pidieron su cambio a otro pabellón 4 compañeras juntas y se fueron en una manera callada y misteriosa.

La verdad de esto es que:
a) dos de ellas han sido derivadas a la Unidad 27 del Hospital Moyano el mismo dia de la muerte dudosa de Siliva
b) Las otras 2 chicas al otro dia habian pedido cambio el cual fueron sectorizadas y una de ellas se lastima con un vidrio y la otra joven tuvo una crisis de nervios. Despues de eso en la noche de ayer estas 2 mujeres han sido llevadas tambien a la Unidad 27.

La CIDH, ya esta en conocimiento de este hecho y nos pidio que le hagamos llegar toda informacion de este terrible hecho.

Reiteramos que las mujeres del Pabellon 8 piden que se presenten los medios y las autoridades.

Martha Miravete Cicero
GMA - Grupo de Mujeres de la Argentina
Observatorio de encierro