Las cárceles no son la solución a los delitos, crea reincidencia

El coordinador de Delegaciones Regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación dijo que las cárceles están superpobladas de “gente humilde”.

Las cárceles no son la solución a los delitos”, aseguró Sebastian Eduardo Galcerán, coordinador de Delegaciones Regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en el marco de la jornada de capacitación de centros de detención no penitenciarios, relizado ayer en la ciudad de Posadas.

La jornada de capacitación, a la que asistieron integrantes del Poder Judicial de la Nación, funcionarios nacionales y provinciales, fuerzas de seguridad federales y provinciales; se realizó porque “la Policía Federal y Gendarmeria tienen alojados a muchos detenidos federales”, explicó Galcerán.

En la jornada se analizaron temas relacionados a las necesidades de los reos y cómo deben ser tratados. Uno de los temas más candentes fue la aplicación de la reciente ley de prisión domiciliaria.

Sin embargo, la opinión de Galcerán fue el que desató un gran debate entre los presentes. El coordinador de Delegaciones Regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación manifestó que considera que “las cárceles no son la solución” a los delitos.

El abogado explicó que “en las cárceles siempre los detenidos son gente pobre, humilde, hay que atacar por otro lado la situación de desigualdad que hay en el país, creo que debería ser la educación, el trabajo. Con la creación de más carceles no vamos a palear este deficit que presenta la sociedad, de esta desigualdad”.

Galcerán manifestó que “se ha visto que con más carceles hay más reincidencia. La gente que cae detenido por un delito menor y está cuatro o cinco años preso; sale un delincuente potenciado, porque en la cárcel, en contacto con otro detenidos, se aprende a ser más delincuente”.
Sin embargo consideró que los presos que salen de la prisión con un oficio son lo que no vuelven a cometer delitos.

Explicó que actualmente existe una superpoblación en la mayoría de las cárceles federales, lo que produce problemas de asinamientos y de convivencia.

Sin embargo no ve al arresto domiciliario como al solución, ya que proyecto de ley fue propuesto porque “había muchas madres con menores de edad en las cárceles, y no está bien que el chico crezca con el ruido de las rejas y los gritos de las celadoras”.

Sin embargo, consideró que Argentina no está preparada para que el arresto domiciliario funcione como debería, “tiene que haber un control, preveer un par de cuestiones”.

Partiendo de su teoría de que las cárceles no son una solución, surgió el interrogante de qué hacer con los violadores, a lo que Galcerán manifestó que estas personas “tienen una patología, que la carcel no puede solucionar, detenemos a un violador y cuando sale cual es la solución, vuelve a reincidir en el tema”.

Despenalización de drogas
El coordinador de Delegaciones Regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación se manifestó a favor de la despenalización de la droga para consumo personal.

Galcerán expplicó que “un alto porcentaje de detenidos en las cárceles federales es por droga, y la mayoría es por consumo de droga o por tener una muy escasa cantidad, no por narcotrafico o la comercialización”.

Consideró que el se debería hacer hincapié en la detención de los que comercializan o trafican estupefaciente.”Los que están detenidos son los consumidores, chicos, jóvenes a los que muchas veces se le arruina la vida por tenerlos detenidos cuatro años”.

En cuanto a la hipótesis de que la droga incentiva a la violencia, dijo: “El alcohol es lo mismo y es algo que está despenalizado, ¿cuántas personas son detenidas por violencias familiar bajo los efectos del alcohol? Hay mucha que consume droga y no comete delitos”.
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Fuente: Martha Miravete Cicero, INTRAPOSTMUROS.

He aquí, voces lúcidas.

La perversión de la pena

La pena en nuestras latitudes marginales, colocada al servicio de las clases dominantes burguesas, está estructurada para mantener a las clases obreras o de trabajadores bajo el poder de la coacción y la dominación, pero más aun sobre las personas que se encuentran fuera de cualquier institucionalización.

La necesaria tendencia de las clases dominantes por mantener su status quo, tiende a legitimar solapadamente el uso de la fuerza pública contra las personas más desprotegidas, en contra posición con las personas con mayor poder que se ven beneficiadas por su posición social para evadir el yugo del sistema penal.

Aunque no resulte extraño, en América Latina colonizada, las agencias judiciales aplican conscientemente o no, el poder que poseen para mantener a las clases bajas fuera de una verdadera redistribución de la riqueza. Esto se manifiesta, con tan sólo ver que en las cárceles de nuestros márgenes, la gran mayoría de apresados son personas que cometen delitos contra la propiedad privada. Lo que nos debe llevar a recapacitar sobre cuál es el verdadero interés de la clase dominante al aplicar selectivamente el sistema penal.

No es posible aceptar sin más, que el derecho penal busca proteger a las personas. Esta idea choca racionalmente cuando vemos que en las cárceles se nace, se crece, se reproduce y se muere. Creando generaciones de excluidos sociales que, a más de no tener satisfechas las necesidades elementales, se las coloca en los mismo ámbitos de exclusión social una y otra vez, para luego exigirles que se adapten como por arte de magia, a las estructuras burguesas. Pero por supuesto, con antecedentes penales, no te dan trabajo.

Parecería ser un sistema cerrado en el cual una vez adentro no hay vuelta atrás. Esto porque las necesidades básicas como la alimentación, la ropa, la vivienda, etc., como toda propiedad privada en un sistema capitalista, debe conseguirse legalmente a través del trabajo. Por supuesto que dejo de lado la usura, la “creación de ganancias ficticias” desde las deudas, la utilización de bienes públicos para negocios particulares, etc., que son medios impunes por estos lados, pero que no por ello dejan de ser no obtenidos por el trabajo.

En igual sentido, las clases dominantes, ponen todo tipo de obstáculos con el sistema penal para impedir la redistribución de la riqueza, como son la penalización indirecta y a veces directa, del trabajo irregular, como puede ser la punición de la recolección de elementos en la basura, alegando que se ensucian bienes públicos o privados, la venta ambulante, etc.

Todo este “sistema” que parecería ser una creación perversa, demuestra que en realidad su finalidad es la de mantener la actual distribución de las riquezas en pocas manos, mientras que el pueblo se mantiene excluido en las cárceles.

¿Cómo es posible que se afirme categóricamente que desde el derecho penal se intenta proteger bienes jurídicos, como la propiedad privada, si con la exclusión social que genera la prisión se tiende a impedir el trabajo y la inserción dentro de las instituciones que legitiman el acceso a la propiedad privada? Resulta contradictorio proteger la propiedad privada poniendo más trabas a su acceso por vías institucionales, porque se imposibilita que el mismo se logre por los mecanismos lícitos, no quedando otra que volver a afectarla.

¿Salvando las inconstitucionalidades del CPPN?

A poco que uno se introduce en la lectura del Código Procesal Penal Nacional, observa que la forma en la cual está estructurado el procedimiento en la Nación, es en muchos aspectos contraria a la Constitución Nacional junto a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Entre ellas, y principalmente luego del fallo plenario N° 14 del 11 de junio del corriente año, en el cual vemos que por mayoría se acordó que era necesario el dictado del auto de procesamiento para requerir a juicio en los supuestos en los cuales la instrucción es delegada en el Ministerio Público Fiscal.

Lo cierto, es que para salvar la supuesta inconstitucionalidad de un debido proceso, que no es tal -debido- cuando en contra del sistema acusatorio receptado en nuestro ordenamiento jurídico fundamental, se actúa inquisitorialmente, deberíamos buscar dentro del mismo cómo adecuarlo a la carta magna. Es decir, volverlo -doctrinaria y jurisprudencialmente- lo máximo que se pueda de tinte acusatorio, hasta tanto el Congreso no modifique -como corresponde- el Código Procesal Penal Nacional.

Es sabido que algo fundamental en un sistema acusatorio es la separación entre el órgano acusador y el juzgador. Por eso, una de las características distintivas entre un proceso inquisitivo y uno acusatorio es la separación de roles entre los dos actores, porque mal podría un juez imparcial llevar adelante la investigación y observar el cumplimiento de la legalidad, siendo un actor que realiza una valoración de la prueba y del encuadre jurídico del hecho, para luego decidir como un 3ro ageno al conflicto.

Ahora bien, para evitar este inconveniente legal, parecería que delegando la investigación en el Ministerio Público Fiscal, y dejando en cabeza del juez de instrucción la resolución de las medidas que puedan afectar los derechos fundamentales de las personas -como es el debido proceso- podríamos teñir este proceso inquisitivo de color acusatorio. Principalmente, acentuando la separación de roles. Sin embargo, -y esto demuestra la cultura de los jueces nacionales de casación- exigir como requisito el dictado del auto de procesamiento para otorgarle validez al requerimiento de elevación a juicio, es, lamentablemente, inclinarnos nuevamente por el sistema inquisitivo.

Esto parecería así, porque generar un deber de expedirse al juez sobre la culpabilidad del presunto autor, en el momento del procesamiento, es algo que debería realizarse al momento de elevar la causa a juicio, en caso contrario, nos encontraríamos con que en el proceso penal nacional hay dos momentos distintos en los cuales se debe hacer un encuadre legal y merituar la prueba por parte del juez, esto es, en el procesamiento, y posteriormente en la etapa intermedia para elevar la causa a juicio.

Para ser más precisos, el Art. 306 del CPPN prescribe que “el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste (el subrayado me pertenece), es decir, el juez debe valorar la prueba y a su vez, valorar la culpabilidad, adelantando el momento de juzgamiento. En igual sentido, el Art. 308 del CPPN dice que “El procesamiento… deberá contener…. una somera enunciación de los hechos que se le atribuyan y de los motivos en que la decisión se funda, y la calificación legal del delito….” Esto reafirma la necesaria valoración de la prueba y posterior determinación del hecho.

Por otra parte, si el auto de procesamiento fuera el momento en el cual el juez de instrucción analizara la observancia de los requisitos del requerimiento de elevación a juicio, no habría problema, el inconveniente se da en que se le “exige” que se expida sobre una cuestión que posteriormente volverá a analizar, volviéndose a “contaminar” con la prueba, el encuadre legal del hecho, y la culpabilidad del imputado.

Ahora bien, lo cierto es que se podría alegar que el auto de procesamiento le da certeza jurídica al imputado, ya que se debería dictar el sobreseimiento del mismo si no existieran pruebas de que el hecho haya realmente acaecido, que el imputado no haya sido el autor, que la conducta resulte atípica, etc., pero ello lo debería hacer el órgano acusador no promoviendo la investigación, y disponiendo su archivo.

La verdad es que el auto de procesamiento no le quita ni le agrega nada al caso, fomentando la burocratización, la lentitud procesal, y por lo tanto, generando una mengua en la economía procesal. Esto lo afirmo porque si existiesen pruebas suficientes como para procesarlo, parecería que lo adecuado sería elevar la causa a juicio, y no extender la etapa investigativa o de instrucción que debe ser lo menos extensa posible, para crear ese grado de seguridad jurídica que supuestamente se intenta lograr con el auto de procesamiento, pero que en realidad, lo da la sentencia firme.

De todas formas, parecería que la cuestión da para ser mayormente analizada, pero sobre la base del respeto irrestricto de un sistema acusatorio, eficaz, veloz, económico, y que fundamentalmente, respete las garantías del debido proceso.

Detenciones ilegales


























Un rápido repaso de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos muestra qué tan arbitraria e ilegal fue la detención.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 7

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.


Ahora bien, si nos preguntamos si se podría detener por preguntar el motivo de una detención vemos:


Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo XXIV.
Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Ahora resulta que en Chile por preguntar se puede ir preso. Cuidado amigos periodistas.

Más información en (Universitario detenido en protesta estudia acciones legales contra Carabineros)

Reprimen protesta con balas de goma y gases

Unidad 33 - Los Hornos, provincia de Buenos Aires

REPRIMEN PROTESTA CON BALAS DE GOMA Y GASES

Hay al menos 16 detenidas, madres y embarazadas heridas. Tras la muerte de un bebé al momento de nacer, las mujeres realizaban un reclamo por el funcionamiento de Sanidad.

Anoche en la Unidad Penal Nro. 33 se produjo una violenta represión con balas de goma y gases de la que fueron víctimas mujeres, embarazadas y detenidas con sus hijos. El hecho fue denunciado por internas de la unidad y constatado por el Comité contra la Tortura tras recibir la denuncia telefónica. Aproximadamente a las 23 hs Alicia Romero, Laurana Malacalza y Roberto Cipriano García se hicieron presentes en la Unidad Nº 33 y entrevistaron a varias de las detenidas y de las heridas con balas de goma. Estaban también presentes en el lugar la APDH La Plata y la organización La Cantora.

Las mujeres detenidas señalaron que la represión se origino por el reclamo realizado por todas las detenidas del Módulo C (destinado a alojar mujeres embarazas y detenidas con sus hijos) y que contó con el apoyo de los pabellones 2 y 3. Las detenidas reclamaban la urgente adecuación del área de sanidad de la Unidad Penal 33 debido a la reciente muerte de un bebe en el momento del parto, hijo de Patricia Alejandra Rojas NN.

El relato de Patricia

En la entrevista mantenida por el Comité contra la Tortura Patricia Alejandra Rojas , manifiesta que se encontraba embarazada de 37 semanas cuando en horas de la noche pierde el tapón de mucosa. En ese momento la llevan del pabellón hacia el área de sanidad, donde la revisan y constatan además el inicio de las contracciones y dolores. La obstetra le indicó que debía volver al pabellón y que si tenía nuevas contracciones debía avisarle para llevarla al hospital. Patricia Rojas señaló que el ecógrafo instalado en Sanidad no funcionaba correctamente. Al día siguiente se levantó con dolores y la obstetra constató que tenía dilatación de 2 cm . La obstetra volvió a indicarle que volviera al Pabellón. “Ya eran las 14 30 yo seguía con pérdidas y sabia que mi hijo estaba por nacer”, afirmó Alejandra. Cuando la obstetra constató que tenía 4 cm de dilatación, la derivó al Hospital San Martín donde llega a las 17:15 hs. “Tuve que esperar quince minutos, yo sabìa la hora porque me estaba controlando las contracciones que ocurrìan cada 5 minutos”. Cuando le realizan en el hospital el primer monitoreo tenía 9 cm de dilatación pero no se constatan latidos fetales. En la ecografía que le realizan luego vuelven a constatar la inexistencia de latidos. “Me pusieron suero, discutieron y finalmente me llevan a la sala de parto. A la quinta vez que pujé, nació con el cordón umbilical rodeando el cuello” recordó Patricia. Eran las 18:30.

Según explicó la detenida ningún medico le explicó lo que había ocurrido, ni en el hospital ni en la unidad penal. Nadie hablo con ella sobre lo ocurrido. Permaneció internada hasta el viernes a la tarde cuando regreso a la unidad. Hasta el día 27 de abril no recibió tratamiento psicológico ni psiquiátrico. Asimismo, el personal penitenciario de la unidad se comprometió a llamar a sus familiares y a su esposo que también se encuentra detenido en la Unidad Nº 19. “Al final solo se comunicaron con mi familia, mi esposo se enteró después cuando vino en visita intercarcelaria a visitar a su hijo”.

Es preciso señalar que PATRICIA ROJAS , se encuentra alojada en la Unidad junto a su otra hija de un año de edad

Este Comité contra la Tortura en horas de la tarde del día 27 de abril, tomado conocimiento de la muerte del bebe de Patricia solicitó al área de sanidad un informe donde se especifique las acciones y medidas en relación a los hechos acontecidos y un resumen de la historia clínica donde queda debidamente especificado que el desarrollo del embarazo era normal.

El reclamo y la represión

Ante estos acontecimientos, las detenidas, mayoritariamente de los pabellones del Módulo Materno Infantil, solicitaron la urgente adecuación del área de sanidad para la atención de las detenidas embarazadas y de la salud de los niños, estableciendo un plazo hasta el día lunes para obtener una respuesta de parte de las autoridades.

El día lunes se reúnen en la escuela, representantes de los pabellones de madres con el Director y médicos de sanidad. Solicitan reunirse en forma urgente con el Jefe del SPB Fernando Diaz y con funcionarios del Ministerio de Salud. Las autoridades del penal, les informan que el Jefe del SPB iría recién el miércoles a las 17 hs. Varias detenidas se juntan en el patio y dicen que se quedarían allí hasta que venga el jefe del Servicio. Se reúnen entre 40 y 50 mujeres. A excepción de 8, las restantes eran madres y embarazadas. Las demás detenidas-madres permanecieron en los pabellones cuidando a los niños.

Comienzan entonces a ser rodeadas en la reja cercana a control por fuerzas del Grupo Especial Antimotines. Más de 100 agentes armados con escopetas y escudos comienzan a disparar balas de goma. Disparan incluso a mujeres embarazadas que estaban en el salón de visitas con familiares e hijos, hiriendo a dos de ellas y a un hombre.

Las mujeres que estaban en el patio fueron rodeadas por cinco grupos de 20 agentes que se distribuían en techos, muros y pasillos que rodean el patio y pasoducto. Según explicaron las propias detenidas, la represión es indiscriminada y violenta. Disparan en todos los sentidos incluso hacia los patios de los pabellones 8, 9, 10 y 11, Módulo “C” Materno Infantil, donde habitualmente están los niños. Varia balas de goma ingresan incluso a uno de los pabellones de madres con sus hijos. Las detenidas que corren hacia el Pabellón de madres, se detienen frente a la puerta de ingreso al Modulo que estaba cerrada y se tiran al piso pidiendo que no disparen. Según refirieron las detenidas en las entrevistas mantenidas con el Comité contra la Tortura , aún en el piso continúan disparando balas de goma a corta distancia y las rocían con un gas que produce quemaduras en la piel y la vista. Incluso las mujeres embarazadas son obligadas a tirarse al piso mientras reciben patadas, golpes y balas de goma en los pies.

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Según continuan relatando las detenidas entrevistadas, la gran cantidad de gas que arrojan afecta también a los niños y mujeres embarazadas que permanecìan en los pabellones. Más de cuatro horas después, este Comité constató el estado de angustia de muchos de los niños. Algunas embarazadas que inhalaron el gas debieron ser trasladadas a Sanidad. Dos horas después de producidos estros hechos, el jefe del SPB, Fernando Díaz se presenta en la Unidad.

Como consecuencia de los hechos este Comité junto a la APDH La Plata, constataron heridas en 16 mujeres, 15 de ellas madres y/o embarazadas.

Pabellón Nº 8

1.- O. A. A. (madre de una hija de 3 meses detenida con ella, golpes en las dos rodillas, en ambos codos y en la cabeza).

2.- V. V. A. (madre de un hijo de 3 años y medio detenido con ella, bala de goma en zona lumbar y pierna derecha).

Pabellón Nº 9

3.- M. A. N. (un hijo de 9 meses detenido con ella, herida con bala de goma, en dos dedos del pie izquierdo).

4.- G. Y. D. (una hija con VIH de 1 año y 4 meses detenida con ella, herida bala de goma en glúteo derecho).

5.- V. B. S. (madre de una hija de 2 meses, herida de bala de goma en espalda y problemas en la vista por efecto del gas arrojado).

6.- N. B. F (madre de una hija de 10 meses, herida con balas de goma, en pierna y espalda, detenida con su hijo).

7.- V. R.V. (madre de un bebé de dos meses, quemaduras de gas en cara y espalda).

Pabellón Nº 10

8.- L. A. P.

Pabellón Nº 11

9.- A. Q. J. (herida con bala de goma en el pie izquierdo, embarazada)

10.- L. NN. S. (quemada en cintura y espalda y parte posterior de pierna derecha, madre).

11.- P. M. (madre de un nene, herida con bala de goma en pierna derecha, golpes en canilla izquierda y codo derecho, quemada en mano derecha).

12.- V. M. P.(herida con bala de goma en parte posterior de pierna derecha)

13.- M. M. L. (Madre, quemadura e hinchazón en mano derecha por efecto del gas)

14.- S. M. (embarazo de alto riesgo, intoxicada con gas).

Pabellón Nº 3

15.- R. V. C. (herida con bala de goma en mano izquierda y pie derecho).

16.- A. S. Y. (intoxicada por inhalar gas arrojado)

Para más información comunicarse con:

Comité Contra la Tortura :

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA. 0221-156017695.

Lic. Laurana MALACALZA. 011- 1566475194

Dra. Alicia ROMERO. 0221- 156229570

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH La Plata)

Dra. Alicia PERALTA. 0221-154096639.

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA
Coordinador
COMITE CONTRA LA TORTURA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA

Violencia para más violencia

Es paradójico ver como las personas intentan solucionar problemas siempre con las mismas herramientas. Se produce un conflicto, pensamos una "solución", y aplicamos la receta. Si no dio resultado, en vez de utilizar otra -como somos poco creativos- reincidimos.

Apelar a la violencia para solucionar conflictos, no es el camino. El objetivo primordial debe ser bajar los índices de violencia, no aumentar la fuerza centrífuga en la espiral del dolor. ¿Más violencia para menos violencia? Sin duda que no tiene sentido. Es como intentar apagar un incendio echándole gasolina. La Argentina debería haber aprendido -después de tantos golpes militares- que la violencia sólo genera más violencia, que al dolor no se lo cura con más dolor.

Los sistemas penales son herramientas represivas basadas en la violencia institucional tendiente a romper la resistencia de las personas. Es una forma primitiva de intentar imponer con la coacción un modelo determinado. No son democráticos los sistemas penales, porque se basan en la imposición a través de la fuerza y no del dialogo.

El derecho penal hace muchos años que se encuentra en crisis, de la cual no ha podido salir, principalmente por su falta de legitimidad, por la incoherencia de sus postulados, por no lograr los objetivos deseados, por intentar a través de la violencia disminuir la violencia, por intentar enseñar a vivir en libertad privando de libertad, etc. Sin embargo, las sociedades contemporáneas se tropiezan una y otra vez con la misma piedra.

En estos días se busca crear un sistema penal de menores, aparentemente al sistema represivo ya no le alcanzan los clientes mayores. Por eso, y siguiendo con esta lógica, va a llegar un momento en el que se crearan sistemas penales de animales, cuando las personas en vez de utilizar menores utilicen perros, porque los menores son utilizados como objetos mediatos para concretar los delitos, esto es algo evidente.

Es cierto que es preferible un sistema de menores que respete las garantías del debido proceso, pero no es cierto que aplicádoles violencia institucional vayan a dejar de delinquir. Van a empezar desde más chicos a internalizar "su rol" en la sociedad. Se los va a etiquetar como delincuentes desde los 14 años. Sin duda que es un mecanismo genial para insertarlos en la sociedad, pero insertarlos no en el rol que se pretende, ¿o sí?

¿NOS DA MIEDO PENSAR?

¿NOS DA MIEDO PENSAR?
Bertrand Russell: "Principes of Social Reconstruction". London, 1916.
"Los hombres temen al pensamiento más de lo que temen a cualquier otra cosa del mundo; más que la ruina, incluso más que la muerte.
El pensamiento es subversivo y revolucionario, destructivo y terrible. El pensamiento es despiadado con los privilegios, las instituciones establecidas y las costumbres cómodas; el pensamiento es anárquico y fuera de la ley, indiferente a la autoridad, descuidado con la sabiduría del pasado.
Pero si el pensamiento ha de ser posesión de muchos, no el privilegio de unos cuantos, tenemos que habérnoslas con el miedo. Es el miedo el que detiene al hombre, miedo de que sus creencias entrañables no vayan a resultar ilusiones, miedo de que las instituciones con las que vive no vayan a resultar dañinas, miedo de que ellos mismos no vayan a resultar menos dignos de respeto de lo que habían supuesto.
¿Va a pensar libremente el trabajador sobre la propiedad? Entonces, ¿qué será de nosotros, los ricos?
¿Van a pensar libremente los muchachos y las muchachas jóvenes sobre el sexo? Entonces, ¿qué será de la moralidad? ¿Van a pensar libremente los soldados sobre la guerra? Entonces, ¿qué será de la disciplina militar?
¡Fuera el pensamiento!
¡Volvamos a los fantasmas del prejuicio, no vayan a estar la propiedad, la moral y la guerra en peligro!
Es mejor que los hombres sean estúpidos, amorfos y tiránicos, antes de que sus pensamientos sean libres. Puesto que si sus pensamientos fueran libres, seguramente no pensarían como nosotros. Y este desastre debe evitarse a toda costa.
Así arguyen los enemigos del pensamiento en las profundidades inconscientes de sus almas. Y así actúan en las iglesias, escuelas y universidades."

Los medios te censuran



Ley 16 (CABA) Juego Electrónico “Carmaggedon” y similares - Prohibición

Buenos Aires, 26 de marzo de 1998.-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1º - Prohíbese, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la distribución, comercialización, venta y/o alquiler y promoción publicitaria del juego electrónico denominado "CARMAGGEDON".

Artículo 2º - Prohíbese, asimismo, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la distribución, comercialización, venta y/o alquiler y promoción publicitaria de cualquier clase de videojuegos o programas (software) para entretenimientos electrónicos orientados a la destrucción de personas por medio de la conducción de un vehículo automotor o que encuadren en las conductas tipificadas en la legislación de tránsito vigente en la Ciudad.

Artículo 3º - La violación de las normas de los artículos precedentes será sancionada con el equivalente de 40 a 400 unidades de multa. En caso de reiteración se impondrá asimismo clausura de hasta diez días. Derogada por Ley Nº 451 Anexo II Punto 37º BOCBA N° 1043 del 06/10/2000. La Ley Nº 451 comenzará a regir a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimientos de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 906, BOCBA 1556. El Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue aprobado por Ley Nº 1.217, BOCBA 1846 del 26/12/2003.

Artículo 4º - El Juez competente dispondrá el decomiso de los elementos cuya producción, comercialización, distribución, venta y uso se prohibe en el artículo primero, para proceder a su inmediata destrucción.

Artículo 5º - Comuníquese, etc.

ANIBAL IBARRA

MIGUEL ORLANDO GRILLO


Fuente: Cedom
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Por dios!


La seguridad es una quimera



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Cuando se hace referencia al término seguridad, usualmente se la asocia al resguardo de la integridad física, siendo en realidad una de las tantas categorías a las que el término realmente alude. Es decir, la seguridad para ser tal debe estar integrada por la seguridad física, la económica, la laboral, la jurídica o institucional, la social, etc.

En igual sentido, cuando se limita el concepto arbitrariamente a la seguridad física, el razonamiento espontaneo es eliminar los factores que pueden llegar a afectarla, partiendo de la base de que el principal factor de la inseguridad física es la interacción entre las personas. Si esto fuera cierto, con limitarla o eliminarla se solucionaría el problema. Sin embargo, el hombre es un animal social que necesita de la relación con sus semejantes.

El mundo tiende a la globalización, a generar vínculos de conexión entre los distintos pueblos, para el intercambio de bienes y servicios, de materias primas, de productos, de información, de tecnologías, etc. La globalización "bien" entendida, fortalece los puntos de contacto entre los países, en base al respeto mutuo y a la tolerancia. Si esto no fuera así, no tendría sentido defenderla. Si fuera para colonizar e imponer verdades, para destruir culturas y devastar los recursos naturales de los pueblos en etapa de desarrollo, no debería defenderse, es más, todo lo contrario, habría que repudiarla. Es por eso, que toda medida que tienda a aislarnos no sería acorde al momento histórico.

Ahora bien, el principal problema -a mi entender- que enfrentan las sociedades contemporáneas, es la masiva propaganda que se realiza sobre el valor de la seguridad, por supuesto, entendida ésta como la "estabilidad" o "predicción" que pueden inferir las personas sobre el comportamiento de sus pares. O sea, saber que otra persona no le va a pegar un tiro o no lo va a robar. Sin embargo, el crimen es impredecible, aunque existan muchos doctrinarios que quieren ver "cierta relación de causalidad" entre los factores criminogenesicos [o génesis del crimen] y el resultado delito.

Es cierto que la criminología algo avanzó, pero sólo dio unos pocos pasos, aun no pudo desligarse del causalismo. También es cierto que es preferible afirmar que el delito es el "resultado" de la marginación social, del desempleo, de la violencia estructural del sistema político, etc, porque con eso tendemos a generar inclusión social, algo valioso en sí mismo. Sin embargo, con estas premisas, no se logra explicar por qué delinquen personas acomodadas en los estratos más altos del poder adquisitivo.

Por otra lado, y con especial referencia al video, destaco lo efectivas que fueron las continuas propagandas sobre inseguridad en la población, aceptando sumisamente que monitoreen cualquier actividad en la calle, como si viviéramos en gran hermano. A posteriori entendemos que querían poner cámaras y para eso hicieron tanta propaganda.

Unidad 24 - Exhibición de glorias del boxeo en la cárcel de Varela


(*) Pero en esa unidad sigue la violencia y la mala atencion del area medica...


Más de 300 internos de la Unidad 24 de Florencio Varela vivieron el viernes 3 de abril desde las 17 horas una jornada diferente. Se realizó allí un festival boxístico que fue organizado en forma conjunta por el ministerio de Justicia, el Servicio Penitenciario Bonaerense y la Jueza de Ejecución Penal de Quilmes, Julia Elena Márquez.

El evento contó con la presencia de importantes figuras del boxeo argentino e internacional. Llegaron hasta la Unidad 24 los ex campeones del mundo Jorge Roña Castro y Javier Héctor Velazco, además de la actual monarca de los mini moscas de la Asociación Mundial de Boxeo, Jesica Bop y Marcos El Chino Maidana, una de las mayores promesas del boxeo argentino actual.
El inédito evento boxístico que se realizó en la cárcel de máxima seguridad de Florencio Varela, tuvo dos peleas de exhibición. En la primera se enfrentaron los internos de la Unidad 42 de Florencio Varela Jorge Estrella y Damián Guzmán; luego se subieron al cuadrilátero Diego Rafael Aparicio y Jonatan Flores, también de la Unidad 42.

Posteriormente Jorge Roña Castro deleitó con sus movimientos y variedad de golpes al enfrentarse sucesivamente con Javier Velazco, con El Chino Maidana y con un interno conocido como El Chaqueño que se atrevió a desafiarlo.

Castro sostuvo que me gusta venir a visitar a los muchachos y darles mi apoyo para que ojalá ellos puedan tener una oportunidad como la que tuve yo , y agregó en tono de broma que yo los comprendo porque también estuve guardado como ellos... en la casa de Gran Hermano , aclaró.
La Campeona del Mundo Jesica Bop, declaró: Me alegro de que en las cárceles también se practique boxeo, es un lindo deporte y hoy queda demostrado como los alegra y los entretiene .

Velazco, por su parte expresó, Estoy muy feliz de estar aquí esta tarde, de haber alegrado a esta gente y de haber cruzado guantes otra vez con El Roña como cuando me preparaba para ganar el título del mundo .

LOS INTERNOS

Después de los famosos llegó el turno de los internos que están haciendo sus primeras peleas importantes. El visitante Lucas Priori (78kg.), en una pelea muy disputada y pareja le ganó por puntos al detenido Rodolfo Daniel Maidana (76 kg.), de la Escuela de Box de la Unidad 42.

Finalmente y en la Pelea de Fondo llegó el turno de los debutantes en el boxeo profesional. Allí el púgil Sergio Ariel Estrela (58 kg.), representante del Club Villa Rivera de La Plata venció por nocaut técnico en el primer round a Ariel Clemente Torrez (58.800kg.). El final de la pelea trajo preocupación a los presentes porque el boxeador de la Unidad 42 recibió un duro impacto que lo derribó provocándole una caída fuera del cuadrilátero, lo que provocó que Torrez fuera atendido por los médicos aunque rápidamente se recuperó.

Todas la peleas y exhibiciones fueron controladas y fiscalizadas por las autoridades de la Federación Argentina de Box. Fueron jueces los señores Héctor Primerano, Ramón Cerdán y Omar Fernández. Fiscalizó Luis Doffi y fue árbitro el internacional Rodolfo Stella, quien cumple esa función desde el año 1979 y ha participado de numerosos festivales de nivel nacional e internacional.

Desde el Ministerio de Justicia se fomenta en la población carcelaria el deporte como instrumento que contribuye a la incorporación de hábitos saludables, internalización de normas a través del acatamiento de las reglas deportivas y de inculcar valores tales como el respeto por el otro, solidaridad, el esfuerzo y sacrificio como medio para el logro de objetivos.

En el complejo penitenciario Florencio Varela medio centenar de detenidos practican boxeo formalmente. Entrenan en forma diaria y un ex boxeador y los profesores de educación física se encargan de coordinar las actividades físicas.

Fuente: INTRAPOSTMUROS, Martha Miravete Cicero
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Si lo pensamos, podríamos decir que el boxeo es un deporte violento, que fomenta la violencia. Es más, me acuerdo cuando era chico que con mis hermanos veíamos los pequeños karatecas, y cuando terminaba, nos dábamos un par de piñas imitando lo que habíamos aprendido en la tan educativa película. Sin embargo, es cierto que los deportes generan apego a las normas, objetivos saludables, compañerismo, y hasta cierto punto, solidaridad. Además, es un buen medio para canalizar la violencia sistemática que reciben las personas privadas de [su] libertad, lo que puede llevar a bajar los índices de violencia intra y post muros.

Doble discurso Casal y los Derechos humanos

El 24 de Marzo del 2009 se celebró una audiencia ante CIDH en la cual participaron el CELS y el Estado argentino (click para verla), siendo el tema de la misma la situación de las personas privadas de [su] libertad en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hasta acá todo bien. Sin embargo, cuando el Estado argentino se puso a describir las reformas introducidas al Cód. Pro. Penal de BA y sus consecuencias, algo no cerraba. Es decir, lo que manifestaba el Estado argentino ante la CIDH era de un tenor absolutamente cínico o realmente no sabían en donde estaban parados.

Pero bueno, la idea de este post es hurtada de uno que hizo Mario Juliano (Ptt. de APP) en el foro de la asociación (leer post original), y que reproduzco parcialmente acá, los créditos a su autor.

¿Quién dijo que...?

Inauguramos aquí una minisección dentro del Foro para compulsar la agilidad mental de nuestros apreciados visitantes, como asimismo sus conocimientos generales.

Comenzamos con la siguiente prueba

¿Quien dijo que...

Cita:
Respecto de la afirmación que dice que la reforma procesal penal endurece el régimen de excarcelación, debo decirles que de modo alguno se puede tildar a esta reforma de regresiva, y mucho menos de haberse invertido la regla de la libertad durante el proceso, ni se ha reducido la posibilidad de que los jueces concedan libertades durante su tramitación


Cita:
La ley procesal garantiza la libertad personal como regla general y su privación es una medida cautelar y de excepción


Cita:
Lo que se ha hecho frente a las reiteradas, constantes e inexplicables decisiones jurisprudenciales contradicotrias, ha sido estandarizar razonablemente tal forma de encierro preventivo, en el caso de la alternativa, enumerando los supuestos a los que se debe dar prioridad tendiente a evitar una mayor victimización del sector más vulnerable de la población carcelaria, sin perjuicio que cualquier otra persona pueda ejercer su derecho a una medida de coerción menos gravosa


Bueno, las opciones son:

a) Louk Hulsman, el maestro del abolicionismo, en su lecho de enfermo, momentos antes de dejar este mundo

b) Luigi Ferrajoli, en una conferencia en Turín

c) Ricardo Casal, ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, respondiendo a los reclamos del CELS por la situación de los detenidos bonaerenses ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El/la ganador/a se hará acreedor/a a los siguientes premios:

1) unas minivacaciones de Semana Santa en la cárcel de Olmos, "all inclusive"

2) cuatro entradas gratis para ver en primera fila los juicios políticos de los jueces Nocilás Schiavo y Rafael Sal Lari, acusados por el gobierno provincial de otorgar "beneficios" a las personas sospechadas de cometer delitos.


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Bueno, sí, acertaron. Luego veremos como se reparten los premios, quién va a Olmos para Semana Santa y quien a presenciar los jurys.

Yo, ingenuamente, creí que no iban a acertar luego de leer reiteradas declaraciones públicas de don Ricardo Casal, donde, por ejempo, ha sostenido:

Cita:
La sanción del Código Procesal Penal ha permitido a partir del 1° de marzo limitar las morigeraciones de excarcelaciones que han sido escandalosas públicamente, y esto ha dado muestra de que en los últimos días, excepto un caso que está en la Cámara Penal de San Martín para resoluciones, las morigeraciones han sido denegadas


La nota completa en http://www.pensamientopenal.com.ar/01042009/actualidad11.pdf

O cuando sostuvo que:

Cita:
Casal reclamó a los jueces que "los delincuentes que son un peligro para la sociedad deben mantener condición de detenidos, para neutralizar el peligro al que puede ser sometida la sociedad


La nota completa en http://www.infobae.com/contenidos/439533-101275-0-Los-delincuentes-que-son-un-peligro-la-sociedad-deben-mantenerse-detenidos

O que

Cita:
Finalmente, remarcó que desde diciembre del 2007 se han incorporado 4000 mil personas detenidas al sistema. Y que la sanción del Código Penal permitió limitar la morigeración: “esto ha dado muestras, excepto un caso, que la morigeraciones han sido denegadas


La nota completa en http://www.aninoticias.com/noticia.php?id_noticia=19407

Pero seguramente que ustedes tendrán razón, y la persona que sostuvo ante la CIDH la acendrada defensa de la libertad como regla del proceso penal, no puede ser la misma que por los medios despotrica todo lo contrario. Ah... seguramente que debe ser una nueva y maquiavélica deformación de los periodistas que gozan tergiversando las declaraciones para generar pánico y alarma entre la población.

Próximamente continuaremos con nuevas adivinanzas ("avidinanzas", como decía una de mis hijas cuando era chiquita) y también se invita a otros señores foristas que se sumen a esta iniciativa tendiente a agilizar el cerebro.

Muchas gracias

¿Quieren violencia?

Leyendo "Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. El caso Walter Bulacio" por Sofía Tiscornia, Editores del Puerto y CELS (año 2008), y escuchando el tema "Los dinosaurios" por Charly García, me generó un sentimiento que quiero transmitir, a ver si lo sienten.



"La ambulancia lleva a Walter al hospital. Son las 11 de la mañana. El médico de guardia diagnostica lesiones y traumatismo creneano. Porque la esena no dejaba lugar para dudas, encajaba perfectamente con lo que la guardia hospitalaria estaba acostumbrada a ver habitualmente: un cuerpo adolescente que llega con la policía, lo traen luego de haberlo tenido una noche entera en un calabozo, después de una razia en un recital donde se sabía -ya para entonces- que había habido golpes y cientos de detenidos. Toda violencia es también un gesto discrusivo que, como tal, lleva una firma (Segato, 2004). Identificarla es reconocer un modus operandi que no es más que una huella de un estilo conocido. Por ello, los médicos no se preguntaron demasiado. En ese cuerpo parecia haber una firma y el diagnóstico fue también el reconocimiento obvio del conocido sujeto/institución que pudo haberla inscripto". (Pág. 35 y 36)

La tolerancia cero se manifiesta

Detienen 81 personas que cuidaban coches


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Después iran por los malabaristas, los limpiavidrios, los lavacoches, las prostitutas, las travestis, los mendigos, los vendedores ambulantes. En fin, si hay miseria que no se note.

CIDH Solicita información a Guatemala

Comunicado de Prensa No. 14/09

CIDH SOLICITA INFORMACIÓN A GUATEMALA

Washington, D.C., 27 de marzo de 2009 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el secuestro de la señora Gladis Elizabeth Monterroso Velásquez de Morales, esposa del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, quien fue sometida a torturas y vejámenes por sus secuestradores.

Según la información recibida por la CIDH, el 25 de marzo de 2009, el secuestro de la señora Monterroso Velásquez de Morales tuvo lugar en un contexto de denuncias sobre amenazas y agresiones contra funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y de la apertura al público del Archivo Histórico de la Policía Nacional correspondiente al período 1975-1985. Este archivo contendría pruebas sobre la participación de la Policía Nacional en ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegales durante el conflicto armado interno guatemalteco.

La CIDH solicitó información al Estado de Guatemala sobre los hechos relacionados al secuestro de la señora Monterroso Velásquez de Morales, en base a lo establecido en el Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

María Isabel Rivero
Directora de Prensa y Difusión de la CIDH

Un día cargado de ideología política

El de 17 de marzo se cumplieron 17 años del atentado
a la embajada de Israel, en el que murieron 29 personas y resultaron heridas más de 200. A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó la personería jurídica al Partido Nuevo Triunfo, un partido político que propugna ideas de la Alemania nazi.

El fallo confirma por unanimidad lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Electoral también por unanimidad, que a su vez confirmó lo resulto por el juez de primera instancia en lo Electoral, es decir, hubieron 11 jueces que se expidieron sobre el asunto y los 11 resolvieron lo mismo. Las ideas nazis no encuentran asidero alguno en la sociedad argentina, o sea, abogar por ideas tales como la superioridad de alguna raza (concepto extinto), o la inferioridad de los homosexuales (se puede hacer extensivo a cualquier elección sexual), de los drogadictos, extranjeros, (¿y podríamos agregar "delincuentes"?), contradicen la normativa interna de la mano de los Pactos internacionales de Derechos Humanos.

Este fallo es de fundamental importancia para echarnos luz en lo que respecta a los límites de la libertad de expresión. No todas las voces pueden oírse. Las voces que hacen propaganda política discriminatoria no se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión, por lo menos en las legislaturas, ámbito por excelencia de la libertad de opinión y de expresión, donde -supuestamente- se expresan los funcionarios en representación del pueblo y las provincias.

Este es un tema que me viene dando vueltas en la cabeza hace rato, y no tengo todavía una opinio bien definida. De todas formas, si vamos a la génesis de los instrumentos internacionales de derechos humanos vemos que estos fueron el efecto de la Alemania nazi, fueron y son una forma de impedir que estas concepciones vuelvan a ponerse en práctica.

Es decir, la libertad de expresión -derecho humano fundamental- llega hasta el discurso que intenta destruir el sistema de los derechos humanos, por la simple razón de que un sistema no podría permitir su autodestrucción.

Ahora bien, lo que considero verdaderamente importante es que cuando las sociedades crean un enemigo (los judíos, los guitános, los negros, los musulmanes, los homosexuales, los travestis, los niños, los delincuentes, etc) generan una notable discriminación. Se empiezan a levantar voces que piden que no se les reconozcan sus derechos fundamentales, tales como la vida, la libertad, la integridad física, la dignidad, la privacidad. Llegando en muchos casos a encontrar cabida en los representantes del pueblo.

Con el problema de la inseguridad, aparecen mediáticos afirmando que hay que matar al que mata, y toda una zarza de estupideces. Estas expresiones no tendrían cabida en las legislaturas, ¿pero en las calles y en los medios?

Me parece que tampoco, por la simple razón de que se estaría haciendo propaganda política a favor del discurso del odio.

De todas formas, ¿qué diferencia existe entre prohibir un partido socialista, comunista, liberal, neoliberal, y uno nazi? Más allá de que no creo ni sostengo ninguna de las ideas nazis, ¿una sociedad democratica no debería dejar que expresen sus ideas?

Von Liszt: Clasificación de los delincuentes

En base al post de Seba (leer Pena Shock Pena Sacudón) y a (leer Lombroso y la "terapia del delito") surgió la duda de a qué se refería la jueza con una pena Shock. Por mi parte creo que la magistrada hacia referencia a la tercera clase de delincuentes de Von Liszt. De todas formas, por lo significativo del tema cito textualmente al autor sobre esta interesante clasificacion de delincuentes hecha en La idea de fin en el derecho penal en el año 1882. Es decir, hace más de 125 años, pero que hoy en día algunas personas atrasadas -para no decir retrasadas- siguen sosteniendo incólumes.

(...)


PRIMER GRUPO: Los irrecuperables. El combate enérgico contra la reincidencia es una de las tareas más importantes del presente. Tal como un miembro enfermo envenena todo el organismo, de la misma manera el cáncer de la reincidencia opera con creciente profundidad en nuestra vida social. El doctrinarismo dominante en el campo de la ciencia del Derecho penal ha cargado sobre sí una grave culpa. En efecto, sumido en construcciones puramente conceptuales, se ha mantenido hasta el día de hoy —prescindiendo de algunas escasas excepciones— al margen de la cuestión.

La lucha contra la delincuencia habitual presupone un conocimiento exacto de ella. Y éste falta hasta ahora. Se trata, aunque sea de un miembro, del más importante y peligroso en aquella cadena de síntomas de enfermedades sociales, que nosotros solemos reunir en la denominación global de proletariado. Mendigos y vagabundos, prostituidos de ambos sexos y alcohólicos, rufianes y demimondaines, en el sentido más amplio, degenerados espirituales y corporales, todos ellos conforman el ejército de enemigos fundamentales del orden social, en cuyas tropas más distinguidas reconocen filas estos delincuentes. Mientras no hayamos encarado el rufianaje bajo el prisma éticosocial, es un vano intento el de encarar la delincuencia habitual corno tal. Mucho tendrá que servirnos al respecto la estadística moral; mucho, en especial, su aplicación en el campo de la antropología criminal, la que aun hoy carece de un método confiable. Pero no podemos esperar hasta que tales tareas se cumplan.Y tampoco precisamos esperar.

La delincuencia habitual encuentra su expresión jurídica en las cifras estadísticas de la reincidencia. De ellas, no obstante su imperfección, que nadie niega, podemos inferir hechos valiosos; hechos que nos ofrecerían base suficiente para una intervención inmediata.

En primer lugar, el hecho de que los reincidentes constituyen la mayoría de los delincuentes, y los irrecuperables, la mayoría de los reincidentes. Apoyo estas afirmaciones, por un lado, en los cálculos de Sichart para Wurttemberg "; por otro, en la estadística carcelaria oficial prusiana para el ano que va del 19 de abril de 1880 al 1° de abril de 1881, recientemente publicada.

Las cifras hablan por sí solas. Confirman que nuestro actual tratamiento del reincidente es equivocado e insostenible; comprueban que al menos la mitad de todas las personas que anualmente pueblan nuestros establecimientos carcelarios, son delincuentes habituales irrecuperables. Pretender corregir a tal gente en presidios celulares, a un costo muy alto, carece simplemente de sentido; y lanzarlos al contacto con el público luego de algunos años, como una fiera, y volver a encarcelarlos y a -corregirlos- al cabo de dos años, después de que hayan vuelto a cometer tres o cuatro nuevos delitos, es más que una insensatez, y cosa distinta de una insensatez. Pero nuestro sistema penal de límites lo permite y lo exige; la -retribución" queda satisfecha y la ciencia penal está tan preocupada con la doctrina de la relación de causalidad, así como con la controversia sobre los delitos de omisión y otras cosas, que su tiempo no alcanza para ocuparse de estas bagatelas.

La sociedad debe protegerse de los irrecuperables, y como no podemos decapitar ni ahorcar, y como no nos es dado deportar, no nos queda otra cosa que la privación de libertad de por vida (en su caso, por tiempo indeterminado).

Antes de decidirme a proseguir con el desarrollo de esta idea, quiero constatar otro hecho. Será tarea de la estadística criminal el comprobar qué delitos son los que suelen cometerse habitualmente; en tal empeño, la antropología criminal está en condiciones de prestar servicios importantes. Pero, sobre la base de los resultados hoy disponibles, podemos trazar con alguna certeza el contorno de estos delitos. Son, en primer lugar, los delitos contra la propiedad; en segundo término, ciertos delitos contra las buenas costumbres, es decir, aquellos delitos que arrancan de los más fuertes y originarios instintos humanos. Dicho con más precisión, los siguientes serian los delitos que se podría citar al respecto: hurto, alcahuetería, robo, extorsión, estafa, incendio, daños, atentados sexuales y corrupción de menores. Naturalmente, no queda excluida una complementación o una corrección de esta lista sobre la base de observaciones más exactas.

La "eliminación de la peligrosidad" me la figuro de la siguiente manera. El Código penal debería determinar —en la misma forma que los parágrafos 244 y 245 del Código vigente— que una tercera condena por uno de los delitos mencionados más arriba llevaría a una reclusión por tiempo indeterminado. La pena se cumpliría en comunidad en recintos especiales (presidios). Ella consistiría en una "servidumbre penal", bajo la más severa obligación de trabajo y la mayor explotación posible de la fuerza de trabajo.

Como sanción disciplinaria, la pena corporal sería casi inevitable. Una pérdida obligatoria y perpetua de los derechos civiles y honoríficos debiera señalar el carácter incondicionalmente deshonroso de la pena.

La reclusión individual sólo operaría como sanción disciplinaria, combinada con reclusión en cámara oscura y ayuno estricto.

No se precisaría perder toda esperanza de una vuelta a la sociedad. Los errores de los jueces son siempre posibles. Pero la esperanza debiera ser lejana, y la liberación, muy excepcional. Cada cinco años la Comisión revisora anexa al tribunal en cuya jurisdicción se haya dictado la condena, podría presentar una propuesta de liberación. Si la Sala criminal de la Corte diera lugar a esta solicitud, se procedería a entregar al condenado a los establecimientos correccionales que se mencionarán más adelante. Un mal comportamiento tendría como consecuencia el regreso al presidio.

En lo esencial, se trataría, pues, de un obviamente significativo agravamiento y extensión de la pena por reincidencia que establece nuestro Código penal. Aquí se encontraría el punto de encuentro con cuantos, considerando como algo "históricamente dado" nuestro sistema penal de límites, se opongan por principio a toda reforma radical de éste.


SEGUNDO GRUPO: Los que precisan de corrección. El círculo de aquellos delitos que suelen ser cometidos de manera habitual encierra a la vez nuestro segundo grupo. Los delincuentes habituales se reclutan entre los individuos que precisan corrección, que por predisposiciones heredadas o adquiridas han llegado a la delincuencia, pero que no son aún casos perdidos sin esperanza. Las pequeñas cárceles son las principales agencias de enganche, pero los asilos para canallas, las cantinas y los burdeles les disputan tal privilegio. Estos principiantes de la carrera delictiva pueden, en numerosos casos, ser salvados. Pero ello, sólo por una seria y duradera disciplina. El mínimo de la pena de privación de libertad que opera en estos casos no debiera, en general, bajar del año. No existe nada más corruptor y contradictorio que nuestra pena corta privativa de libertad contra los aprendices de la carrera de delincuente. Aquí, más que en cualquier otro caso, lleva la sociedad la parte del león en la culpa bajo la cual cede el futuro delincuente habitual.

Prácticamente, el asunto debiera estructurarse de la siguiente manera: En la primera y segunda comisión de alguna de las acciones penadas que se mencionan más arriba, el tribunal debe disponer la remisión a un establecimiento correccional. La sentencia llevaría consigo suspensión y no pérdida de los derechos honoríficos. La duración de la pena (que no se determinaría en la sentencia) no sería inferior a un año ni superior a cinco. El castigo comenzaría con reclusión unicelular. En el caso de buen comportamiento, el Consejo de vigilancia podría decidir un traslado a una progresiva reclusión comunitaria. Debe recurrirse al trabajo y a la educación básica como medios para fortalecer la fuerza de resistencia. La pena corporal como sanción disciplinaria quedaría en todo caso excluida. El Consejo de vigilancia podría proponer, una vez al año, al tribunal del territorio la remisión que favorezca a aquellos reclusos que aparentemente se hayan corregido. Aquel a quien se hubiera remitido la pena quedaría sometido a la vigilancia policial por un término igual al tiempo que permaneciera en reclusión. Luego de cinco años de reclusión, ella debería en todo caso terminar; la persona puesta en libertad quedaría sometida por otros cinco años a la vigilancia policial.

A fin de asegurar el éxito de estos establecimientos correccionales, debiera haber asociaciones privadas de carácter oficioso, es decir, bajo la supervigilancia del Estado y sostenidas financieramente por éste, que se preocuparan del alojamiento y del apoyo que precisen estos reclusos puestos en libertad.

EL TERCER GRUPO está compuesto, luego de los incorregibles y los que precisan de corrección, por el gran número de aquellos que, usando una expresión breve, podemos calificar como delincuentes ocasionales es decir, aquellos para los cuales el hecho cometido constituye un episodio, un descarrío generado por influencias preponderantemente externas en quienes, por tanto, el peligro de una frecuente repetición de la acción punible cometida es mínima, y para quienes, por ende, carece de sentido una sistemática corrección. En tales casos, la pena debe restablecer simplemente la autoridad de la ley violada; ella debe ser intimidatoria, una advertencia, un “papel para pensar” adecuado al impulso egoísta del delincuente. Objetivamente, el campo de la pena intimidatoria abarca, pues, todos los delitos y faltas, con excepción de los ya mencionados, es decir, todos aquellos cuya comisión habitual no se halla comprobada por la estadística criminal. En general, podrían conservarse aquí las amenazas de pena de nuestro Código penal, aunque con disminución de los diversos grados que él contempla; pero, ciertamente, lo más recomendable sería una pena de privación de la libertad unitaria, que no necesariamente se deba cumplir en reclusión unicelular, con un mínimo no demasiado corto (no inferior a seis semanas) y con un máximo tampoco muy alto (diez años serían más que suficientes), y una pérdida facultativa de los derechos civiles y honorarios; junto a ella o en vez de ella podría considerarse, en un margen mayor del que tiene ahora, la pena de multa. La pena de muerte me parece superflua, toda vez que los incorregibles han quedado neutralizados.

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Von Liszt, La idea de fin en el derecho penal, año 1882, pág 115 y sig.

Marcha por seguridad

En unos días habrá una marcha en repudio de la inseguridad (más información)

Ahora bien, ¿en los medios de comunicación hay propaganda del miedo?

El miedo, la angustia, la incertidumbre... ¿será para manejar más facil al pueblo?

Da para pensar.

Comunicado de prensa Asociación Pensamiento Penal



Ante hechos de público conocimiento, por el cual funcionarios municipales, provinciales y nacionales han requerido la promoción de juicio político y destitución de los jueces del Departamento Judicial de San Isidro, Rafael Sal Lari y Esteban Rossignoli, la Asociación “Pensamiento Penal” se ve en la obligación de reiterar, una vez más, su profunda preocupación por la lesión al Estado de Derecho que esas acciones y manifestaciones públicas producen, conduciendo a una gravísima degradación institucional.

Las decisiones jurisdiccionales emitidas por los jueces Sal Lari y Rossignoli, como toda decisión judicial, resultan opinables, y el ordenamiento procesal ha previsto instancias de revisión para que otra instancia analice su adecuación a derecho.

El juicio político es un procedimiento excepcional, reservado para casos institucionalmente graves, que no se vinculen al análisis de las situaciones jurídicas que deben resolver los jueces en cada caso concreto; sino que esta vinculado a inconductas o incompetencias en el ejercicio de su función. La naturaleza política del juicio, atiende a los órganos encargados de sustanciarlo, y no a la naturaleza del juicio, que requiere, como todo proceso, el estricto cumplimiento de garantías constitucionales establecidas en beneficio de todos.

La sociedad argentina en general, y la bonaerense en particular, merecen y deben tener, una judicatura calificada e independiente, cuyos pronunciamientos dependan de la aplicación estricta del derecho al caso concreto, y no de la ponderación política del momento, sobre los eventuales resultados de esa decisión.

Cuando funcionarios públicos aparecen en los medios de comunicación, asimilando la función jurisdiccional a un empleado administrativo, evaluado por “sus resultados”, que debe ser destituido por el “gusto” del momento, y no por las razones jurídicas que hacen a su pronunciamiento, fulminan públicamente la independencia del poder judicial.

No se trata aquí de formular una defensa corporativa de uno u otro juez, puesto que con independencia de la injusticia personal que pueden significar esas declaraciones públicas (como ha sucedido antes con otros jueces de la provincia), lo relevante desde el punto de vista institucional es la pérdida de imparcialidad de la justicia como poder independiente del Estado, y última barrera de defensa de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución Nacional.

Las lecciones de la historia dan cuenta de las consecuencias sociales en que se traduce la pérdida de independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado. La vida, libertad, y bienes de los individuos quedan así sujetos a la voluntad del gobernante de turno, sin límite institucional alguno.

Al fin de cuenta el Poder Judicial está constituido por hombres y mujeres, que están y pasan, con sus justicias e injusticias, pero el esquema institucional que se pretende establecer, sobre la base de evaluar la conducta de los jueces bajo una difusa relación de resultados, fulmina la independencia de los poderes, y transforma en injusta a la sociedad toda, cuyas consecuencias serán en un futuro próximo padecida por todos.

La llamada “inseguridad” es un problema serio, que afecta a todos los ciudadanos, incluso aquellos que son parte del Poder Judicial, y requiere soluciones serias que involucren un entendimiento entre todos los poderes del Estado; y no, por el contrario, declaraciones y acciones contrarias al derecho, que lejos de estar destinadas a la construcción de una sociedad mejor (respetuosa del Estado de derecho), se detiene en la coyuntura electoral del momento.

Han pasado algo más de 25 años de la recuperación democrática, y aún hoy existen serias y manifiestas deficiencias en el verdadero reconocimiento y ejercicio de los llamados derechos humanos de segunda y tercera generación; lejos nos encontraremos de honrar aquella, negando los derechos humanos básicos.

Desde este ámbito hemos expresado reiteradamente nuestra preocupación por la lesión a la independencia del Poder Judicial, que actualmente se encuentra quizá en su coyuntura más grave. Por eso reclamados la mesura y la reflexión a todos los poderes públicos, para la realización de un ejercicio responsable de las diversas áreas que cada uno ocupa, alejados de la coyuntura y de pretensos réditos electorales del momento, permitan construir un espacio de respeto institucional que conlleven a la realización de una sociedad mas igualitaria y justa, lo que jamás podrá realizarse sin la real vigencia y respeto de los derechos humanos.

Abogado defensor detenido

El jueves 19 de febrero de 2009 el personal policial de la seccional 10ma detuvo a Gabriel Macaroff, abogado defensor de Maximiliano Ledesma, un joven detenido por Código de Faltas. Los uniformados alegaron que Macaroff había "entorpecido" el procedimiento. El abogado permaneció detenido hasta el día siguiente, con traslado a Encausados incluido.

La detención, según explicó Macaroff a través de un correo electrónico difundido el lunes 23, se debió a que quiso denunciar los golpes y maltratos recibidos por su defendido. La Policía, además, retuvo ilegítimamente el celular del joven detenido, según cuenta Macaroff; por ello, él solicitó copias del libro de la seccional. Al intentar denunciar todo a la unidad judicial ubicada en la misma comisaría, Macaroff relata que un policía se interpuso para impedirlo y lo amenazó reiteradamente de muerte. Frente a eso, el joven detenido, que estaba siendo liberado, anunció que haría la denuncia al día siguiente, ante la Secretaría de Derechos Humanos. El personal policial actuante afirmó que eso era una "amenaza" (sic) y se dispuso a arrestar nuevamente a Maximiliano, con golpes y patadas. En ese momento, Macaroff se interpone para evitar el ataque y lo arrestan alegando que entorpecía el procedimiento.

El hecho relatado es de una extrema gravedad. No por tratarse de un abogado: la libertad de toda persona vale igual. La preocupación aumenta porque el abogado resulta detenido cumpliendo un rol institucional, a saber, la defensa de un detenido. Esto ataca aún más el derecho a la defensa, ya violado por el inconstitucional art. 15 del Código de Faltas y por el inconstitucional procedimiento contravencional, que da poder de "sentenciar" al comisario actuante.

Un total y completo esclarecimiento de lo ocurrido, con la sanción de quienes resulten responsables, constituye la única respuesta oficial aceptable.

Más información sobre el tema:
- El relato completo de Gabriel Macaroff, aquí.
- Información sobre Maximiliano Ledesma, que aún sigue detenido, aquí.
- Notas anteriores de Radio Tosco sobre Código de Faltas, aquí (Ene 2008) y aquí (Dic 2007).

Fuente: Radio Tosco