Tu lo sabes, yo lo se, ¿ellos lo saben?

Por Francisco N. Ferrón


Desde los mismos confines de la inquisición, el Estado se organizó para reprimir o retirar de la competencia determinados individuos que, o se oponían a las políticas públicas o eran por algún motivo en particular indeseados para los gobernantes.

Cuenta Foucault -en su celebre libro Vigilar y Castigar- que las cárceles como instituciones receptoras o contenedoras de personas –como consecuencia de una sanción- son algo relativamente reciente en la evolución de la humanidad. Aunque hoy en día la custodia de esas personas privadas de [su] libertad es algo accesorio para resocializar esas almas “perdidas”, que socialmente son consideradas indeseables.

Sin embargo, observando la realidad, parece que es necesario continuar gastando poco y nada en instituciones que más que perturbar personas no hacen, aunque se podría decir que el único beneficio que tienen es el de albergar dentro de ellas un cúmulo inimaginable de individuos “débiles de moral”, olvidados sociales, excluidos de la mayoría de sus derechos como personas, insatisfechos en sus necesidades mas elementales, para -por el otro lado- proteger a la otra parte de la sociedad que se encuentra fuera de las mismas.

Es interesante imaginar cuantas cosas se podrían hacer en vez de privar de [su] derecho a la libertad a personas que -por más que pueda pesar- son descartados sociales.

El excluido social no importa, sólo me interesa una vez que interfirió en mi vida causándome un perjuicio, y como no lo pienso tolerar, intento alejar de mi todo lo que tenga que ver con él. Ese que antes no era nadie en mi vida y –que tampoco me interesaba- ahora es un delincuente que no deseo ni que respire. Él me causo un mal, y por eso quiero que sufra, que pase el resto de su vida sufriendo y pensando todo el mal que me hizo y le hizo a la sociedad. Ya no me interesa otra cosa que no sea verlo sufrir el resto de su vida, y si puede ser más tiempo mejor, que también sufra en el infierno si es que existe, pero por las dudas que sufra en la tierra lo suficiente como para que yo quede satisfecho de haberle inflingido bastante mal como para que se acuerde siempre del mal que él hizo.

Llamativo pero cierto. Ésta es la simple finalidad que tienen hoy en día las cárceles, hacer sufrir a una persona que hizo sufrir a otra u otros. No tiene más ciencia que esa, por eso, considero necesario contrastar la realidad con los dogmáticos que confunden diciendo que la finalidad de la pena privativa de la libertad es la de resocializar al delincuente. Eso es mentira, no socializas o resocializas a una persona enseñándole a vivir [la] libertad privándola de ella. Es contradictorio enseñar a hacer algo no permitiéndoselo hacer.

La realidad demuestra que las personas que entran en las cárceles no salen resocializadas, salen peor. Acumulan el remordimiento de sentir durante muchos años el mal inflingido por la Justicia a causa de su acto socialmente disvalioso. Pero aceptando que la violencia sólo genera más violencia, y siendo la principal la que el Estado imparte con la falta de distribución equitativa de la riqueza, de la falta de políticas de integración social, de generación de empleo, educación, etc., no puede esperarse que quienes son –en primer lugar- violentados, posteriormente actúen sin violencia. (¿Más papista que el papa?)

Entonces, creo que es tiempo de recapacitar y darnos cuenta que la solución no viene por el lado de aumentar las penas, o crear más cárceles. Viene por el lado de diseñar una sociedad más equitativa, donde no exista la necesidad de ir a cometer delitos, donde cada uno respete al otro por una cuestión de principios y no por una imposición coactiva, donde la violencia no sea ejercida día a día por el Estado, o que un niño de 3 años tenga que salir a pedir monedas para ayudar a sus padres.

Si somos un poquito observadores, vamos a poder entender que tanto el hombre como la sociedad, son parte de una realidad violenta. Naturalmente la violencia es utilizada como un medio para conseguir determinados fines, pero lo que nos diferencia de una sociedad civilizada y de una no tanto, es la dosificación en el tiempo de impartir violencia.

Por eso, procurar disminuir la violencia –en cualquier ámbito-, es algo por lo cual todos deberíamos luchar, siempre y cuando tengamos intenciones de vivir en una sociedad relativamente civilizada, en miras al bien común, a la paz y al progreso de la humanidad en su conjunto.

¿Cómo valoramos las cosas?

Por Francisco N. Ferrón

Existen actitudes que realmente me desconciertan.


Actitudes incoherentes, irracionales e ilógicas se ven en todos lados y a cualquier hora.


Con el simple hecho de mirar televisión, escuchar a las personas hablar, leer un diario o navegar por una Web, nos encontramos con una realidad –podríamos decir- un poco bizarra y hasta alarmante.


Se leen noticias que nos cuentan sobre homicidios, violaciones, secuestros y todo tipo de delitos violentos – ¿y aberrantes?- que nos deja anonadados.


Pero lo que más me llama la atención es en si, las opiniones que generan las noticias, o lo que dicen los entrevistados y periodistas. (Que ¿necesariamente? realizan una valoración de los hechos y la exteriorizan).


Por ejemplo: hace unos días una mujer mato a un joven de 20 años que le había entrado a robar (Noticia), varios individuos privados de su libertad fueron golpeados, desnudados, vejados, en una cárcel de Misiones (Noticia).


En el primero de los casos se lee que una mujer mató en legitima defensa (¿?) a un delincuente que le estaba robando. Si, legitima defensa, ¿de que? De su derecho de propiedad sobre las cosas. O sea que una persona tiene el derecho de quitarle la vida a otra porque le está robando. Pero, ¿cuál es el bien jurídico más valioso del ordenamiento jurídico? O ¿qué es lo que la sociedad valora más?


Creo que muy pocas personas serían capaces de afirmar que un auto vale -o es más valioso- que una vida. Pero bueno, ahí es en donde veo una incoherencia.


Considero que no es legítima la defensa de una persona que para salvar su patrimonio tiene que matar a otra.


No es coherente que el bien jurídico más importante para el derecho sea la vida y que pueda destruirse para salvar un bien jurídico de menor valor, la propiedad privada.

- No existe ponderación de bienes en la legítima defensa (dice una doctrina).

- ¿Cómo?

- No, no existe.

- ¿Pero qué es lo que hace el individuo que se ve amenazado de un robo o es robado y mata al “delincuente”?


No se, personalmente, diría que el sujeto hace una valoración del hecho –la lesión a su patrimonio y la lesión al bien jurídico vida del “delincuente”- y decide que es más importante la propiedad privada que la vida.


¿No existe ponderación? Yo creo que si. Pero la doctrina tiende a olvidarse o a cerrar los ojos por un ratito y decir “yo no vi nada”, “acá no pasó nada” y dar vuelta la página.


Bien jurídico más importante, la vida, bien jurídico de menor valor, la propiedad privada. Se mata para salvar la propiedad privada y es legítima defensa. Incoherente.


Legítima defensa se da cuando se intenta repeler una agresión ilegitima a un bien jurídico afectando otro bien jurídico, sin importar el valor del bien jurídico afectado.


¿Es legítimo matar para salvar la propiedad privada?


Es legítimo defenderse, de eso estamos todos de acuerdo, pero ¿puede ser legal matar a otra persona cuando no corre riesgo la vida o en forma indeterminada la integridad corporal? Fácticamente puede ser, pero nunca justo.


Más sorprendente me resulta leer comentarios legitimando vejaciones, mal tratos, torturas y hasta homicidios propiciados contra “delincuentes”.


Dicen: “si está preso es por algo”, “en vez de preocuparse por los delincuentes, preocúpense por las victimas”, “habría que matarlos para evitar mantenerlos y gastar plata del Estado”, “porque hay que respetar sus derechos humanos, si ellos no respetaron los de otros”.


Sin embargo, no hay que olvidarse de algunas cuestiones.


En primer lugar, la dignidad de las personas como cualidad innata de todo individuo. Ésta dignidad no puede –nunca- ser olvidada por la sociedad. Es innegable que todos somos iguales ante la ley (Art. 16 CN), la ley reconoce la dignidad como bien jurídicamente protegido, por lo tanto, es contradictorio decir que algunas personas merecen que se les respete la dignad y otras no.


La Declaración Universal de Derechos Humanos dice:


Artículo I

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.


En segundo lugar, proponer matar a una persona para evitar gastar plata del Estado, es absurdo. Un Estado de derecho –como el nuestro- no puede matar a un individuo -sin violar disposiciones de derecho internacional- ni incorporar la pena de muerte a su ordenamiento interno.


Artículo III (de la misma declaración)

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.


La Convención Americana sobre Derechos Humanos dice:


Artículo IV Inc. III

“No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.


La Argentina es uno de los Estados que la han abolido y al incluir en el Art. 75 Inc. 22 los tratados de derechos humanos como normas constitucionales, no se restablecerá,


En tercer lugar, y aunque cueste comprenderlo, tanto los “delincuentes” como los afectados por los delitos, son victimas de un Estado ausente. De un Estado que en vez de priorizar la educación, la distribución equitativa de la riqueza, la producción de empleo, etc., aumenta las penas de los delitos, llena las cárceles de jóvenes, y destruye las esperanzas de los que pretendemos un país mejor.

Por último, y para ir finalizando con éste post, no quiero dejar de referirme a lo importante que es una sociedad respetuosa de los derechos humanos. Sin una conciente y completa interpretación e integración de todos y cada uno de los derechos que como humanos tenemos, no podríamos nunca llegar a desarrollarnos como personas y como sociedad. Es fundamental comprender que todos somos iguales y que el odio, la violencia y la intolerancia, no nos ayudan a mejorar, todo lo contrario, nos termina dándole la razón a Hobbes, de que el hombre, es el lobo del hombre.

Llamemos a las cosas por su nombre

Por Francisco N. Ferrón

Una cuestión que me llama mucho la atención es el empecinamiento que existe en la doctrina procesalista de cambiar los nombres o maneras de hacer mención a los individuos de la sociedad cuando están enfrentados al órgano jurisdiccional.
No es de extrañar que toda persona que se ve sometida a un proceso penal, en el transcurso del mismo y posteriormente, sea individualizada de una forma determinada. Al comenzar el proceso se lo llama imputado, detenido, "demorado", "sospechoso de la comisión de un delito", etc. Posteriormente se lo denomina procesado, reo, preso, "delincuente", privado de su libertad, tumbero, etc.
Lo que resulta evidente, es la intención de hacer notar ante los ojos de la sociedad que tal individuo se encuentra cumpliendo un rol determinado dentro de una realidad concreta. Ésta realidad es parte de una realidad más amplia, la realidad social.
Dentro de la realidad social todos los individuos somos personas, sujetos de derechos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. Mediante lo cual se resalta en cada uno de los sustantivos una dignidad particular y una valoración social positiva.

Tal vez esté equivocado, pero personalmente interpreto que la sociedad cuando lee o escucha la palabra preso, delincuente, tumbero, procesado, imputado y demás, hace una valoración negativa de la persona a la cual se la caracterizada con dicho sustantivo. Indignificando (utilicemos neologías) al sujeto portador del mismo y apartándolo -si se quiere decir- del hombre, de la mujer, del sujeto de derechos, de la persona, en sí, de un individuo que goza de cierto grado de dignidad por el simple hecho de formar parte de la realidad social. No hay que olvidar la enorme asociación que todavía existe entre delito y pecado.

Esto me lleva -conjuntamente a lo anterior y aunque sea muy sutil la analogía- a cuestionar la caracterización que se hace de los individuos por su ubicación social tanto educativa como económica. Que desde el Derecho Romano, gracias a la reforma de Servio Tulio que organizó a la sociedad romana -en cuestiones castrenses principalmente- según el número de extensión territorial que se poseía. Librando las decisiones del "Estado" a un porcentaje de individuos con mayor capital. Se reforzó -de ésta manera- la tesis de hacer distinciones dentro de la realidad social por el poder económico. Que al fin y al cabo, no tiene otro resultado que diferenciarnos.

Para finalizar me gustaría recordar que cuando una persona se ve sometida a un proceso penal, no por ello pierde su dignidad. Por lo tanto llamemosles por su nombre.

Independencia del Poder Judicial

Por Francisco N. Ferrón.


Introducción


Hace no muchos días, hemos sido testigos de una de las tantas intromisiones del Poder Ejecutivo Nacional sobre otro de los poderes en que se organiza una Republica, El Poder Judicial.

Muchos deben estar de acuerdo –y no me excluyo- de la necesaria celeridad de los procesos judiciales. Porque es un deber, un derecho y una obligación por parte de las instituciones encargadas de juzgar los actos sucedidos hace varios años, en los que se vio envuelta toda la humanidad y más precisamente la población argentina.

La rápida resolución de lo sucedido es –indudablemente- algo que todos creemos necesario. Pero esto, no debe llevarnos a legitimar una conducta errónea por parte de uno de los poderes del Estado.

La importancia y resonancia que tienen las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional -sobre la población- a la hora de generar juicios valorativos con respecto al accionar de otras instituciones -más precisamente del accionar del Poder Judicial- puede ser sumamente trascendente para la formación del juicio en la sociedad.

Como decía un filósofo muy reconocido por todos y por quienes no tuvieron la suerte de estudiarlo o leerlo que igualmente han podido aprender de sus palabras ya que el concepto esta implícito en gran parte de la sociedad. “El fin no justifica los medios”. Emmanuel Kant (1724 - 1804). Con esto estoy tratando de decir que -tal vez- el fin del Poder Ejecutivo Nacional no era incorrecto, pero el medio que utilizó no era el adecuado -lo debería saber- siendo el poder que representa a toda la población frente a otros países, la ventana al mundo entero.


Que es la independencia judicial


En palabras bien simples, la organización de un Estado en varios órganos encargados de llevar adelante diferentes tareas, recibe el nombre de división de poderes, o podría llamarse división de funciones, o de atributos, delegados o enmendados mediante la Constitución Nacional por la población hacia un grupo determinado de personas que cumplen en un periodo –también determinado- las potestades delegadas.

Esta organización en forma de una Republica es receptada por nuestro ordenamiento jurídico a través de una de las fuentes de consulta de los constituyentes de 1853 para la creación de nuestra Constitución Nacional, la Constitución de Virginia de 1776 que en su Art. V reza “Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado deben estar separados…”.

Ésta a su vez tuvo como fuente “El espíritu de las leyes” de Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu (1689-1755) que paso a citar: “Cuando el poder legislativo esta unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente.

Tampoco hay libertad si el poder judicial no esta separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos seria arbitrario, pues el juez seria al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.

Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nombres o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares.” Cap. VI, Libro XI “El espiritu de las Leyes” Montesquieu. Traducción Mercedes Blázquez y Pedro de Vega. (Año 1980).

Concordantemente con los principios de una Republica, como enuncia la Constitución Nacional en su Art. 1 La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece esta Constiticón” y en su Art. 109. Quedando impedido el Poder Ejecutivo de ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas."p. 568 DALLA VIA, Alberto R. "Manual de derecho constitucional" editorial NexisNexis año 2004.

En síntesis, la independencia judicial es la imposibilidad que tienen los otros poderes de intervenir en la realización de las potestades o atribuciones delegadas por el pueblo -como soberano- en cabeza de uno de los órganos encargados de llevarlo a cabo.


Conclusión

Si tomamos en cuenta el sistema adoptado por nuestra Constitución Nacional y observamos como es el proceder de las distintas instituciones legales en la realidad cotidiana, podemos evidenciar cómo el Poder Ejecutivo Nacional a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia y mediante estos actos públicos en los cuales se arroga facultades vedadas por el ordenamiento jurídico, realiza todo tipo de violaciones a la Constitución Nacional.

Estos actos inconstitucionales destruyen la tan añorada seguridad jurídica del sistema y por ende de toda la población en su conjunto. Por lo cual no deben ser ni repetidos, ni defendidos y mucho menos legitimados por los demás poderes del Estado.

Quien sostenga lo contrario –indudablemente- esta en contra de una organización Republicana de gobierno, lo cual –tal vez- no sea infructífero pero no es acorde a nuestro ordenamiento jurídico.




Aborto si aborto no

Por Francisco N. Ferrón


Me gustaría desarrollar cuales son los fundamentos de las dos posturas más encontradas de la dogmática penal en relación al aborto.

Aborto si.

Principalmente desde una visión pro abortista, -los que propugnan esta idea- sostienen sintéticamente que la vida de la madre, receptora del feto embrionario en desarrollo en su interior, en ciertas ocasiones tiene derecho -basados en un estado de necesidad- a librarse o interrumpir el curso normal del embarazo. Esta tendencia o pensamiento pondera -compara- ciertos bienes que serían lesionados o menoscabados si la gestación continuara, como el derecho de la madre a elegir su futuro, planificación familiar, situación socioeconómica, etc. Basándose en que la madre o progenitora –al ser un ente con “vida”- tiene más derechos -o es mas valiosa- que el embrión en gestación considerándolo en pos de vida o con probabilidades de tener vida. Esta tendencia es limitada por otra menos absolutista que le reconoce al feto vida a partir de los 45 días de gestación. Por lo tanto, se podría realizar el aborto antes de cumplidos los 45 días, fecha estimativa en que se comienza a desarrollar el sistema nervioso del feto.

Por esos fundamentos, esta postura no le reconoce al feto la cualidad de ser un ente con vida, no siendo el aborto un homicidio.

Aborto no.

En la otra vereda, nos encontramos con quienes sostienen que el feto posee un alma y que desde la concepción en el ceno materno, es un ente viviente. Por esto mismo, el aborto es un homicidio y debe ser sancionado como tal. Consideran que la madre es una mera receptora por nueve meses del feto y que no tiene derecho de interrumpir el embarazo bajo ninguna circunstancia.

Dentro de esta tendencia podemos ubicar a una postura más limitada que sostiene que el embarazo solo puede interrumpirse en ciertos casos de grave peligro para la madre o en situaciones en las cuales el nacitur no podría sobrevivir después del alumbramiento por fallas congénitas o deformaciones graves como la acefalía -ausencia de la cabeza-.

De una forma sintética traté de plasmar cuales son las dos posturas más controvertidas dentro de la discusión entorno al aborto. Lo cual no quiere decir que no haya dejado de lado ciertas posturas más o menos controvertidas.

Que piensa la medicina.

La vida es un bien jurídico fundamental para la existencia de los demás derechos. Es la base de toda construcción conceptual y espiritual de la humanidad. Sin vida no existe libertad, honor, igualdad, ni todos los derechos creados en base a la posibilidad de la existencia y de la posibilidad de nacer y de ser un humano.

Ahora bien, definir cuando existe vida y cuando no es algo que escapa a la ley y a la decisión de un legislador. No se puede precisar legalmente si en la concepción en el ceno materno o a los 45 días o 3 meses el feto tiene vida. Para eso es necesario introducirse en el área de la medicina y observar a partir de cuando -científicamente- el embrión comienza a sentir, o sea cuando tiene desarrollado el sistema nervioso –el aparato sensitivo de las personas-.

Desde la medicina –la ciencia que tiene como finalidad la salud- se descarta la posibilidad de sentimientos o pensamientos del embrión en gestación hasta los 3 meses, por la falta de terminación en el desarrollo del sistema nervioso. Esto significa que si no siente, ni piensa, no vive. La muerte cerebral se da cuando un individuo deja de recibir los impulsos exteriores en su cerebro, por lo tanto, hay una desconexión entre el mundo y el ser. La falta de desarrollo del sistema nervioso impide cualquier tipo de percepción, sentimiento, pensamiento. No existe conexión entre el mundo exterior y el individuo ni percibe los impulsos externos ni internos. Por lo tanto, hasta los 3 meses no existe vida, ni el feto podría llegar a sentir tenerla.

Conclusión.

Siendo un tema tan controvertido y sin una solución pacifica en la sociedad, considero que debería existir la posibilidad de que cada persona elija que cree correcto o más conveniente para la planificación de su vida, tanto en pareja como de forma soltera.

Si desde el Estado se penaliza el aborto o la interrupción del embarazo, se esta aceptando una de las posturas anteriormente enunciadas, tomando partida por una concepción teleológica e imponiendo a los ciudadanos una forma de creencia. Que por supuesto, no es concebible que un Estado de Derecho imponga un estilo de pensamiento, creencia o culto.

Por eso, más allá de que mis convicciones no me permitirían abortar, no creo que sea adecuado imponerles mi decisión a personas que piensan de una forma distinta a la mía por medio de una ley que penalice la conducta contraria. Debiendo no intervenir el Estado en esa clase de decisiones tan íntimas y de difícil realización.

Utopía o futuro.

Me gustaría dejar plasmada una inquietud que me surgió con respecto al tema desarrollado. ¿Qué sucedería si la madre desea terminar el embarazo pero el padre se opone a la decisión? O vicervesa.

Por supuesto, todo esto debería plantearse una vez que se llegue a la despenalización del aborto.

Pero me animo a decir que en un futuro se llegará a litigar por este tipo de pretensiones en la orbita familiar.



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Fuente del debate desarrollado en Pensamiento Penal. Bovino, "Aborto impune y derecho al aborto"

El Estado de Derecho y los Estupefacientes

Por Francisco N. Ferrón


Libertad de expresión, bien gracias.


Cuando hago referencia al termino “estupefacientes” lo utilizo como “sustancias (que) provocan embrutecimiento moral e intelectual”1. Características que resaltan –indudablemente- el fundamento de su abolición. Y por que no decirlo, arbitrario y tan débil que es protegido por distintos tipos penales, como el de apología al crimen Art. 213 CP Argentino, en el que se prohíbe expresamente hacer públicamente y por cualquier medio apología –termino vago y redundante- de un delito. Con todo esto quiero decir, que la cuestión de los estupefacientes, es un tema prohibido de debatir, siempre y cuando se este a favor de su despenalización. Por supuesto, esto contraría el Art. 14 CN Argentina, en donde se consagra la libertad de publicar -expresar- las ideas por la prensa sin censura previa, de enseñar y aprender. Libertades imprescindible en un Estado de Derecho, que priorice la educación, el progreso social y sobre todo el entendimiento de los conceptos y la maduración de las ideas.

Delito o enfermedad: contradicción terminológica.

Otro sub tema que aspiro a desarrollar, es como las políticas internas de los países se contradicen con los fines que tratan de proteger.
El fundamento de la prohibición del consumo de estupefacientes es el resguardo de la salud de la población –la salud pública-. Que es continuamente avasallada por el flagelo de la drogadicción, en la cual cada vez más temprano y más jóvenes entran en su padecimiento, por falta de metas, incentivos sociales, educación, futuro y aspiraciones.
Desde la visión de los profesionales de la salud, la drogadicción es considerada una enfermedad -gran avance- pero desde el derecho es considerada un delito. Esta contradicción terminológica lleva a que las personas que consumen estupefacientes, oculten su realización -por temor a ser sancionados- y sea imposible llegar a una concientización del padecimiento en una “enfermedad” y que –bajo su consentimiento- pueden ser ayudados a desintoxicarse.

Ahora bien, según la definición de la OMS -Organización Mundial de la Salud- enfermedad es el desequilibrio de los aspectos físico, mental y social o dicho en sus palabras “salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social”. Esto nos lleva a decir, que cualquier alteración en alguno de los aspectos anteriormente citados acarrea una enfermedad.
Es indudable que hoy en día -siglo XXI- el enfermo es considerado una pobre persona, que esta pasando por un padecimiento injustificado y que seria bueno que fuera curado. Pero, esta distinción entre enfermos y “sanos” nos lleva a discriminar –inconcientemente o no- a estas personas. El enfermo, no es el normal, sino todo lo contrario, es el anormal que tiene un desequilibrio en alguno de los aspectos físicos, mentales o sociales.
Esta concepción del drogadicto como enfermo, termina “enfermándolo” más, por la alteración que sufre en el ámbito social, que termina por excluirlo de la realidad al ser considerado un anormal y por lo tanto extraño a la sociedad, dentro de la normalidad.

Sin lugar a duda es de destacar el avance que existe en la temática, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy en día se trata de redirigir la problemática hacia la salud y no hacia la delincuencia. Característica que vale la pena resaltar por ser evidente la búsqueda de otros medios para solucionarlo.
No quiero dejar de referirme a la distinción que existe entre un consumidor habitual y un consumidor esporádico. Que legalmente es considerado de la misma forma y hasta se podría decir que el adicto o consumidor habitual, tiene mayor protección que el que consume esporádicamente, al permitírsele cumplir una pena alternativa de desintoxicación en un establecimiento adecuado o medida curativa. Mientras que al consumidor esporádico –quien no manifiesta signos de adicción- se le aplica la pena por tenencia de estupefacientes, introduciéndolo en el ámbito del servicio penitenciario y apartándolo de su familia y empleo.



Logros obtenidos con la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.


La ley 23.737 en su Art. 14 pena a el que tuviera en su poder estupefacientes. Esta tipificación de un delito de simple tenencia, lleva a preguntarnos cual es la afectación a la salud pública en la tenencia o portación de una escasa cantidad de estupefaciente, que bien jurídico se ve lesionado, y si es realmente trascendente como para poner en funcionamiento el aparato estatal judicial para repeler o remediar esta -supuesta- afectación. Sin lugar a dudas, el gasto que lleva aparejado la persecución de delitos de esta índole, no tiene sustento argumentativo eficaz para contradecir la inutilidad del mecanismo. Los países como Estados Unidos -el que más invierte en la persecución de estos delitos- se ven enfrentados a una realidad incuestionable. Mientras más invierten en su abolición, más desprotegen otros ámbitos en los cuales deberían invertir, como la educación, la salud, la industria. Esto lleva al empobrecimiento o deterioro de otros aspectos más importantes que deben cuidar los Estados y subsidiariamente al deterioro de la población en su conjunto.
La penalización lleva como resultado la creación de organizaciones criminales encargadas de producir sustancias ilegales, de transportarlas y de venderlas, con una enorme impunidad por el caudal económico que manejan, libres de impuestos y de verificaciones de calidad.
Los consumidores –no obstante su prohibición- continúan consumiendo –valga la redundancia- sustancias cada vez más adulteradas, por falta de control, al ser sustancias prohibidas y extrañas a los mecanismo de fiscalización y de evaluación de calidad. Consumen estupefacientes de los cuales no se sabe el origen ni su elaboración. Desconocen los efectos nocivos y los riesgos que traen aparejados, por faltar políticas de educación al consumidor y preventivas.


Inconstitucionalidad del la penalización de la tenencia para consumo personal


El Art. 19 de la CN Argentina reza “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden o a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. El Art. 28 enuncia “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”,
Una vez asentado cuales son las libertades reconocidas por la CN Argentina, esto es, la libertad de hacer lo que se quiere, siempre y cuando no se perjudique a un tercero, se observa la contradicción entre el Art. 14 de la ley 23.737 y el Art. 19 de la CN Argentina. En donde la ley sanciona una conducta que no perjudica -sin lugar a dudas- a un tercero, el único que “sufre un perjuicio” es quien lo realiza. Se puede entender esta acción como una autolesión infringida bajo su voluntad y en donde el Estado no tiene facultad a entrometerse, como en ninguna otra actividad que no lesione a un 3ro. La salud privada, individual, es infranqueable para el Estado, y se deben respetar las decisiones de los particulares, en lo referente a su creencia y culto. Sin lugar a duda se lesiona el principio de autonomía de la voluntad reconocido constitucionalmente y el principio de lesión de un bien jurídico (¿lesividad?) para poder aplicar una pena.
Todo esto, relacionado en el ámbito de la medicina, en donde el médico no puede y no debe realizar intervención algúna a un paciente que no lo desee, por que justamente lo que transforma en atípicas las lesiones producidas por el médico con el bisturí al paciente es el consentimiento del mismo paciente, respetándose por encima de todo la autonomía de la voluntad de la persona que debe ser sometida a una tratamiento curativo.








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1 Antonio Escotado Traducción: Carlos E González. Versión original publicada en Drogas, hegemonía do cinismo
de Melo Ribeiro M. y Seibel S. Memorial, San Pablo, 1997 http://www.escohotado.org